Médicos, enfermeros y otros auxiliares de la medicina de hospitales públicos y centros de salud sufren frecuentemente agresiones (verbales y físicas), que parten de familiares de pacientes e inclusive de las mismas personas asistidas.
Insultos, amenazas, actitudes prepotentes, empujones, golpes y hasta puntazos con elementos cortantes, son las formas de ataque que padecen profesionales de la sanidad cuando cumplen con sus funciones en hospitales u otros efectores.
La Organización Mundial de la Salud (OSM) define la violencia en el trabajo como “aquellos incidentes en los que la persona es objeto de malos tratos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo, incluyendo el trayecto entre el domicilio y el área de desarrollo laboral, con la implicación de que se amenace explícita o implícitamente su seguridad, bienestar o salud”.
En el pasado, inclusive, se han producido episodios de máxima tensión en torno al abnegado personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyas ambulancias e integrantes de la dotación (médico, auxiliar y chofer) han sido atacados a piedrazos al concurrir a cubrir determinados servicios en barrios del Gran Mendoza. Lo mismo ocurre a integrantes de los cuerpos de bomberos voluntarios departamentales, en especial estos últimos al intervenir en vehículos siniestrados con sus ocupantes en el interior de las cabinas.
Un despropósito a todas luces incomprensible, irracional, y más cuando pensamos que esos irascibles atacantes pueden alguna vez demandar asistencia para sí o sus parientes de los servicios de atención médica estatales.
La semana pasada este tipo de noticias se repitió a partir de la denuncia de profesionales del sistema de guardia del hospital pediátrico Humberto J. Notti, víctimas de malos tratos por parte de los progenitores de sus pequeños pacientes, y también se produjo en el hospital Scaravelli, de Tunuyán.
¿Quiénes cuidan a los que cuidan?, sostenía el comunicado de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS), al hacerse eco de esta realidad como la entidad que siempre reacciona y sale a defender a sus afiliados y a los que no lo son, cuando se producen estos penosos casos: “Desde hace casi dos años hemos venido tratando de reunir a los distintos actores, pero sólo el Ministerio de Seguridad de la Provincia se ha acercado con disponibilidad para buscar respuestas a este flagelo”, sostenía la asociación.
Las carteras de Seguridad y Salud, los intendentes, los directores de hospitales y centros de salud y las entidades gremiales respectivas, deben insistir en armonizar un protocolo de crisis para que los efectores e integrantes de la cadena sanitaria -profesionales afectados, personal de seguridad, policía, auxiliares, jefes de servicio, directivos y oficinas fiscales- puedan actuar ante situaciones de violencia, que están prácticamente naturalizadas.
Debe hacerse cumplir con las leyes penales que existen al respecto, como la aplicación del Código Contravencional; insistir en la incorporación de tecnologías de comunicación al servicio de la seguridad, tales como el botón antipánico, cámaras monitoreadas y aplicaciones en celulares.
Fuera de duda está la abnegación que emplean los médicos y enfermeros, hombres y mujeres, en el cumplimiento de sus tareas. Lo mismo vale para otros integrantes de las organizaciones oficiales de la salud pública. No se merecen el daño físico que eventualmente puedan sufrir por la repetición de acciones como las narradas ni las consecuencias del estrés postraumático que dejan estos insensatos ataques.
En la medida de lo posible, cuando se pueden instruir procesos con todos los requisitos formales de la ley, estas agresiones deberían terminar en los juzgados y con sus responsables condenados.
