Este lunes amaneció con la noticia de un nuevo caso de femicidio en General Alvear, el cual incrementa las estadísticas de hijos de mujeres asesinadas.
En casi seis años, y con el caso de hoy, ya son 86 hijos los que perdieron a su mamá en un femicidio en Mendoza. Son hijos de las 39 mujeres asesinadas, generalmente con mucha saña, en un marco de violencia de género. En la mayoría de los casos el hecho fue llevado a cabo por parejas o ex parejas. Para los hijos, otro drama, ya que suele ser su padre. Hasta el domingo, 59 eran menores de 18 años al momento del hecho y 24 mayores de esa edad.
A veces han sido testigos inocentes del macabro momento, incluso de reiteradas violencias previas, de las que quizás también fueron víctimas directas o indirectas. Han visto el cuerpo de su madre ensangrentado, herido, inerte. Otros simplemente recibieron la noticia de que esos brazos ya no estarían para ellos porque alguien decidió arrebatárselos.
La ley 20.791 que introdujo la figura de femicidio como agravante en el país fue sancionada en noviembre de 2012. Estos asesinatos se produjeron desde entonces en la provincia. Los que sucedieron antes, eran menos visibles, atenuados bajo otras miradas y otras figuras jurídicas.
La Casa del Encuentro elaboró un informe para diario Los Andes con el seguimiento de casos desde la sanción de la ley hasta marzo de este año a los que luego se sumaron los más recientes.
Entre los más resonantes aparece, por ejemplo, el de Julieta González (21), asesinada a golpes por su pareja, y cuyo cuerpo apareció en Cacheuta. Tenía entonces un hijo de 3 años.
O el de Mariana Suárez Pallers (34 años), quien tenía ocho hijos, todos menores. Justamente uno de ellos vio el ataque a balazos que recibió su madre el 11 de noviembre de 2016 en su casa del barrio Democracia de Las Heras. "El papá mató a la mamá", le dijo a su abuelo paterno cuando fue a la casa de él a buscar ayuda.
También el de Ayelén Arroyo (19), que fue degollada por su padre –quien la abusaba– y tenía una niña de 18 meses.
Hay casos en los que el asesino también se cobra otras vidas, como las madres de su víctima primaria o incluso los hijos.
El último hecho que sacudió a la provincia ocurrió el domingo pasado: Ivana Milio (46) fue asesinada por su pareja, quien está detenido. Fue con tal saña que tenía rotos casi todos los huesos del rostro y hasta una especie de agujero hecho con la punta de un televisor. Su hija de 13 años fue la primera que ingresó a la casa y se encontró con el escenario. Además tenía otros dos hijos, de 22 y 24 años.
Guadalupe (es un nombre ficticio) tiene 7 años. Hace ya algunos que su papá mató a su mamá. Después de eso su abuela paterna decidió quedarse con ella sin consultar a la familia materna, algo que recién hace un par de meses se resolvió a medias.
Actualmente vive algunos días de la semana con unos y otros con los demás, según determinó la Justicia.
Su abuela paterna decidió de manera inconsulta todo sobre ella. Entre esas cuestiones, la cambió de colegio y la niña perdió a sus compañeros. “Es buena alumna, tiene todo 10 en la libreta”, comenta su abuela materna quien lucha por tenerla.
Contó que cada tanto tiene crisis de llanto, gritos y angustia. Dijo que además recibe mensajes manipulados por parte de la otra familia.
Impacto inevitable
Para estos chicos, víctimas del asesinato de sus madres, habrá heridas e imágenes imborrables pero además, la pérdida de su mamá suele ser la primera de otras pérdidas. Muchos además pierden a su papá si es quien perpetró el hecho: porque se suicida o porque termina preso.
Quienes se encuentran vinculados al abordaje de estos casos aseguran que el impacto es muy fuerte y que la atención debe ser integral. Sin embrago esto no siempre sucede. Puede afectar la salud psíquica y física de los hijos, sus relaciones con el entorno, su desempeño académico entre otras cosas.
Lo más común es que los niños deban ir a vivir con alguien distinto, lo que implica adaptarse a una nueva realidad que tiene alcances en diferentes áreas de la vida. Pérdida sobre pérdida.
Lo probable es que deban cambiarse de barrio, de escuela, de compañeros, de maestra, ese entorno en el que se sentían cómodos, donde tenían afecto y que podría funcionar como contención.
Pero, además, si son muchos hermanos también suele suceder que dejen de vivir juntos.
"Si la familia tiene pocos recursos y son varios hermanitos se los termina separando; hay muchas mamás que tienen nueve o diez hijos y es imposible que una familia pueda hacerse cargo de todos esos niños", detalló Ada Rico, presidenta de la Casa del Encuentro.
“Todos te dicen lo mismo, que cómo hacen para ocuparse si no tienen los recursos económicos para las necesidades básicas, ni hablar de una terapia (psicológica)”, subrayó, y mencionó que esto –que ante un cimbronazo de este calibre parece un acompañamiento necesario– no siempre se les garantiza.
El Órgano Administrativo Local (OAL) es el área de gobierno que se encarga de dar asistencia y contención a los niños y allegados que quedan en situación de vulnerabilidad. No sucede cuando el padre está en condiciones de hacerse cargo de los niños, claramente cuando no ha sido el victimario.
"Evaluamos el entorno familiar para saber si pueden contener la situación o si está el papá saber si el chico quiere o no ir con él", detalló su titular, Daniela Torres.
Comentó que las respuestas que se dan son diversas y dependen de la situación y los recursos con los que cuente el niño.
“Se trata es asesorar a los adultos para que sepan cómo proceder. A veces son los familiares lo que reciben asistencia psicológica para transferirla al chico. No necesariamente que el chico haga terapia le va a venir bien”, detalló.
Señaló también que algunos ya vienen con tratamiento psicológico, que en ocasiones puede ser por problemas de violencia en el contexto. Generalmente los colegios detectan cuestiones actitudinales y de convivencia intrafamiliar porque los chicos expresan cansancio o angustia.
El doloroso 2016
La mayoría de las mujeres asesinadas son jóvenes, por lo que suelen tener hijos pequeños y entre los mayores, en general suelen superar mínimamente los 18 años, aunque la situación los empuja a hacerse cargo de sus hermanos, negocios o dejar los estudios para trabajar.
En 2013 fueron asesinadas dos mujeres, quienes tenían entre las dos 2 hijos menores y 3 mayores. En 2014 fueron 5: 6 menores y 5 mayores quedaron sin mamá. En 2015 fueron 3 y el saldo, 5 hijos menores y 5 mayores sufrieron esta pérdida. Este fue el año en que surgió con fuerza el movimiento Ni Una Menos que copó las calles.
Pero 2016 fue sin dudas el más dramático hasta ahora: la peor muestra de la violencia de género se llevó la vida de 14 madres y la mayoría tenía hijos pequeños. Entre todas dejaron 31 niños menores y 3 mayores.
En 2017 hubo 5 femicidios, sus hijos eran 8 menores, 2 mayores y 4 de los que se desconoce la edad. Este 2018 ya cuenta con 9 casos: 7 menores y 5 mayores quedaron sin mamá.
La figura legal
La ley 26.791 incorporó el agravante por violencia de género en caso de homicidio. Fue sancionada el 14 de noviembre de 2012 y reformó el artículo 80 del Código Penal. Esta norma amplió la figura del homicidio calificado por el vínculo (inciso 1°) y el catálogo de crímenes de odio (inciso 4°). Además, incorporó las figuras de femicidio (inciso 11°) y "femicidio vinculado" (inciso 12°). De acuerdo con lo que estipula el artículo en cuestión se impondrá prisión o reclusión perpetua a quienes cometan estos crímenes. "Hasta ese momento para que existise el agravante tenía que existir un vínculo legal", explicó Ada Rico, de la Casa del Encuentro.
Ley "Brisa"
La ley 27.452 de Régimen de Reparación Económica, más conocida como "ley Brisa", apunta a atenuar algo el impacto en la vida de los niños que quedaron sin su mamá por un femicidio. Otorgará una reparación económica mensual equivalente a una jubilación mínima a estos chicos, hoy en torno a los 8.600 pesos mensuales.
Fue aprobada por el Congreso el 4 de julio último y reglamentada los primeros días de octubre.
Serán beneficiarios los menores de 21 años, de manera vitalicia y recibirán además una cobertura de salud integral lo que asegura tratamiento psicológico. El texto detalla que está dirigida a “niñas, niños y adolescentes, cuyo progenitor y/o progenitor afín haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio de su progenitora”. Se tramitará ante el Instituto Nacional de las Mujeres.
Diferentes organismos consultados aseguraron que habrá que esperar hasta la semana que viene para tener más detalles, cuando se “bajará” más información sobre cómo gestionarla a las provincias. Hay diferentes interpretaciones: algunos sostienen que será para todos, otros que será sólo para quienes hayan tenido a su papá o progenitor afín involucrado. También incluye a mayores que tengan alguna discapacidad.
