Tanto el titular de Aysam, Guillermo Amstutz, como el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, juran que el endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tomado para financiar la empresa estatal de agua y saneamiento está disponible y que no ha sido gastado para otra cosa.
Lo que sí admiten es que se viene usando lentamente: de hecho aún no se terminan de gastar los primeros 70 millones de pesos tomados en 2013 y se ha invertido muy poco de los 400 millones que fueron otorgados en febrero de 2014.
Si se tiene en cuenta el ritmo inflacionario del año pasado, que fue agitado por la devaluación del peso, Aysam perdió más de un tercio de los recursos por la pérdida de capacidad de compra. Esto parece más grave aún si se tienen en cuenta los problemas recurrentes con el servicio de agua potable sobre todo en verano, aunque no exclusivamente (el martes hubo un gran corte)
Tanto Baldasso como Amstutz niegan los rumores sobre que el endeudamiento tuvo un destino lejano a Aysam y dicen que las trabas burocráticas demoran los procesos. Ese dinero fue obtenido con un crédito autorizado por ley de la Legislatura con destino específico, por lo que usarlo en otra cosa es malversación de fondos e inconstitucional, porque se violaría el artículo 41 de la Constitución provincial.
En la ley 8.270, publicada en el Boletín Oficial del 15 de marzo de 2011, se autorizaron 160 millones de dólares para la primera etapa del “Plan Estratégico de Obras y Mejoramiento Operativo de Agua Potable y Saneamiento de Mendoza”.
Nótese que el endeudamiento fue autorizado en moneda extranjera, no en la argentina; recién en 2013 se obtuvieron los primeros 70 millones de pesos, que fueron destinados a lo que se conoce como PMO (Plan de mejoramiento operativo), es decir para compra de equipamiento y bienes de capital que mejoren las prestaciones de la empresa estatal.
Hay algunas obras incluidas en esos $ 70 millones, pero no son el grueso del gasto. Sin embargo, en la tarde de ayer había un pesado bibliorato de expedientes a la firma de Baldasso para avanzar en las órdenes de pago que permitirían concluir el uso de ese primer préstamo. Recuérdese que ese dinero está disponible desde 2013, es decir hace dos años.
¿Cuánto se perdió por la depreciación de la moneda? Se podría sacar la cuenta, pero cabe recordar que la inflación 2014 fue calculada cercana al 40% por organismos no oficiales y la de 2013 rondó los 30% (no cabría aplicarle todo el porcentaje porque el dinero llegó a mitad de año). En lo que va de 2015, la inflación ha aflojado levemente, pero podría admitirse alrededor del 10%, siempre según cálculos extraoficiales.
En febrero de 2014 llegaron otros 400 millones de pesos que han sido destinados a obras. De esos 400 millones, siempre según Baldasso y Amstutz se han ejecutado $ 55 millones, hay en ejecución $46 millones (es decir 102 millones entre hecho y en construcción), se han licitado obras por $ 170 millones y hay proyectos terminados a licitar por 65 millones.
Los dos funcionarios tienen la misma planilla. Y agregan además que la Provincia ha puesto, por fuera del endeudamiento, más de 350 millones de pesos en obras para Aysam. Aunque el lasherino admite que ha iniciado un reclamo administrativo para contar con los recursos.
“En Mendoza nunca le hemos dado plata a una Sapem” (sociedad anónima de participación estatal mayoritaria)”, se excusa Baldasso para explicar las trabas burocráticas y luego dice que para cada certificado de obra se arma un expediente.
Amstutz también descarga su desazón por la burocracia y dice que intentaron sancionar en el Presupuesto 2014 una modificación a la ley de creación de Aysam, para permitirte contar con un fondo de 20 millones para pagar licitaciones de hasta seis millones de pesos. Fue aprobado, pero no tuvo reglamentación. Amstutz dice que fueron los organismos de control (Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado y Contaduría General de la Provincia) los que pusieron trabas a esa norma.
Lo curioso es que hay cuatro obras, una en General Alvear, otra en Tunuyán y dos en Las Heras, en las que el directorio de Aysam decidió bajar el ritmo de los trabajos. “Empezamos a sentir la falta de pago y a generar daño”, justificó Amstutz.
Más curioso aún es que el propio Amstutz dijo que ha iniciado un reclamo administrativo por los fondos del endeudamiento. “¿Cuál fue la respuesta al reclamo?” le consultó Los Andes y Amstutz respondió “siete millones de pesos de aportes de capital no reintegrables”. De acuerdo al ministro Baldasso, los aportes de capital están rozando los 50 millones de pesos.
Algunos arriesgan una alternativa: que el dinero efectivamente está, pero inmovilizado en los vericuetos de los que se conoce como “fondo unificado”, conformado por las cerca de dos mil cuentas bancarias que tiene el Estado, que funcionan casi como una garantía. Ese “fondo unificado” le permite al Gobierno sumar saldos de todas las cuentas y disponer para girar en descubierto el 90% de toda esa suma.
Aquella estatización de Jaque
Las peripecias de Aysam vienen con su propia creación. Fue en setiembre de 2010 que la Legislatura creó la empresa estatal. Con esa ley comenzaba una nueva era después de que el gobierno de Celso Jaque decidiera quitarle la concesión a los concesionarios privados.
En realidad, ya había intervenido OSM a mediados de 2009, tras perder las elecciones legislativas. Y el argumento fue que no habían cumplido con el contrato, ni con un plan de obras que garantizara la calidad del servicio de agua y cloacas.
Era obvio que la empresa no estaba en las mejores condiciones y por ello es que unos meses después la Legislatura aprobó el endeudamiento de 160 millones de dólares para que se recuperara la red de aguas y cloacas.
Hasta ahora se tomaron 470 millones de pesos de ese endeudamiento autorizado en moneda estadounidense. En los primeros meses de este año el Gobierno salió a tomar otros 800 millones y no los consiguió.