Argentina está paralizada, como quien espera que pase algo que no pasa. Ese estado incluye a Mendoza y también a cada uno de los municipios. La razón es la misma: la falta de dinero. Un optimista podrá decir que si bien no avanzamos, tampoco retrocedemos. Pero esa quietud, de prolongarse, termina siendo un retroceso porque nadie hace nada y gana la incertidumbre.
Este presente de carencias financieras ata los destinos de los tres niveles del Estado (nacional, provincial y municipal) y los une al borde del abismo: está claro que no es un tiempo para reformas profundas ni megaobras.
“Hay que pasar 2020”, grafica la situación un intendente, rememorando aquél “hay que pasar el invierno” que lanzó Álvaro Alsogaray hace seis décadas, cuando el país atravesaba otra de sus recurrentes etapas “críticas” y la plata no alcanzaba para nada.
Hoy manda la coyuntura. Mientras la Nación tantea el camino para renegociar la deuda, el Gobierno provincial está dedicado a resolver lo urgente, lo rutinario, esos temas densos y poco “sexies” como el demorado Presupuesto y las paritarias. Ambos de escasa repercusión popular, aunque esenciales para el día a día.
Un mal Presupuesto limita el accionar del Estado todo un año. Una paritaria mal negociada puede complicar las cuentas de un año y, peor aún, tiene efectos en los siguientes.
De hecho, por efecto de la cláusula gatillo de 2019, si ahora el gobernador Suárez no diera ni un peso de aumento a los empleados públicos igual el Estado provincial debería destinar a salarios 25% más que el año pasado.
Por eso, los pocos anuncios que se hacen tienen que ver con enunciados, acuerdos y declaraciones de emergencias varias, sea climática, hídrica o cualquiera que no implique invertir mucho dinero ya. Las carencias actuales también se suplen con relato, como el aumento de las jubilaciones.
El presidente Fernández habló de una “sustancial mejora” para los jubilados de la mínima porque en vez del 11,56% que les correspondía por la suspendida movilidad, en marzo recibirán una suba de 12,96%. Ese 1,4% extra representa en el bolsillo de los “beneficiados” 197 pesos más. Para los que cobran ahora 20 mil pesos, que al entender del Gobierno no la pasan tan mal, la suba será de 9,8% y perderán $ 352 por mes. La “limosna” para unos la pagan el resto de los jubilados.
Pero está claro que Argentina está en crisis, que no tiene de dónde sacar dinero; que las viejas fórmulas de la plata fácil (o sea la emisión) no van más; que la timba financiera de los últimos años tampoco y que la deuda pública es asfixiante. Por eso, en vez de un festejo reivindicatorio, el viernes Fernández debería haber optado por un discurso sincero. La campaña ya terminó.
Mientras tanto, Mendoza debe arreglársela con lo que tiene y lo que tiene no alcanza para un plan de gobierno que vaya más allá de pagar sueldos, servicios y quizás algo de la deuda. En eso están enfrascados por estas horas oficialismo y oposición, como cada año, aunque algunos meses más tarde. Y como cada año también, las negociaciones parecen clausuradas aunque continúan sigilosamente.
El Gobierno provincial busca la difícil autorización para un nuevo endeudamiento de 300 millones de dólares. El argumento es simple: la obra pública, además de mejoras para los ciudadanos, implica trabajo inmediato y dinero que se vuelca al consumo. De lo contrario, más gente quedará desocupada, en un contexto ya de por sí complicado.
Los intendentes son los otros interesados. Salvo unos pocos que han continuado licitando gracias a sus ahorros, muchos esperan recibir algo de esos 300 millones porque no tienen dinero propio para encarar obras y dependen de lo que les llegue. Para algunos, hoy es todo un desafío pagar los sueldos a fin de mes y han tenido que pedir prestado. Por eso, sin ese dinero provincial, deberán contentarse con “microobras” e ingenio para colarse en la agenda pública.
El oficialismo también pide que le autoricen el “roll over”, es decir que le dejen tomar nueva deuda para cancelar vieja deuda. Esto generalmente se hace para mejorar las condiciones: menos tasa, más plazo. Esa posibilidad hoy no existe para la Argentina, ni para las provincias, ni para los municipios, ni para las empresas. Todo dependerá de la renegociación de la deuda.
Lo usual es que siempre se apruebe el roll over. Al menos lo era. En 2019, el PJ se opuso y Alfredo Cornejo no logró los dos tercios de los votos necesarios. Por eso algunos en el oficialismo minimizan este impacto: “El año pasado no lo tuvimos y sobrevivimos”. Otros en cambio advierten: “Ahora hay más vencimientos”.
El peronismo cerró filas luego de una reunión en Buenos Aires entre la senadora Anabel Fernández Sagasti y los seis intendentes. De ese encuentro salió una contrapropuesta: no a los 300 millones de dólares y sí a los 6.500 millones de pesos para el roll over, de los cuales la mayor parte podría ir a obras.
Pero hay un requisito en ese aporte: deben cumplirse determinadas condiciones de tasa y plazo. Esto enfurece al Ejecutivo: “Ellos están para legislar, nosotros para tomar las decisiones ejecutivas”.
El punto de disputa más duro siguen siendo los U$S 300 millones: el peronismo se niega a aprobar más deuda en esa moneda. Fue su latiguillo de campaña el año pasado contra Cornejo cuando Fernández Sagasti era la candidata.
Hoy, el kirchnerismo encarna la posición más dura y los intendentes se muestran más flexibles. “Es el primer Presupuesto de Suárez, no podemos decirle que no”, argumentan internamente.
Al día siguiente de aquella cumbre porteña del PJ mendocino, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró en el Congreso que “las provincias no deben tomar más deuda en dólares” y sonó a aval pleno a la postura K local.
Pero en las últimas horas, hubo un cambio. El Gobierno cree posible una grieta en la posición del PJ y negocia a contrarreloj con un sector para tener los votos mañana.
Uno de los peronistas conciliadores admitió que están dialogando y que el acuerdo implicaría reformular el monto final de la deuda (ya no serían 300 millones de dólares). También piden modificar algunos proyectos y que haya un reparto “federal” de las obras que incluya por supuesto a los municipios del justicialismo.
Desindexados
Cuando pase el temporal del Presupuesto, el Gobierno provincial tendrá otro hito clave: las paritarias con los estatales. El desafío es grande porque los gremios quieren continuar con la cláusula gatillo que posibilitó que los salarios públicos empataran con la inflación, algo que sólo un puñado de sectores privados logró en los últimos dos años.
La cláusula gatillo fue una solución que encontró el gobierno de Cornejo a fines de 2017 para tentar a los gremios, cuando todo indicaba que en 2018 la inflación bajaría y la economía crecería, haciendo subir los ingresos fiscales. Pero como sabemos, todo estalló y se volvió una trampa, que aun en un contexto desfavorable Cornejo ratificó para 2019, aunque en este caso para tener paz y votos en un año electoral.
Tras dos años de indexación salarial, hoy el Estado provincial necesita 6.500 millones de pesos mensuales para pagar los sueldos, con ingresos que al mismo tiempo se derrumban: en 2019 crecieron 38%, muy por debajo de la inflación de 53%.
Esta primera paritaria marcará la relación de Suárez con los gremios para el resto de su mandato y por eso ya hay una decisión tomada en el Ejecutivo: si no se llega a acuerdos sostenibles, habrá aumentos por decreto, como en el primer año de Cornejo.
El país, la provincia y los municipios están paralizados. suárez negocia sigilosamente con un sector del pj la deuda en dólares. Si los gremios rechazan la oferta en paritarias, habrá aumento por decreto.
