En su reciente discurso ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Francisco Pérez hizo una extensa enumeración de logros de gestión que en algunos casos sirvieron para destacar obras o emprendimientos que la provincia necesita y que por distintos aspectos venían quedando relegados. Si bien hubo reiteración de anuncios ya formulados, la concreción de Los Blancos durante este año sería un significativo paso adelante.
Fue muy valioso el criterio por él expuesto sobre el rol de la Justicia. La defensa del accionar judicial y de la vigencia de su independencia en la vida institucional de Mendoza son elogiables, en mayor medida cuando el Gobierno nacional, al que Francisco Pérez rinde culto de fidelidad periódicamente, lleva a cabo en estos momentos una embestida sin precedentes que puede hacer tambalear los cimientos institucionales básicos de la Argentina.
Sin embargo, los aspectos salientes de la alocución giraron en torno a la insistente estrategia de la reforma constitucional local y a los supuestos beneficios que arroja para la provincia la pertenencia irrestricta al modelo político kirchnerista. Fue aquí cuando Pérez ingresó en un campo de contradicciones.
En el discurso se tildó de hipócritas a los representantes de las principales agrupaciones políticas de la oposición por el hecho de no haber brindado su acuerdo para viabilizar la reforma de la Constitución provincial, que tanto desvela al entorno del Gobernador, y por negarse a que dicha reforma sea “a la mendocina”, respetando “nuestra historia y tradiciones”.
Sin embargo, el método provinciano al que alude, muy lejos se encuentra del estilo desafiante al que recurrió desde su sitial para recriminar una legítima divergencia política de los demás partidos.
Tiene razón Pérez cuando sostiene que muchos de los que no le dan vía libre al proyecto reformista, que busca incorporar una sola reelección para todos los cargos electivos, se encuentran aferrados a sus puestos desde hace varios períodos. Pero lo que no se admite es que gran parte de dicha negativa surge por la sospecha de que la prioridad es la reelección del actual mandatario. Reglas claras de juego se implementarían si la declinación a otra reelección de aquellos que llevan mucho tiempo en la función pública fuese de la mano, a su vez, de un renunciamiento del actual gobernador y su vice a ser los primeros en beneficiarse con la posibilidad de una reelección.
El mismo día de la Asamblea en Mendoza, el gobernador de Santa Fe también inauguró con su discurso el año legislativo de aquella provincia. Con similar propósito reformista, marcó no obstante una diferencia que lo enaltece: dijo que en caso de concretarse la enmienda constitucional la primera posibilidad de reelección de ninguna manera sería para él. Dejó en claro que la discusión por la Carta Magna se debía producir una vez finalizado el proceso electoral de este año.
Tampoco es propio del particular estilo político “a la mendocina” al que se alude, el irrestricto encolumnamiento a las directivas nacionales. Es de dudosa comprobación que a Mendoza le haya ido o le vaya ahora mejor teniendo una total pertenencia al modelo oficial vigente.
El Gobernador parece confundir buena relación con la Nación, como aludió el miércoles, a obediencia forzada por las circunstancias. Dos cosas muy diferentes que sólo son susceptibles de ser confundidas cuando el centralismo del modelo nacional impide expresar la más mínima disidencia a quienes deben, en primer lugar, ser custodios de la autonomía de sus provincias.
