Desde agosto hasta lo que va de octubre, en el 911 han recibido unas 50 llamadas por amenazas de bombas a establecimientos escolares. En cada caso, se desaloja el edificio y acuden bomberos y el escuadrón de explosivos, acompañados por perros, para revisar las instalaciones.
El costo promedio de cada operativo ronda los 50 mil pesos, que ahora deben pagar los padres de los alumnos identificados como autores de la amenaza.
La comisario inspector Cecilia Argones, jefa de audio del 911, detalló que los llamados suelen darse en abril y mayo, y vuelven en agosto, en coincidencia con las fechas de exámenes.
Por estos días, el número se ha incrementado y están recibiendo unas 5 amenazas diarias, vinculadas a colegios del Gran Mendoza y la zona Este.
Aunque para los jóvenes pueda parecer una “picardía”, el martes recibieron en el 911, en simultáneo, una amenaza en una escuela de Maipú y en una comisaría de Rivadavia, por lo que el personal de guardia acudió a la zona Este y los que estaban de franco tuvieron que ir al colegio maipucino .
Por otra parte, el combustible y las horas de trabajo del personal -que va acompañado por perros- que se moviliza para comprobar que se trata de una falsa alarma, tienen un costo que asciende a unos 50 mil pesos en promedio. Esto, porque el monto depende de la cantidad de personas que deben acudir, en función del tamaño del edificio escolar.
Estas falsas denuncias tuvieron una gran difusión en 2014, cuando en la escuela Normal Tomás Godoy Cruz, durante todo el ciclo lectivo, se superaron las 50 llamadas y fueron identificados varios de los autores de las llamadas.
La situación se repitió el año pasado en el colegio Pablo Nogués, aunque con un número menor, y aún se mantiene por estos días.
Además, esta semana, las advertencias en el 911 han provenido de alumnos de las escuelas General Las Heras de Ciudad y Fernando Lorenzo de Maipú.
El año pasado fue el Normal. Después le tocó al Pablo Nogués. En estos días las amenazas han llegado a la General las Heras y a la Lorenzo.
Se identifican siempre
El comisario general José Vega, director de Investigaciones del Ministerio de Seguridad, señaló que en ocasiones la persona llama al 911 desde un número que no queda registrado. De hecho, es bastante habitual que los jóvenes utilicen un celular con un chip que no está vinculado a un plan.
Pero si bien en estos casos pueda tomar un poco más de tiempo, resaltó que generalmente se llega a identificar a quien hizo la llamada por el aparato, la antena y otros elementos.
El trabajo que realizan desde Investigaciones es un aporte a la Justicia, detalló Vega. Y agregó que desde este ámbito se tomó la decisión de empezar a realizar demandas vía Fiscalía de Estado, para que los padres se hagan cargo del costo del operativo.
El comisario resaltó que no se apunta sólo a recuperar la inversión, sino sobre todo a favorecer un cambio de conducta.
Recuperar los sábados
Sara Lucero, directora de Educación Secundaria de la Dirección General de Escuelas, indicó que, ante esta situación, se realizan charlas en los colegios para que los alumnos tomen conciencia de la gravedad de lo que hacen. La funcionaria destacó que en otros países del mundo la gente muere por la explosión de bombas, por lo que no es un tema para tomar a la ligera.
Desde la DGE se ha decidido que -en las escuelas que deben desalojarse ante las falsas amenazas- los chicos recuperen clases los sábados.
Esto no sólo porque efectivamente con estos episodios los alumnos pierden horas de clase y los profesores mantienen las fechas de examen, sino también para que los compañeros de los jóvenes que hacen las llamadas, si conocen quiénes son, les pidan que dejen de hacerlas.
Lucero señaló que en la escuela General Las Heras, de Ciudad, donde se han repetido las llamadas en los últimos días, los mismos alumnos eEn la escuela Fernando Lorenzo se identificó a una alumna como autora de llamadas.
Esto, al punto de que el martes se negaron a abandonar las aulas cuando hubo un nuevo llamado. En esta fecha, planteó, es un período complicado porque se avecinan los exámenes y se está repasando.
La funcionaria coincidió con que las llamadas se dan por períodos y que pueden pasar dos meses sin ninguna amenaza, para luego comenzar e instalarse en algunos colegios.
En cuanto a las medidas que se adoptan con los alumnos identificados, es el Consejo de Convivencia Escolar el que define las sanciones, de acuerdo a los antecedentes del chico y su trayectoria escolar. Y si bien se asegura la escolaridad, se puede optar por cambiarlos de colegio, ya que se trata de una falta grave.
$50.000 por operativo es el dinero que insume movilizar efectivos y perros a la escuela. Lo debe pagar el padre del autor de la llamada.
En Maipú serían varios los autores
El martes se supo que se había identificado a una alumna de la escuela Fernando Lorenzo, de Maipú, que había realizado llamadas de amenazas de bomba.
Omar Gaía, subdirector de Educación Técnica y Trabajo de la DGE, detalló que las falsas denuncias comenzaron el viernes y se extendieron hasta el martes, y que hubo entre tres y cuatro diarias.
Para descartar la presencia de explosivos, y evitar que la situación se repitiera ayer, policías inspeccionaron el edificio a las 7.45 acompañados por perros.
También hubo una reunión con padres en la que, además de pedirles su colaboración, se les informó que el sábado 4 de noviembre los alumnos deberán asistir a la escuela ya que se ha organizado un día de concientización.
Gaía comentó que la menor identificada sigue asistiendo a clases pero que está siendo asistida por el Servicio de Orientación. El caso también será analizado en el Consejo de Convivencia Escolar, quien determinará las sanciones. Sin embargo, la investigación continúa porque no se trataría de una sola alumna, sino de un grupo.
