Un operativo judicial se realizó hoy en oficinas de las empresas que administran los hoteles de la presidenta Cristina Fernández, en el marco de la causa Hotesur, ante lo cual el Gobierno denunció que el procedimiento, en Río Gallegos, fue una maniobra política del juez federal Claudio Bonadio y el PRO de Mauricio Macri.
"Van a (Río Gallegos) a allanar con la Policía Metropolitana que conduce (Mauricio) Macri. ¿No tiene (Bonadio) más gestos políticos para hacer? Faltaba que el juez fuera con los globos del PRO", ironizó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
El operativo fue para recabar información de movimientos de dinero, cuentas y depósitos, entre otras operaciones, en numerosas compañías, para cotejar con los de empresas sospechadas de, por ejemplo, lavado de dinero y que salpican a la familia presidencial.
Fernández sostuvo por radio 10 que la diligencia en la inmobiliaria del sur en la que tiene sus oficinas Máximo Kirchner, hijo de la Presidenta, "es un espanto" porque se lleva a cabo "justo días antes de una elección". A su criterio, el procedimiento persigue "tratar de ver si le sacan algún tipo de ventaja a este tipo de situaciones".
Fernández reaccionó así ante la noticia de que Bonadio, que interviene en la causa, ordenó estas diligencias.
Según se supo en Río Gallegos, donde la presidenta Fernández estaba para festejar el cumpleaños de su nieto (el hijo de Máximo), oficiales de Justicia aparecieron esta mañana con una orden de presentación en las oficinas de la empresa Idea SA y Valle Mitre, que administran los hoteles de la mandataria y funcionan en la inmobiliaria "Sancho, Sanfelice y Asociados" de esa ciudad.
En esa inmobiliaria trabaja Máximo, propietario junto a su hermana Florencia del 49 por ciento de Hotesur SA.
Según se indicó, Bonadio intentará dilucidar en la investigación una presunta maniobra de lavado de dinero que involucraría también al empresario kirchnerista Lázaro Báez.
Por ello se decidió requerir información a las empresas constructoras ligadas a Báez como Austral Construcciones, Loscalzo y Delcurto y Kank y Costilla, entre otras. Y además se pidió material a los bancos HSBC, Nación y Santa Cruz, así como a las empresas hoteleras Hotel Alto Calafate, Hostería Las Dunas, La Aldea y Los Sauces.
Los funcionarios se presentaron al mediodía en la sede central del Banco Santa Cruz, en Av. Kirchner y Errazuriz, donde fueron atendidos por asesores letrados de la entidad y, se preveía lo mismo en las sedes de los otros bancos.
Se destacó que a la localidad de El Calafate fueron efectivos de la Policía Metropolitana (de la Ciudad de Buenos Aires). Los policías estuvieron en el hotel Los Sauces, próximo a la casa particular de la Presidenta.
Según el portal de noticias Ahora Calafate, los efectivos de la Metropolitana fueron recibidos por la fiscal provincial, Natalia Mercado, sobrina de la Presidenta e hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, e ingresaron al hotel para presentar el pedido de información firmado por Bonadio.
Técnicamente el trámite se llama "órdenes de presentación". Tras el cotejo de esta información, si se descubre que hubo ocultamiento de datos o reticencia a entregarlos podrían ordenarse los allanamientos propiamente dichos.
Hotesur es la empresa que administra los hoteles que la familia presidencial tiene en el sur del país y Bonadio investiga si la compañía cometió irregularidades en la presentación de sus balances y lavado de dinero en el alquiler de las habitaciones a compañías de Báez.
En octubre pasado Bonadio allanó la sede jurídica de Hotesur en Buenos Aires, que estaba vacía, y le pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) documentación sobre los balances de la empresa y declaraciones juradas.
Romina Mercado, sobrina de la jefa de Estado e hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, es la presidenta de Hotesur y mediante sus abogados pidió el apartamiento de Bonadio y que la causa pase a los tribunales del sur.
"Hace meses que están dando vueltas arriba del mismo expediente, no hay nada", analizó Aníbal, a la vez precandidato a gobernador bonaerense.
Afirmó que "son medidas inconducentes pues lo mismo se podía hacer mediante un oficio" y aseveró que el operativo "es una animadversión específica contra la persona de Máximo Kirchner y específicamente contra la Presidenta".
"Por qué durante tantos meses (Bonadio) no hizo absolutamente nada y lo hace días antes de la elección?", se quejó y, tras vaticinar que luego del operativo "no va a pasar nada", añadió: "Lo que va a generar es una explosión (mediática) hacia afuera que parece ser lo que se persigue, es una locura".