“Algunos pagos se están destrabando, pero vamos a continuar con la merienda restringida hasta fin de mes. Sólo si se mantiene la regularidad vamos a poder volver a ofrecer la ración completa”, confesó anoche uno de los 80 proveedores del Estado provincial -sobre un total de 230- que han restringido el servicio por atrasos en las cancelaciones del Estado.
No obstante, no se mostró muy optimista de que esto se vaya a mantener porque “desde la semana entrante el Gobierno comenzará a juntar la plata de los sueldos públicos y eso suele hacer que se olvide de los proveedores”.
La restricción significa eliminar la leche y el queso del alimento escolar y sustituirlos por yerbeado en las meriendas y espaciar o suprimir la carne vacuna y el pollo en las viandas para almuerzo.
El servicio habitual abarca mil colegios que reciben cerca de 250 mil raciones diarias, aunque el recorte sólo afecta a una parte de ellas.
"Nuestros proveedores de lácteos y carnes nos están exigiendo pagos al contado imposibles de hacer porque el Estado nos paga a 90 y 120 días", remarcó un segundo representante del sector. "No les vamos a sacar presión", asegura. Reconoce que el reclamo tiene por finalidad disminuir lo más posible la deuda del gobierno de Francisco Pérez "ya que la gestión radical entrante nos ha dicho muy claro que ellos se van a hacer cargo de pagar puntualmente desde marzo (2016) en adelante. Lo que quede para atrás lo refinanciarán y pagarán con un bono o como puedan". Al menos dos proveedores afirman haber mantenido encuentros con el presidente de la UCR, Sergio Pinto.
Tuvieron lugar luego de que -hace dos semanas- el sector se reunió en la sede de la Asociación de Panaderos y aprobó avanzar con los reclamos y las restricciones.
Hacienda dispuso ayer el pago de fondos nacionales destinados a las escuelas correspondientes a junio y 'sacó' los expedientes con fondos provinciales para una veintena de proveedores con acreencias desde mayo.
“En este momento, las deudas más importantes son junio y julio y ahora están entrando los expedientes de agosto. O sea que habrá una reactivación del pago, con una continuidad de mayor frecuencia”, dijo Noemí Massollo, directora de Promoción de Derechos y Alimentación. En tanto, el subsecretario de Desarrollo Social, Rafael Moyano, negó que se haya cortado la cadena de pago. “No desconocemos la deuda pero no es de 80 millones, como afirman. La registrada no llega a los 30 millones de pesos”, remarcó. Aseguró que “vamos a sustituir con otros proveedores a los que no cumplan con el servicio acordado”.
Según confirmaron en el sector “hasta el momento no hubo ningún remplazo”. El proveedor de meriendas, Rubén Yatser, remarcó que “este año tenemos buscar los insumos de contado porque nos dicen que hay un gobierno en fuga”. Para Rubén Bruno, “el gobierno adeuda junio, julio, agosto y lo que va de setiembre, es decir 50 millones de mercadería entregada”. Y Rodolfo Marini se queja porque “es desgastante peregrinar continuamente a la Casa de Gobierno”.
