Después de la aprobación de la reforma de la Ley 7.722 el viernes, el gobernador Rodolfo Suárez fue amenazado vía Whatsapp en su teléfono celular. Ayer, cuatro personas fueron detenidas por esta causa: tres hombres y una mujer. Además, se les secuestraron tres teléfonos desde donde se enviaron los mensajes intimidantes, según pudo saber Los Andes
Los cambios a la Ley, que habilitan la minería metalífera en Mendoza, generaron cortes de rutas, protestas en las calles y próximas acciones judiciales pero, también, estas graves amenazas a la figura del mandatario provincial y a su familia.
El número celular de Suárez fue viralizado y así no tardaron en llegarle las amenazas: "Te vamos a caer a tu casa. No tenés derecho a reformar la ley ni licencia. No vas a estar tranquilo", dice uno de los mensajes a los que tuvo acceso este diario. Otro, más fuerte, dice sin rodeos: "Te vamos a matar".
La Justicia se movió rápidamente y comenzó a investigar, con el fiscal Gustavo Fehlmann a la cabeza, de dónde venían las amenazas y quiénes eran sus autores. Con datos concretos, se realizaron ayer distintos allanamientos que permitieron secuestrar tres celulares.
Los cuatro detenidos, cuyas identidades no fueron difundidas, quedaron a disposición del fiscal, que podría imputarlos hoy o mañana. Según fuentes de la investigación, los tres hombres son del Valle de Uco y la mujer, de General Alvear. Justamente, las dos zonas de la provincia donde más resistencia se puso a las reformas de la 7.722.
Irán a la Suprema Corte
Las protestas en las rutas, para que la Legislatura desistiera de reformular la ley, fueron sólo el primer paso de los asambleístas, que ahora -con la aprobación legislativa siendo un hecho- preparan el segundo: irán a la Suprema Corte a pedir la inconstitucionalidad. En General Alvear y San Rafael, donde se concentraron las manifestaciones más duras de todas, con cortes de ruta totales por casi 12 horas, están en contacto con sus pares del Valle de Uco para iniciar el reclamo conjunto.
Esta semana habrá una reunión de la que participarán los principales referentes de entidades ruralistas, empresarias y sociales de distintos puntos de Mendoza. El cónclave será en Alvear y la intención es comenzar a afinar el lápiz para delinear el plan de lucha.
El prestigioso constitucionalista Daniel Sabsay es el elegido para que comande el equipo legal con el que darán pelea en la Suprema Corte. En Alvear lo aceptan pero también saben que "los contactos los hizo gente del Valle de Uco. Ya estuvieron hablando con él", dijo un integrante de la multisectorial. Por ese motivo quieren aunar esfuerzos y también recursos en cuanto a los posibles costos económicos que conlleva una batalla legal de este tipo ante el máximo tribunal de Mendoza.
Además, "la presentación tiene que ser en conjunto. Entre todos es mejor. No tiene sentido ir cada uno por su lado", indicaron. Otro aspecto del que también son conscientes es que al iniciar el reclamo en la Justicia, el tiempo de espera para una resolución final será largo. Como sucedió con la declaración de constitucionalidad de la 7.722 por parte de la Suprema Corte, que llegó después de 7 años.
En la zona Sur los proyectos mineros de posible explotación están concentrados en Malargüe, pero en San Rafael y Alvear aseguran que ante cualquier afectación del río Atuel, el perjuicio abarcaría a toda la región.
"Hay que estar atentos y ver las zonas de exclusión. Acá la finalidad es proteger las nacientes del río y a toda la cuenca. Acá no vamos a tener minería pero ante un problema vamos a ser los más afectados", indicaron desde la Multisectorial alvearense.
El foco está puesto, primero, en el Departamento General de Irrigación y también en los organismos de control ciudadano que podrían llegar a implementarse en caso de que todo lo demás falle.
También San Carlos
La Municipalidad de San Carlos ha decidido que pedirá la inconstitucionalidad de la nueva normativa. No es casualidad: su intendente, Rolando Scanio, es el sucesor de Jorge Difonso, hoy diputado provincial y uno de los aliados del oficialismo que votó en contra de las reformas el viernes.
Lo mismo que Mario Vadillo (Protectora), para quien "van a llegar una catarata de acciones legales por esto. Una de ellas son los amparos ambientales", aseguró ayer a Los Andes.
Por lo pronto, desde San Carlos preparan una marcha a la Casa de Gobierno que partirá esta noche para llegar mañana a exigir, a Rodolfo Suárez, el veto a la ley.
Difonso, el oficialista que irá a la Justicia
El diputado y ex intendente de San Carlos, Jorge Difonso, es, por estas horas, la cara visible de una serie de medidas legales que iniciarán en San Carlos contra la reforma de la 7.722. "Hemos tomado la decisión de avanzar con una acción de inconstitucionalidad. Encontramos algunos rasgos que nos dan fundamentos", indicó el legislador a Los Andes.
Explicó que el principal es el permiso a usar cianuro y ácido sulfúrico en los procesos para la obtención de metales. El otro argumento es haber quitado a la Legislatura el aval a las Declaraciones de Impacto Ambiental. "La Suprema Corte ya falló a favor de la ley en 2015. Es un antecedente muy importante y tenemos confianza en que podremos evitar que se avance con esto", aseguró Difonso.
