En marzo, Rodolfo Suárez salió al cruce del Poder Judicial por la polémica de los estatales que cobran más que el Gobernador. La olla se destapó cuando se conoció que la secretaria de Jorge Nanclares, Elizabeth María Carbajal, percibe un salario de $400.000.
Para terminar con esas inequidades salariales, el mandatario mandó un proyecto a la Legislatura para regular los sueldos de los judiciales que obtuvo media sanción esta semana.
Desde el Ejecutivo aseguraron que unos 78 empleados que están equiparados a magistrados, por lo tanto, cobran lo mismo que un juez aunque algunos ni siquiera son abogados. Pero cuando la iniciativa empezó a tener forma, esa larga lista se fue depurando y quedaron unas 20 personas -desde la oposición dicen que son 12- a las que se les reducirán los haberes.
Es que el proyecto que se trató el martes en el Senado deja a varios afuera, entre ellos a los prosecretarios, secretarios y relatores de la Corte. ¿Quiénes son y qué hacen los 36 intocables de los Supremos? En la Suprema Corte de Mendoza hay 2 secretarios judiciales, 5 prosecretarios judiciales y 29 relatores.
Los intocables tienen una normativa que los respalda, la ley 4.322 (publicada en el Boletín Oficial en 1980) establece en el artículo 8 el régimen de remuneraciones del Poder Judicial y habla de una planilla anexa en la que se indica la escala salarial. Esa planilla la encabezan los ministros de la Corte que tienen clase 28, le siguen los jueces de cámara y los secretarios de la Corte con la clase 27, después están los jueces de primera instancia y los prosecretarios de la Corte (clase 26) y en la clase 25 de los relatores junto a fiscales, defensores de pobres, asesores de menores y jueces de paz.
La Corte se divide en dos salas; cada una tiene un secretario: Nora Gomina (sala I) y Santiago Brennan (sala II). A su vez, la sala I tiene dos prosecretarios (Emma Orrego y María Salinas) y la II, tres (Olga Castillejo, Mauricio Martínez Rivas y Juan Pablo Ravalle). Ambas tienen un prosecretario que se dedica por completo a temas administrativos, la sala I tiene uno que toma los temas civiles, mientras que la sala II tiene un prosecretario para temas penales y otro para laborales.
En cuanto a relatores, la sala I tiene 12: Mariángeles Bosco, Natalia Cappellani, Antonela Farrugia, María Guardamagna, Ana Ibarrart, Silvana Lampasona, Laura Lucero, Paula Lucero, María Reta Troilo, Emanuel Saldi, Laura Viñas y Juan Mulet. En tanto, la sala II cuenta con 17 relatores: Laura Aranda, Natalia Bellene, Mónica Cuervo, María Elmelaj, Daniela Favier Salinas, Susana Gómez, Adriana Irrazabal, Constanza Silvano, Carmen Magro, Gabriela Aveiro, Adriana Doña, Gustavo Lúquez, Emilio García, Matías Martínez Suso, María Montesinos, María Tuninetti y Alejandro Grando.
Los relatores, tal como indica su nombre son los que le relatan un expediente al juez. Cuando llegan los casos a la Corte tienen algunos tienen hasta 40 cuerpos y según la temática lo toma un relator, quien lo analiza, busca jurisprudencia y la opinión del ministro en temas similares. Después le lleva al supremo un borrador del fallo, discuten el caso y suma todas las modificaciones que diga el magistrado. En general, el relator está en la misma línea jurídica y filosófica con el juez con el que trabaja.
Su tarea es fundamental porque un ministro de la Corte no tiene tiempo para leer todas las causas ni conocimientos profundos sobre todas las ramas del derecho. Para llegar a ese puesto algunos han rendido concurso y otros han sido designados por la Corte.
Las quejas del PJ
Desde el PJ aseguraron que en total el proyecto del Ejecutivo solo alcanzará a 12 equiparados a magistrados y que en su mayoría se trata de "funcionarios que integran la segunda línea de la Suprema Corte cuyos cargos son claves para ejercer el control sobre la estructura del Poder Judicial".
Entre los nombres conocidos alcanzados están la directora y la subdirectora de Derechos Humanos, María Milagros Noli Bazan y Eleonora Lamm, respectivamente; y el titular de la Secretaría de gestión y Control de la Suprema Corte Carlos Quiroga Nanclares.
Desde el justicialismo denunciaron que se trata de "un proyecto de ley direccionado a perseguir los espacios institucionales de poder intermedio que no están ocupados por el radicalismo, para avanzar en la cooptación del Poder Judicial y erosionar el poder del actual Presidente de la Corte, Jorge Nanclares".
