Quienes frecuentan los despachos de los tribunales federales de Comodoro Py coinciden en que la llamada "causa de los cuadernos" entró en tiempo de descuento: el juez Claudio Bonadio no demoraría mucho más en dictar los procesamientos de la gran mayoría de los imputados.
La repercusión política es obvia: en el caso de Cristina Fernández, habría procesamiento, posiblemente acompañado por una orden de prisión preventiva. Los fueros parlamentarios de la senadora nacional permitirían que la ex presidenta pueda estar en libertad.
Cristina Fernández, en distintas oportunidades, ha dicho que es objeto de "una persecución política".
Según La Nación, diario cuya investigación dio inicio a la causa, el fiscal Carlos Stornelli está definiendo una nueva lista de empresarios y ex funcionarios, para ser citados próximamente a indagatoria.
El juez Bonadio no puede demorar más pronunciarse sobre la situación procesal de los más de sesenta imputados que acumula la causa. Esto es, dictar su sobreseimiento, falta de mérito o procesamiento.
El 3 de setiembre pasado, Cristina Fernández fue indagada por segunda vez en la causa de los cuadernos. Para fin de mes, en tanto, Bonadio citó a los diputados nacionales del Frente para la Victoria, José Larroque y Wado de Pedro, ambos dirigentes de la agrupación La Cámpora.
En esa segunda indagatoria, Cristina Fernández presentó un escrito en el que le anticipó a Bonadio que va a “accionar legalmente” en su contra. En el mismo escrito, apuntó que el juez “no convoca a prestar a los dueños de las empresas más importantes del país”, apuntando también al presidente Mauricio Macri, quien hasta el 2006 “se encontraba al frente del grupo empresario familiar, el cual según los dichos de algún 'arrepentido' también habría formado parte de la cartelización de la obra pública”.
La causa se inició con unos cuadernos atribuidos a Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, funcionario que acompañara a Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal.
Para el juez y el fiscal, hubo una asociación ilícita, encabezada por Cristina Fernández y Néstor Kirchner, que recaudaba dinero a empresarios vinculados a contratos del Estado.
Carlos Wagner y Juan Chediak (ex presidentes de la Cámara Argentina de la Construcción), Angelo Calcaterra (ex dueño de IECSA y primo del presidente), Francisco Valenti (director de Industrias Pescarmona), Gerardo Ferreyra (cabeza de Electroingeniería), Aldo Roggio (del grupo homónimo) son algunos de los importantes empresarios que figuran en el expediente. De los nombrados, solo Ferreyra no pidió enmarcarse en la figura del "imputado colaborador" y permanece con prisión preventiva.
También en relación a la causa, ayer el juez Bonadio rechazó el pedido de prisión domiciliaria de los empresarios Néstor Otero y Sergio Taselli. Sobre Otero, de 79 años, empresario que tiene la concesión de la terminal de Retiro, y quien esgrimió razones de salud y de edad para dejar la prisión, el juez dijo que puede seguir los tratamientos en el complejo penitenciario de Marcos Paz, donde está alojado. Existe “riesgo de fuga”, argumentó el juez.
“La organización delictiva en la que se encuentra Otero, sumado al poderío económico con el que cuenta cada uno de los integrantes de ese grupo, permiten sostener una clara posibilidad de entorpecer la investigación y así lograr evadir la acción de la Justicia”, agregó el juez.
