La denuncia fue presentada por un dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado y no ha sido desmentida por ninguna autoridad nacional, lo que permite presuponer que tiene una fuerte dosis de veracidad. Según el sindicato, en el Presupuesto para el año próximo, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, figura un recorte de 1.400 millones de pesos en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que comprenden parte de la planta de personal, resultando afectada también la funcionalidad de la institución y desfinanciaría la asistencia técnica para los productores.
Paralelamente, se daría de baja a programas de economías regionales, entre los que figuran Cambio Rural y que afectaría a 5 mil productores en todo el país.
No resultaría extraño que una situación de este tipo se produzca, en razón de que estamos acostumbrados a que las decisiones las adopten funcionarios nacionales encerrados en modernas oficinas, con mullidos sillones y que desconocen abiertamente lo que sucede en el interior del país.
No saben, y tampoco se esmeran en consultar, qué es lo que sucede con las economías regionales ni qué funciones cumplen determinados organismos, como es el caso del INTA, factor fundamental en el crecimiento de la actividad agropecuaria durante las últimas décadas.
El INTA es un organismo de vanguardia en el desarrollo agro-tecnológico. Creado en 1956, nació con la finalidad de “impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar, con los beneficios de estas funciones fundamentales, la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural”. De acuerdo con la página oficial, está “junto al productor y sus necesidades, asistiendo a los sectores sociales que merecen atención, proyectando sus acciones para alcanzar competitividad, sostenibilidad social y económica con sentido nacional, priorizando la sustentabilidad ambiental de los territorios”.
En Mendoza, la función del organismo ha sido muy importante a través de las delegaciones de Luján, La Consulta y Junín. El organismo participó activamente en la redacción del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) 2020, que fijó las pautas de los objetivos que debía alcanzar la industria en 20 años y que los consiguió antes de la mitad de ese plazo.
Un investigador del INTA, el ingeniero Alberto Alcalde, mediante el estudio de las hojas de la vid, permitió diferenciar las variedades de malbec, cabernet sauvignon y merlot, que durante décadas habían sido conocidas simplemente como “uvas francesas”. Otro investigador, Pablo Cavagnaro, formó parte de un trabajo que permitió comprender el origen, el color y el valor nutricional de las zanahorias, una de las hortalizas más consumidas en el mundo.
La entidad ha trabajado en forma permanente junto a la comunidad y es así que ha organizado a los productores para que vendan su producción directamente al público, mientras en Colonia Molina, Guaymallén, realizó un estudio sobre qué variedad de camote era la más comercializable y que se adaptara a la zona, hasta lograr que se conformara una cooperativa que trabaja desde la producción hasta la comercialización del producto.
Muchas variedades de frutales han surgido de estudios del organismo, mientras en el INTA Luján se elaboró el vino “de misa” que utilizará el papa Francisco en los oficios religiosos en el Estado Vaticano. No parece que hagan falta más ejemplos.
Los legisladores nacionales, especialmente aquellos que responden a las economías regionales, deberán estar muy atentos en el tratamiento del presupuesto y evitar que se cometan injusticias, especialmente sobre aquellos organismos que, como el INTA, desarrollan una función fundamental en la defensa de la producción.
