Ante la presión del Gobierno nacional para apurar en el Congreso el proyecto que reducirá las jubilaciones de los jueces nacionales y federales, en Mendoza 49 magistrados podrían apurar su retiro para no ser alcanzados por esa normativa.
Todos cumplen con la edad para jubilarse y entre ellos hay cuatro de la Suprema Corte.
Pero con certeza, son 24 los que tienen acreditados los 30 años de aportes en el Poder Judicial. El resto no alcanza esa antigüedad pero podrían completar lo que les falta con años de trabajo en la actividad privada o en otro organismo estatal.
Hay que recordar que los magistrados son los únicos que, a pesar de estar en condiciones de jubilarse, no están obligados a hacerlo y pueden seguir ejerciendo para -entre otras cosas- acumular años de antigüedad, un ítem muy jugoso en los bonos de sueldo de algunos jueces de la provincia que llegan a embolsarse hasta $ 600 mil por mes.
En la lista de los que están en condiciones de iniciar los trámites del retiro están los supremos Jorge Nanclares (70 años, presidente de la Corte), Pedro Llorente (78), José Valerio (65) y Julio Gómez (68). Los tres primeros cumplen con los 30 años de aportes en el Poder Judicial.
En la nómina, el más longevo es el juez civil Abel Rousse con 80 años, recordado por rechazar en 2016 un amparo docente presentado tras la intervención del Colegio Normal Superior de San Rafael por desacato de las autoridades.
Le sigue Víctor Hugo Comeglio (79), el controvertido juez penal que, en junio del año pasado, liberó a Mauro Aguirre, el docente de la UNCuyo y ex político acusado de cometer abusos sexuales.
En tanto, el juez penal Jorge Coussirat es más joven (74) pero tiene algo en común con Comeglio: los dos llevan más de 50 años trabajando en el Poder Judicial. Junto con Llorente son los tres que cobran más de $ 600 mil por mes.
En la lista también hay otros nombres conocidos, como el de Carlos Díaz (74), quien condenó en diciembre a los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi por el caso Próvolo. O el de la jueza Rosana Moretti (61), que en 2017 aceptó una cautelar para frenar la conversión del zoológico en ecoparque.
Otra conocido de la lista es Carlos Parma (64), quien como juez penal de menores viene resistiendo la baja en la edad de imputabilidad reclamada por algunos.
En condiciones de jubilarse también están Marcos Pereira (69) que interviene en la causa Tupac Amaru; Oscar Balmes (60), quien instruyó la causa por la muerte de Norma Carletti y Gonzalo Guiñazú (63), a quien en 2018 el ex gobernador Alfredo Cornejo tildó de "vago".
No más privilegios
El oficialismo nacional formalizó ayer en la Cámara de Diputados la convocatoria para avanzar con el proyecto de ley impulsado desde la Casa Rosada que busca modificar las jubilaciones de los funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior.
La iniciativa propone un aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los 65 años, dado que actualmente rige a partir de los 60, e incrementar los aportes del 12 al 19%.
Establece un incremento de los años de servicio con aportes requeridos en los cargos que dan derecho al beneficio jubilatorio (no incluye a los prosecretarios administrativos), entre otras cuestiones.
La normativa afectará a 8 mil personas con haberes promedio de entre $ 235 mil y $ 335 mil por mes. Equivale al 3% del total de los jubilados que, en conjunto, se llevan $ 25 mil millones por año. Desde que se conoció el proyecto, al menos 17 fiscales y 10 jueces presentaron su renuncia.
De aprobarse, la Ley afectará a 11 provincias, entre ellas Mendoza porque en la década del '90 la Justicia provincial transfirió su caja jubilatoria al Estado nacional.
Sánchez Rey, el polémico magistrado suspendido
Antonio Sánchez Rey (78) también está en condiciones de jubilarse. El magistrado hoy está suspendido en el cargo y cobra la mitad de su sueldo mientras se decide si es sometido a jury de enjuiciamiento.
En mayo de 217, Sánchez Rey se lastimó un brazo con el portón del estacionamiento cuando iba a su trabajo. Por el accidente reclamó a la ART una indemnización de $ 4,5 millones. Llegó a un acuerdo y la homologación cayó en la misma Cámara en la que el juez se desempeña. Por eso, la Superintendencia de ART advirtió el conflicto y lo denunció.
Tras el escándalo, el juez presentó la renuncia para no perder su jubilación de privilegio pero Cornejo se la rechazó en 2019.
Demanda colectiva para que vuelva la ley de movilidad de Macri
Con la firma de unos 7 mil jubilados, el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, presentó ayer ante la Justicia una demanda colectiva para cuestionar el cambio en el cálculo jubilatorio dispuesto por el Gobierno nacional, solicitando que se declare su inconstitucionalidad.
La demanda fue presentada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 9, a cargo de la jueza Silvia Saino, subrogante. En el caso de no obtener una resolución favorable, Semino adelantó que pedirán un recurso “per saltum” para llegar a la Corte Suprema.
"Tenemos ya siete mil adhesiones, no sólo las de la Ciudad de Buenos Aires sino del interior del país, Córdoba, Rosario, Mendoza, Comodoro Rivadavia, que nos van mandando sus peticiones", contó Semino en declaraciones a radio Continental.
“Lo que se apunta -indicó el funcionario- es tratar de evitar que el Estado termine generando una enorme industria del juicio, como en el caso Badaro, donde la larga espera hasta que sale el fallo judicial ha visto morir a millones de jubilados sin que puedan gozar de su derecho”.
En este sentido, Semino sostuvo que están "planteando la inconstitucionalidad y una medida cautelar para que se aplique a todos por igual, para que se aplique el índice que había generado la ley de movilidad" (de Macri).
Asimismo, manifestó que los que cobran la jubilación mínima están exceptuados de esta presentación “porque con el nuevo esquema están percibiendo 192 pesos más por mes respecto del esquema anterior”.
"La idea es volver a la movilidad anterior hasta que se fije otro tipo de movilidad. Lo que estamos tratando es de evitar y ayudar al Gobierno y a los jubilados para que no haya una nueva ola de litigiosidad", insistió.
El gobierno dispuso un aumento para todos los jubilados de 2,3% más un fijo de 1.500 pesos y la Defensoría argumenta que mientras que para los que cobran la mínima implica un incremento, para los que perciben por encima de ese monto significa una pérdida de ingresos.
