La jueza de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, promovió una acción de amparo contra el Estado nacional para mantener su cargo en el Máximo Tribunal de la Nación después de los 75 años, según revelaron fuentes judiciales.
El juez federal en lo contencioso administrativo, Enrique Lavié Pico, fijó un plazo de cinco días para que el Estado nacional brinde un informe ante el amparo presentado por la ministra de la Corte para evitar tener que retirarse a los 75 años, edad que cumplirá el 7 de diciembre de 2017.
Highton cuestionó la validez de la norma constitucional que impone aquella obligación a los magistrados al llegar a esa edad.
Lavié Pico ordenó el oficio para que el Estado “en el término de cinco días”, informe “acerca de las circunstancias de hecho y de derecho que hacen a la acción intentada, debiendo acompañarse copia del escrito de inicio, de sus ampliaciones y de la totalidad de la documentación adjuntada”, por la jueza.
Además, a pedido de los abogados de Highton, el juez dispuso que las actuaciones se tramiten como “reservadas”, lo que significa que al expediente sólo podrán tener acceso las partes.
El antecedente a nivel Corte Suprema de la Nación es el caso del recientemente fallecido ex ministro Carlos Santiago Fayt, quien permaneció en el máximo tribunal hasta los 97 años de edad y se retiró tras haber presentado su renuncia, que se hizo efectiva el 11 de diciembre de 2015.
En la causa de Fayt, la Justicia en lo contencioso administrativo consideró que, cuando en 1994 se reformó la Constitución Nacional y se impuso el límite etario de 75 años, los constituyentes se excedieron en su mandato, porque esa cuestión no había sido predeterminada por el Congreso.
Fayt también había invocado sus derechos “adquiridos”, porque juró como juez en 1983, varios años antes de la reforma constitucional.
