El Gobierno busca acelerar el tratamiento en la Legislatura del Código Procesal Laboral, que pretende eficientizar los procesos judiciales y a la vez tratar de disminuir la litigiosidad para resolverlos en instancias previas. Actualmente, las cámaras laborales de Mendoza tienen un stock de casi 50.000 causas en proceso y los juicios duran entre 3 y 4 años, en promedio, lo que resulta un problema para la Justicia.
En la Justicia destacan que la cantidad de juicios laborales ha bajado sensiblemente (más de 50%) desde la puesta en marcha de la Oficina de Conciliación Laboral (OCL), como también con la adhesión que tuvo Mendoza en octubre del año pasado a la ley de Aseguradores de Riegos de Trabajo (ART). Ésta establece -entre otras medidas- la intervención de comisiones médicas para evitar la judicialización del conflicto entre empleador y empleado. No obstante, también es cierto que hay una tasa de resolución de entre 40 y 50% de las causas que ingresan por año.
El ministro de la Suprema Corte Dalmiro Garay indicó que el objetivo primordial de este proyecto es ofrecer acelerar el proceso judicial para beneficiar sobre todo al trabajador involucrado, ya que "mientras haya un menor tiempo de resolución no habrá especulación financiera de las empresas. Un proceso más corto desincentiva el proceso judicial".
De hecho, desde el Ejecutivo, que impulsa el proyecto, expresan que en muchas oportunidades les era más cómodo a los empleadores que sabían que iban a perder la disputa, alargar el juicio para financiarse, y en otros casos, también usarlo como herramienta de desgaste del trabajador.
En caso que se apruebe el Código Procesal Laboral, que está aún en comisiones del Senado, se establecerá -como novedad- la llamada Audiencia Preliminar, con la participación de un juez y las partes. El magistrado participará como mediador y estiman que podrá apelar a un acuerdo sin esperar la sentencia final.
Marcelo D'Agostino, subsecretario de Justicia, adelantó que el magistrado será "el que garantice los derechos del trabajador" y se mostró optimista en que, tanto el empleador como el empleado, una vez que tengan un panorama sobre la situación "pueden llegar a arreglar el conflicto en esa instancia", bajando aún más los tiempos procesales.
“Sabemos que si un caso no tiene arreglo con la OCL, estamos hablando de un conflicto complejo”, agregó Garay, pero la clave radicará en la acción del juez, quien dará un panorama más claro sobre cómo puede llegar a terminar el juicio.
En este sentido, el magistrado explicará a las partes, sin preopinar de ese tema, cómo ha sido la jurisprudencia y cómo se actuado en casos anteriores similares. Además, con todos los resultados que ofrecerán los peritos sobre este proceso en juego, más la mediación del juez, tanto el empleador como el empleado tendrán más información en su poder para solucionar rápidamente el conflicto o en última instancia, terminarlo en juicio.
Garay aseguró que ese plazo de 3 o 4 años por cada juicio "podría resolverse en 7 u 8 meses", con todas las reformas que apuntan a la celeridad de los mismos.
Como ejemplo, sostuvo que la cámara laboral que está "al día", por los tiempos procesales programa audiencias para dentro de un año. En cambio, con la aplicación de este nuevo Código una vez que se dé curso a la causa en dos meses se deberá realizar la audiencia preliminar, y allí se fijará la audiencia final, que tendrá que ser en 4 meses.
“Será un trabajo de ingeniería procesal, que esperamos que tenga el mismo éxito que en las causas civiles, en las cuales tenemos una buena tasa de arreglos en procesos iniciales”, completó Garay.
Baja sensible de casos
Si bien el Ejecutivo y la Justicia pretenden bajar aún más la litigiosidad de las causas laborales con esta iniciativa, es necesario destacar que en un año las mismas disminuyeron en de manera notable gracias a las oficinas de conciliación.
Los datos aportados por Garay (ex ministro de Gobierno de Cornejo) muestran una baja del 56,9% de las causas que ingresaron en las cámaras laborales de la Primera Circunscripción Judicial (Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú y Lavalle) entre el primer cuatrimestre del año pasado y el actual. En tanto, las demás circunscripciones también bajaron la litigiosidad pero en forma más lenta (39%) ya que no se había aplicado todavía la nueva ley de ART.
No obstante, el problema -como se dijo- radica en el stock de las causas, ya que hay poco menos de 50.000 en las siete cámaras laborales, de las cuales un gran porcentaje, advierte Garay, son homologaciones u oficios, por lo que el número bajaría a unos 20.000 juicios.
En todo 2015 ingresaron 13.809 causas; en 2016, 14.285; el año pasado, 14.533; y en lo que va de este solo 4.306, lo que vislumbra el trabajo efectivo de las oficinas de conciliación.
El punto central es que hay una tasa de resolución del 40 o 50% anual de los juicios que ingresan, por lo que, si se aprueba este Código, se tomarán los que ya están en proceso para resolverlos más rápido.
“Necesitamos, más que cámaras, decisores que resuelvan estas causas rápidamente. Estamos entrando en un nuevo paradigma procesal, más ágil y con mayor inmediatez”, finalizó Garay.
En números
Causas que entraron en el primer cuatrimestre a la Primera Circunscripción Judicial:
2017: 4.338
2018: 1.867 (baja del 56,9%)
Causas por año en la Primera Circunscripción Judicial:
2015: 13.809
2016: 14.285
2017: 14.533
2018: 4.306 (actualizado hasta agosto)
