El último gobernador imputado. Un intendente detenido. La política mendocina está dominada en estos días por noticias judiciales; hace protagonistas a los fiscales y a la vez nos muestra el final del pozo en el que venimos cayendo desde hace años.
Los casos del ex gobernador Francisco Pérez y del santarrosino Sergio Salgado, tienen muchos puntos en común. No judiciales, pero sí políticos.
Ambos son una suerte de outsiders del peronismo, militantes guachos sin un sector que los reconozca. Por eso no se escuchan voces de “compañeros” que los defiendan, aunque todo lo que ocurra con ellos termina golpeando más a un partido que viene de sufrir paliza tras paliza.
Tanto Pérez como Salgado estuvieron en el lugar indicado y en el momento apropiado para llegar adonde llegaron. Sólo así puede explicarse su momentáneo fulgor. Sus gestiones, también coincidentemente, terminaron con grandes descalabros financieros, sueldos atrasados y proveedores sin cobrar.
En su historia política, los dos también supieron hacerse de un enemigo visceral que terminó siendo su verdugo.
El ex gobernador tuvo en Alfredo Cornejo a su contrafigura política. Como una burla del destino, su odiado archirrival se convirtió en su sucesor y, en alguna medida, el propiciador de su derrotero judicial.
El ahora ex intendente de Santa Rosa ganó protagonismo hace una década, cuando era concejal, como el denunciante de su antecesor, el demócrata Antonio Ponce.
Ponce, desde hace algunos años concejal, le devolvió las gentilezas y con sus denuncias por una oscura operación con cheques sin fondos y una playa de estacionamiento en La Salada, logró ponerlo tras las rejas.
El milagro santarrosino
Salgado fue electo intendente de Santa Rosa tres veces y pocos se explican cómo lo logró. Desde antes de cumplir el primer año de mandato mantiene una puja escandalosa con el Concejo Deliberante.
Nunca consiguió que los concejales del peronismo, en su mayoría divididos en sectores que le eran ajenos, le respondieran completamente. Tal vez eso explique que siempre estuvo cerca del gobernador de turno.
Primero fue jaquista y luego paquista. Incluso fue cornejista un par de meses, cuando el Gobierno provincial le tendió una mano en diciembre y enero para apagar el incendió que provocó.
Pero todo cambió en los últimos días: acusó a Cornejo de acorralarlo y, en definitiva, estar detrás del fiscal Santiago Garay, que lo mandó preso.
Su estadía en la intendencia incluyó una destitución temporal en 2008 que pudo superar gracias a la influencia del gobierno de Celso Jaque en la Suprema Corte.
Salgado convirtió al municipio en una bolsa de empleo: tiene más personal que Godoy Cruz y la misma cantidad que San Rafael. A muchos les paga contratos de 1.000 pesos, casi un plan social.
Desde la cárcel renunció a poco de iniciar su tercer período y lo remplazará provisoriamente una concejal cornejista, Norma Trigo, que, a primera vista, pareció ir contra la decisión de su jefe político al aceptar.
Cornejo quería que el peronismo se hiciera cargo de lo que generó y para eso pedía a Trigo que renunciara a la presidencia del Concejo Deliberante para que el vice, peronista, asumiera.
Pero en el PJ santarrosino nadie se animaba a agarrar la brasa porque el “escándalo Salgado” puede salpicar a otros, incluido al que debía asumir si Trigo renunciaba.
La formalidad del poder
Pérez fue gobernador cuatro años y su poder siempre fue formal. Debió pactar con su vice, Carlos Ciurca, y los intendentes del peronismo para lograr apoyo político y legislativo.
La imputación que hoy pesa sobre él es en parte por su gestión como ministro, su cargo previo.
A ese lugar llegó, cuenta la leyenda peronista, porque Jaque, ya electo y a poco de asumir, no tenía a quién poner en Infraestructura.
Abogado de familia, claramente no tenía antecedentes para hacerse cargo de las obras ni el transporte, pero era parte de un estudio de abogados que trabajaba para las mineras y ése podía ser un buen vínculo.
Ambicioso y con deseos de protagonizar, Pérez aceptó y, a los dos meses de asumir, aquella razón para nombrarlo se confirmaba: su ministerio sumó la subsecretaría de Minería, Hidrocarburos y Energía, que dependía antes de Producción.
Así llegó a la firma de la extensión por diez años de la concesión del yacimiento Chañares Herrados y otros, aunque los que conocen la dinámica interna de aquel gobierno saben que no fue una decisión de Pérez, por más que tenga su firma.
En aquellos años, todo lo que se hacía se decidía en el cuarto piso de Casa de Gobierno, y más en la oficina del secretario general, Alejandro Cazabán, que en la del propio Jaque. A Pérez lo usaron o bien se prestó a ese juego con tal de participar aunque fuera desde un rincón.
Pero la otra parte de la acusación habla del control de las inversiones y una evasión del pago del impuesto a los Sellos cuando la petrolera Chañares Herrados cambió de dueño. Esto corresponde ya a su mandato como gobernador.
A diferencia de la semana anterior, cuando la UCR salió a denunciarlo por la compra de un departamento a una contratista del Estado, esta vez Pérez optó por el silencio. Habló con Los Andes cuando se conoció la imputación y luego calló.
Quienes lo frecuentan dice que ve una conspiración y obviamente involucra a Cornejo. Los enconos del ex gobernador no han cambiado.
Lo cierto es que antes de que se conociera la imputación a Pérez, una petrolera del grupo Vila y Manzano ya se interesaba por el futuro del área Chañares Herrados, como publicó este diario el jueves. Tal vez sea sólo una casualidad.
También puede ser casualidad que, hace un par de semanas, vieron salir de la oficina del fiscal Bancalari al subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, un abogado cercano a Vila.
Fuentes del sector petrolero suman una tercera coincidencia: dicen que Medanito, la dueña de Chañares Herrados, intenta colocar un bono en el mercado internacional y las noticias de los últimos días claramente se lo dificultan. Más leña al fuego.
Otras fuentes aclararon que no es tan fácil el trámite para quitar una concesión. De hacerlo, en algún momento habrá que licitar y allí la empresa de Vila y Manzano no tiene ninguna chance ante las “grandes”.
Salvo claro que se saltee ese “trámite” y se le asigne directamente como parece pretenderlo, con el argumento de que así no se dejará de producir, o bien que termine quedándose con la sociedad dueña del yacimiento.
