Luis Fermosel - la.fermosel@gmail.com
El dirigente gremial empresario recurrió a aquella frase que moldeó el ex ministro de Economía Alvaro Alsogaray cuando señaló que había que “pasar el invierno”, en junio de 1959, para referirse a la difícil situación económica por la que atravesaba el país. En el caso actual de la actividad vitivinícola, el dirigente señaló que “nos acercamos a los meses más difíciles y que pueden llegar a tener un costo social importante, por lo que debemos estar alertas”.
Para fundamentar su afirmación, la fuente destacó que la pérdida de la producción, como consecuencia de los accidentes climáticos y de la lobesia botrana “ha sido muy grande” y ha afectado a miles de productores. “Muchos de ellos, que ya venían mal por los bajos precios de la uva y del vino, ahora ni siquiera han podido cosechar y es muy factible que se vean obligados a reducir los planteles de personal para la realización de tareas culturales”, dijo; y agregó que “se va a demorar o no se va a hacer la tarea de poda, y es muy difícil que se renueven palos en mal estado o alambres”. “Habrá que tener cuidado porque el costo social puede ser importante”, sentenció.
Con miras a mediano y largo plazos, las perspectivas son de incertidumbre. Se considera que la situación económica provocará una caída en el consumo de bebidas y el vino podría ser uno de los mayores afectados porque con la menor cosecha y el aumento de precios perdería competitividad frente a las bebidas sustitutas. Respecto de los precios a futuro, consideró que con la actual cosecha podríamos llegar a junio de 2017 con tres a cinco meses de despacho, una cifra muy acotada que asegura que el precio de las uvas y del vino no tendrá mayores inconvenientes tampoco en la próxima cosecha. “Lo que sucede es que después de lo ocurrido este año, por más que el año que viene el tiempo mejore las fincas no van a estar en las mejores condiciones”, señaló por su parte un bodeguero consultado.
Planteo a la Nación
Frente a ese panorama, las entidades vitivinícolas, junto a los sindicalistas de los gremios del sector, viajarán en los próximos días a Buenos Aires. Aún sin haber fijado fecha, se supo que la intención es mantener una reunión con el ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, “que quedó pendiente y hubo una promesa de recibirnos durante el desayuno de la Vendimia”; con los legisladores nacionales de las provincias vitivinícolas para que actúen en el Congreso en temas que hagan a la industria y también se solicitará una audiencia al propio presidente de la Nación. “Cuando vino a Mendoza, durante el acto que se realizó en una finca de Las Heras, Macri dijo que las puertas de su despacho estarán abiertas para escucharnos, y por eso queremos hablar con él”, se indicó.
Respecto de los temas a considerar, manifestó la fuente consultada que los sectores tendrán que reunirse para establecer una agenda previa, aunque adelantó que es muy posible que se plantee el tema del impuesto al champán, “porque nos encontramos a días del vencimiento de la excepción y nadie nos asegura que se ratificará la situación por ley, como debería corresponder”. Destacó en ese aspecto que se han realizado importantes inversiones por parte de las bodegas que elaboran los espumantes, las que han generado puestos de trabajo “y también han sacado entre un 20 y un 30 por ciento de la producción de uvas blancas”. Dentro de la agenda, podría incluirse también la posibilidad de impulsar la ley de uso de jugos naturales en la edulcoración de gaseosas, lo que permitiría dar salida a una importante cantidad de mosto.
Para que todos esos aspectos puedan dar los resultados esperados, surge la necesidad de que la industria presente un frente coherente.
Sin embargo, si nos atenemos a lo sucedido días pasados durante una reunión convocada por el ministro Vaquié y tres diputados provinciales, veremos que aunar criterios resultará muy difícil. No nos vamos referir a la reunión en sí, en razón de que Los Andes brindó un amplio informe sobre lo que ocurrió, pero sí podemos señalar que hace falta que exista la suficiente grandeza entre los dirigentes para salvar diferencias y mostrar una vitivinicultura unida en momentos difíciles como los que atraviesa la industria.
Reconversión
El tema final del comentario para la intención del gobierno provincial de impulsar la reconversión de viñedos a los efectos de lograr un vino final acorde con las exigencias de los mercados. En ese marco, desde el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este se nos hizo llegar un cuadro en el que se establece la reconversión que se produjo en esa zona de la provincia entre 1996 y 2015.
Destaca que de 434 hectáreas de syrah existentes en 1996 se pasó a 3.923 en 2015, con un aumento del 804%; chardonnay, de 331 a 1.336 hectáreas (303%); merlot, de 385 a 1.271 (230%); sauvignon, de 146 a 465 (219%); cabernet sauvignon de 1.000 hectáreas a 2.863 (186%); malbec, de 2.413 a 5.056 (109%); bonarda, de 4.626 a 8.646 (87%); tempranillo, de 1.991 a 2.703 (35%) y torrontés riojano, de 1.521 a 2007 (32%).
Dice también que la cantidad de hectáreas de uva cereza bajó de 11.496 en 1996 a 10.731 en 2015 (- 6,61%); Pedro Giménez, de 7.521 a 5122 (-32%); ugni blanc, de 1.363 a 901 (-34%); sangiovese, de 1.391 a 906 (-35%); moscatel rosado, de 6.331 a 3.564 (-43%); criolla grande, de 21.599 a 11.747 (-45,6%) y chenin de 1.393 a 740, con una caída del 47%.
