El sábado pasado Los Andes confirmó lo que todos íntimamente sabemos: los mendocinos no tenemos demasiado apego a conducir automotores con todos los elementos exigidos por ley y circulamos omitiendo medidas de seguridad imprescindibles.
En la nota, el Ministerio de Seguridad local reveló el resultado de un estudio del comportamiento de los conductores en la vía pública en el primer trimestre del año. En ese lapso la Policía Vial confeccionó 49.752 actas viales en arterias, accesos y rutas de la jurisdicción. Ese volumen de sanciones equivale nada menos que a 552 multas diarias. Y lamentablemente no mejoramos en este aspecto porque la comparación de esta situación con la ocurrida el año pasado en el mismo periodo de tiempo, dio un total de 34.598 actas viales (384 diarias).
De acuerdo al informe ministerial, las faltas más frecuentes que cometen los usuarios son circular sin licencia, no tener seguro, desplazarse sin llevar el cinturón colocado (conductor y acompañantes) y guiar un vehículo con un nivel excedido de alcohol por litro de sangre (en Mendoza no debe superar 0,5 mgL).
Muchas de estas contravenciones están directamente relacionadas con la seguridad vial y su omisión da lugar al alto grado de siniestralidad que padecemos. Guiar un automóvil sin tener colocado el cinturón o hacerlo después de haber bebido más de lo permitido, pone a las personas en el riesgo de sufrir heridas graves o hasta encontrar la muerte al producirse una colisión, un vuelco o un despiste.
Recordemos que las víctimas fatales por imprudencia vial de los primeros tres meses del año suman 57 -considerados a partir de los partes que a diario brinda el Gobierno provincial- y que marzo ha sido el mes con más personas fallecidas por incidentes de tránsito, al lamentarse 20 muertos.
Por eso sostenemos que debe haber un involucramiento muy fuerte del Estado (nacional, provincial y municipal) en actuar institucionalmente sobre la “enfermedad social” de la siniestralidad vial, que constituye la primera causa no natural de muerte y lesión. Y nos parece bien que se insista y se incrementen los operativos en la vía pública, ya que lo que no asumimos por propia iniciativa -manejar de acuerdo a las reglas y portando los documentos imprescindibles y los elementos de seguridad previstos- nos debe ser exigido por una acción estatal punitiva, que a su vez se convierte en prevención.
Consideramos que todas las infracciones son importantes y pasivas de ser castigadas, pero una nos parece que debe ser perseguida con prioridad y energía porque es causa de muchos percances viales lamentables: conducir bajo los efectos del alcohol. Es necesario que además de la supervisión del personal policial, exista en la comunidad, o comience a existir, una decidida toma de conciencia para erradicar esta nefasta conducta.
Las actas por alcoholemia del primer trimestre que acaba de finalizar dieron 1.022 multas por consumo de bebidas en conductores, lo que se traduce en un promedio de más de 11 alcoholemias positivas por jornada. Esto lo detectó la policía por su intervención, pero no se sabe cuántos otros irresponsables al volante anduvieron con sus reflejos defectuosos en estado de intoxicación alcohólica.
Albergamos ciertas expectativas, aunque sean algo tímidas, de que futuros informes que seguirá brindando el Ministerio de Seguridad sobre el tránsito y sus alternativas, brinden estadísticas más halagüeñas, con un manifiesto descenso de la comisión de faltas gravísimas, y que ese cambio de conducta se deba a la sensata decisión de conducir con responsabilidad individual y colectiva.
