La estrategia sanitaria frente al ataque del COVID-19 ha sido la de la cuarentena, para que las personas se queden en sus casas y eviten el contacto con otros a fin de evitar contagios. Incluso, no se permiten las visitas de familiares o entre amigos. Para quienes deben salir, se aconseja la distancia social de 1,5 metros entre cada persona. La idea, ante un virus desconocido, es suavizar la curva de contagios para evitar que colapsen los servicios médicos.
Ante un virus desconocido, la mejor estrategia ha sido la descripta. Los mensajes oficiales son que, ante la falta de una medicación específica, la mejor vacuna es quedarse en casa. Y en este sentido, frente a las experiencias vividas en otros países, parece lo más razonable, no para evitar los contagios, sino para que se produzcan más despacio.
La estrategia sanitaria se ha considerado correcta, pero esta estrategia trajo consigo la imposibilidad de las empresas de trabajar, de los comercios de abrir sus puertas y con ello se ha generado una parálisis de la economía, que también afecta al Estado por la caída de las ventas. El cierre del mundo también está complicando las exportaciones.
Así como el Estado está presente para atender la emergencia sanitaria, debería estar para asistir al sector productivo, imposibilitado de producir por respetar las normas sanitarias. Están en juego millones de puestos de trabajo, pero también está en juego la mayor parte del entramado productivo nacional.
El gran movimiento productivo de la Argentina, y se repite en casi todo el mundo, está constituido por pequeñas y medianas empresas, algunas muy pequeñas, otras un poco más grandes. Las grandes compañías, aunque sean las de mayor facturación, son minoritarias y no son las que generan más empleo.
Este gran entramado es al que hoy el Estado debería asistir porque, a pesar de que tendrán daño por la parálisis provocada por la recesión, hay que achatar la curva del daño a las empresas para que puedan seguir viviendo a fin de que cuando, terminada la parte más crítica de la pandemia, vuelvan a producir habiendo mantenido las fuentes laborales.
Salvo los sectores vinculados a la producción y venta de alimentos y algunos servicios esenciales, como los relacionados con el transporte público y de cargas, el resto de las actividades están prácticamente paralizadas en su totalidad.
Es real que el Estado está pasando por un momento muy malo desde el punto de vista financiero y la presente crisis lo encontró muy mal parado, pero en esta hora es necesario que todos hagan un fuerte esfuerzo para conseguir sortear el problema con el menor nivel de daños posible. La menor cantidad de enfermos y la menor cantidad de empresas fundidas y de pérdida de fuentes de trabajo.
Hasta ahora, el gobierno salió a atender a las franjas de desocupados, a los jubilados de más bajos ingresos y a los monotributistas de más bajo rango. El dato curioso, es que el beneficio llega a 7,8 millones de familias, la mitad de las familias argentinas. También se instrumentaron préstamos para pymes y se amplió la posibilidad de acceder a los Repro, un subsidio al salario para empresas grandes.
El problema para muchas pymes es que ni siquiera pueden acceder a los préstamos. Algunos porque no tiene carpetas y muchos que la tienen no califican para acceder a los mismos. Otros, prefieren no endeudarse porque en las condiciones que se dan no podrían devolverlos, sobre todo los vinculados al turismo, que podrían estar paralizados casi hasta fin de año.
En este momento es necesario actuar con el máximo de equidad y por eso no es ocioso seguir insistiendo en que se están esperando los aportes de los sectores de la política, que hasta ahora, salvo iniciativas individuales, no han sido aceptadas por los poderes políticos. Tampoco es aceptable que para evitar su aporte, imaginen nuevos impuestos generando divisiones sociales en su propio dividendo.
El sector político tiene el deber moral de dar el ejemplo cuando le pide sacrificio al resto de la población. Muchas empresas están negociando con los sindicatos rebajas de salarios para evitar despidos. ¿Por qué la política no podría colaborar cuando su empleador, el Estado, está virtualmente fundido?