Camino al quinto mes de sancionada la ley 8.545 que lo conforma, el fideicomiso que por convenio con la Provincia debe administrar el banco Nación para rehabilitar a unos 70 productores mendocinos inhibidos por una deuda global cercana a $ 20 millones no sólo no está en marcha sino que pone en riesgo nuevamente a los afectados y sus propiedades.
Una condición es que cada afectado firmara un convenio de reconocimiento, pero el problema está en la intermediación: al menos 17 de ellos denuncian abusos de abogados-gestores, por su pretensión de cobrar honorarios que, en algunos casos, equivalen o superan la mora en gestión.
Así, de ser una solución en ciernes, el fideicomiso Financiero de Administración y Garantía "Volver a Producir-Refinanciamiento del Sector Productivo de la Provincia de Mendoza" puede volverse un conflicto en sí mismo. Es que, al mismo tiempo, la entidad bancaria se niega a administrarlo en tanto no se incorpore la totalidad de las carpetas, previa firma de convenios de deuda; algo que a su vez los productores se niegan a hacer en tanto y en cuanto se regularice la situación que involucra un pasivo cercano a $ 4 millones del total de $ 20 millones.
Por ahora, la Sociedad Rural del Valle de Uco asumió la voz cantante. Hoy sus representantes irán a la Legislatura para hacerse oír, y esperan una respuesta del Ejecutivo provincial, luego de la promesa oficial de iniciar gestiones ante el mismo titular de la entidad, Juan Carlos Fábrega.
"Los productores creemos que el cluster jurídico del Banco de la Nación Argentina puede más que el Gobierno de Mendoza, más que los legisladores que hicieron la ley y los productores, en lugar de ser beneficiados, después de una década de pelear una salida estamos en foja cero", afirma Mario Leiva, titular de la Sociedad Rural de Valle de Uco.
Intimaciones y marco legal
Desde la cámara agropecuaria apuntan a los integrantes de un estudio de abogados que en 2008 fue procesado por el juez Bento por participar de un remate de campos "a precio vil" al frente del área Legal del banco, como uno de los responsables de administrar casos tercerizados por el Nación, y a la "coacción de gerentes y funcionarios". Algunos productores aseguran ser intimados telefónicamente para firmar, y hasta sobrevuelan sospechas de connivencia entre estudios jurídicos y directivos.
El "Volver a Producir" está así en el centro de un círculo vicioso. Por un lado, el banco Nación se niega a constituirlo sin la totalidad de las carpetas (pese a las intimaciones descriptas), y por otro, los afectados se niegan a firmar el reconocimiento de sus pasivos puesto que implica quedar a merced del mencionado grupo de abogados sindicado como responsable de querer cobrar montos superiores al permitido por ley.
Según Leiva, "algunos, por miedo a perder todo, han salido a vender camionetas y otros bienes para honrar deudas, una situación inédita en donde el banco Nación no respeta la ley provincial 8.545 y pone impedimentos. Frente a una pyme de abogados que actúa como ?mafia jurídica' apretando productores, lo menos importante es la deuda". De ahí que la Sociedad Rural del Valle de Uco arenga a denunciar casos similares para revertirlos.
Cabe destacar que la norma que se remonta a 2009 y fue sancionada el pasado 17 de abril declara como objeto "el recupero del importe de los créditos cedidos con fondos genuinos provenientes de la actividad productiva del sector y no con la ejecución de garantías reales que pongan fin a la labor productiva".
Desde la comisión ad-hoc que analiza las carpetas en condiciones de ser transferidas (hay al menos 40 sin observaciones), luego de haberle dado participación incluso a la Fiscalía de Estado, admiten "diferencias de criterio" en la liquidación de honorarios, el quid de la cuestión. Y que, más allá de un pedido de actualización, la pretensión supera el 25% de la base regulatoria permitida por ley, esto es, saldo contable del pasivo más la comisión resarcitoria.
Por un "encapsulamiento"
"No podemos permitir que eso ocurra porque defendemos los intereses de la Provincia y tutelamos los de los productores. La ley fija el procedimiento de liquidación, y en caso de desacuerdo el profesional debe reclamar a su cliente, que para el caso es el banco Nación", explicó la asesora legal del Ministerio de Agroindustria, Mariela Castillo.
Desde la cartera aseguran haber iniciado ya gestiones con el presidente de la entidad, Juan Carlos Fábrega y aseguran que la estrategia es lograr un "encapsulamiento": aislar los casos más complicados de los 40 habilitados para así arrancar con el fideicomiso. De acuerdo al titular de la cartera, Marcelo Barg, "estamos negociando con las distintas áreas del banco y a la espera de una respuesta antes de este fin de semana".
Para la Sociedad Rural del Valle la situación es insostenible. Y advierten que sin novedades pronto, no descartan iniciarán acciones legales contra el Nación.
