Mientras que en la anterior gestión gubernamental 180 penitenciarios “ni se acercaban a las cárceles” porque estaban adscriptos a otras áreas del Ejecutivo, hay 156 egresados del curso de guardiacárceles que aún esperan su oportunidad de trabajar en las distintas unidades de encarcelamiento, pero el llamado no llega, en algunos casos desde hace más de un año.
Se trata de personas que en muchos casos quedaron desocupadas para poder asistir a los cursos de preparación en el Instituto de Formación Penitenciaria (Infope), y no pocas veces peregrinaron hasta los despachos de las autoridades gubernamentales pidiendo que se les incorporara.
Son dos los grupos que han quedado afuera del Servicio Penitenciario. Hay 86 de una primera camada que finalizó el curso en noviembre de 2014 (integrantes de la llamada “comisión 16”), que ya lleva un año y dos meses esperando; y un segundo curso (“comisión 17”), de 70 agentes más, que terminó su capacitación en julio pasado, pero que hasta ahora corrió la misma suerte.
La nota de Los Andes del domingo pasado, que mostraba las adscripciones y los acomodos que tuvieron los penitenciarios durante el gobierno de Francisco Pérez, fue el detonante para que estos agentes buscaran visibilizar su situación.
Algunos miembros de la comisión 16 acercaron documentación de los cursos hechos y de las veces que se reunieron con representantes del Ministerio de Gobierno anterior (del que dependía antes el Servicio Penitenciario). Nunca lograron respuestas.
“En cada oportunidad nos respondieron con evasivas”, indicó David Acosta, uno de los afectados, que además mostró la frustración que más de una vez significó la paradoja de “ser atendidos por penitenciarios” que cumplían roles administrativos en dependencias de Casa de Gobierno.
Tanto él como otros 135 cursantes iniciaron su formación en abril de 2014 y la terminaron en noviembre de ese año, pero no lograron la inmediata incorporación. “En enero de 2015, cuando estábamos por ingresar, apareció el contador de la Penitenciaría y dijo que 'no había plata' para que entráramos”, relató Acosta.
Si bien la situación no mejoró para este grupo, en mayo de 2015 una parte logró entrar, pero 86 siguieron en espera. “Somos 70 del Gran Mendoza y 16 del Sur”, añadió Acosta. A ellos se le agregaron otros 70 de un nuevo curso que finalizó en julio de 2015, pero cuyos miembros tampoco pudieron acceder al Servicio.
“Nadie se puso a pensar lo que esto nos ha costado”, indicó Acosta sobre los cursos que él y sus compañeros hicieron. De hecho, él, que era militar, dejó su anterior trabajo para estar en el Infope, ya que los cursos son intensivos (12 horas diarias). Hoy, el joven de 30 años hace “changas y venta ambulante de productos” para sobrevivir.
“Nuestras familias fueron fundamentales para esos cursos, pero les hemos fallado porque no ingresamos”, comentó Rubén Bailo, otro egresado de la comisión 16, también ex militar, hoy albañil de oficio, que trabaja en una agencia de Seguridad y teme no ser incorporado porque con 36 años cumplidos “la espera hizo que superara la edad límite para ingresar al Servicio Penitenciario”.
Más allá de las demoras, los integrantes de la comisión 16 nunca cesaron en sus reclamos. En noviembre pasado tuvieron una última entrevista con un funcionario de Pérez. Fue con el entonces subsecretario de Justicia, Sergio Bonsangüe, quién les aseguró haber hecho “todo lo necesario para las designaciones” y hasta les pidió -tras un año de espera- “que no hicieran lío” con ese tema, porque si no “el Gobernador se enojará y no firmará las designaciones”.
Con el nuevo gobierno de Alfredo Cornejo, los agentes renovaron esperanzas. “El lunes 18 nos reunimos con el subsecretario (de Relaciones con la Comunidad) Néstor Majul y nos prometió una respuesta en 48 horas”, informaron los agentes, razón por la cual hoy estarán a la espera del resultado de ese encuentro.
Este diario consultó al jefe de gabinete de Seguridad, Hugo Sánchez, quien confirmó la idea de darles una respuesta favorable. “La gestión anterior priorizó otro tipo de incorporaciones, pero entendemos que es necesario que ellos ingresen”, dijo y anticipó que “fueron contemplados en el nuevo presupuesto”, que se aprobó hace dos semanas, por lo que seguramente los agentes tendrán novedades positivas en breve.
“Les haremos entrevistas personales y veremos de qué manera los vamos incorporando”, prometió Sánchez.
Un curso de ocho meses y doce horas diarias
El Infope depende del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP). Sus cursos para formar penitenciarios son intensivos y duran aproximadamente ocho meses, con una asistencia de 12 horas diarias, de lunes a viernes (de 7 a 19).
Se trata de cursos gratuitos, en los que el Estado sólo provee a cada alumno una vianda al mediodía. “Nunca recibimos ningún tipo de beca, sólo la vianda, porque estábamos todo el día”, informó Acosta.
“Si bien no pagábamos, era toda una inversión para nosotros poder asistir”, explicó Rubén Bailo, atendiendo a la imposibilidad de trabajar”porque había que cursar”.
Desde el último curso de la comisión 17, no se ha vuelto a hacer ninguno nuevo y la gestión recién asumida estudia ciertas innovaciones. “Estamos evaluando reformular todos los sistemas de formación de policías y penitenciarios, pero esto se discutirá a partir de febrero, cuando retome sus actividades el IUSP”, resaltó Hugo Sánchez. “No queremos improvisar”, agregó el jefe de gabinete de Seguridad.
