La mitad de las casas que hoy construye el IPV fueron iniciadas en la gestión de Francisco Pérez. Actualmente el Instituto Provincial de la Vivienda tiene en ejecución algo más de tres mil unidades; de ese total 1.550 vienen de arrastre de la gestión anterior. Esas casas están distribuidas en 36 barrios y empezaron a construirse antes de la asunción de Alfredo Cornejo. En un caso, hay un barrio que se inició en 2013.
“Había un montón de barrios todos parados, porque ninguno certificaba más de un 1% de avance de obra y teníamos deuda acumulada porque la gestión anterior no les pagaba. Esos barrios se empezaron a reactivar cuando pagamos esa deuda. Hubo que esperar a la operatoria de pago por bonos”, explicó Damián Salamone.
Los bonos a los que se refiere Salamone son los "Títulos Provinciales de Consolidación y Cancelación de Deudas" que lanzó la gestión Cornejo a través del decreto 127/16, del 2 de febrero de 2016.
Según Salamone, la reactivación de las obras estuvo atada a la negociación entre el Gobierno y las empresas por los certificados de obra adeudados. Así es que 38 de esos barrios que fueron iniciados en la era Pérez y que tenían un avance inferior al 15 por ciento cuando asumió Cornejo, todavía están en construcción, más de dos años después del inicio del mandato.
Es más, de acuerdo a las planillas del IPV de avance de obra, las que avanzan con más celeridad son las nuevas: mientras que las viejas tienen avances del 1% o 2 %, las licitadas en los últimos dos años, vienen avanzando más rápidamente.
Es sabido que la construcción de casas fue un dolor de cabeza para Pérez: prometió hacer 12 mil durante sus cuatro años de mandato y apenas superó la mitad. Pero no fue el únicos problema. También, antes de irse, licitó barrios sin fondos para construirlos y no pudo controlar el avance de la Tupac Amaru; por el contrario, pareció propiciarlo.
En la conducción del IPV indican que las viviendas del pasado gobierno vienen demoradas porque hay obras adicionales que nunca fueron previstas en el pliego licitatorio o que fueron comprometidas por las entidades promotoras de los barrios (como las urbanizaciones) y que nunca se hicieron, y que ahora hay que ir solucionando. “Las viejas ya vienen con los vicios técnicos y de ejecución”, dice la jefa del Departamento Técnico del IPV, Ivanna Buvinic.
De esas mismas planillas se desprende que esas demoras no parecen tener que ver con determinada empresa constructora; son distintas empresas las que tienen adjudicadas las obras desde la gestión anterior, hace tres o cuatro años, y aún no se concluyen. Incluso hay un barrio de Las Heras cuya acta de inicio data de mayo de 2013.
En realidad, hay otras 1.500 viviendas que fueron licitadas y adjudicadas en la era Pérez y que nunca empezaron a construirse. Fueron re licitadas por la actual gestión y que actualmente también están en ejecución.
Esos contratos firmados antes del 10 de diciembre de 2015, fueron considerados caídos por la actual administración provincial y el trámite volvió a fojas cero. Ésas son las primeras que podrían considerarse fruto de la actual gestión, pero simplemente porque el proceso licitatorio volvió a realizarse.
Eso tampoco da por terminadas las casas que se licitaron en la gestión anterior. Hay otras 476 viviendas que también firmaron contratos antes de diciembre de 2015 y que los adjudicatarios presionaron para que no fueran re licitadas, pero se empezaron a construir con Cornejo en la Gobernación. “Les dijimos que los proyectos tienen problemas, pero pidieron que se iniciaran sin re licitar. Ésas son las que nos dan más dolores de cabeza”, dijo Buvinic.
La buena noticia es que de los 38 barrios que Pérez dejó apenas iniciados, dos se entregaron la semana que pasó (ver aparte). Así es como la gestión del IPV sigue atada al pasado, a 25 meses de haber cambiado el signo político que conduce Mendoza.
Tres barrios con máxima prioridad para el Gobierno
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) re licitó en esta gestión 1.500 viviendas, de las cuáles 689 se iniciaron en agosto del año pasado, 427 se iniciarán en abril, 266 en mayo y el resto empezarían en agosto próximo.
Además se están construyendo 476 casas que se licitaron en la gestión anterior y que los adjudicatarios pidieron que no fueran re licitadas, las que la jefa del Departamento Técnico, Ivanna Buvinic, llama "dolor de cabeza".
El resto de las 3.015 viviendas en ejecución que tiene el IPV, algo más de 1.500 corresponden a las que se iniciaron en la gestión de Francisco Pérez y que aún no se concluyen.
Además, el Instituto está trabajando en la urbanización de 352 lotes en los que luego se construirán barrios nuevos.
De lo que se viene y que está más avanzado para licitarse son tres obras que el presidente del IPV, Damián Salamone, denomina de interés provincial: 35 casas destinadas a los asentamientos que entorpecían la obra del Metrotranvía a Las Heras, 120 que corresponden a gente que deberá ser relocalizada por la construcción de la doble vía a San Juan y 14 destinada a familias que deberán ser ubicadas fuera de la traza de la ruta conocida como Variante Palmira, que unirá esa localidad del
Este con la ruta 40 a la altura de su intersección con la Ruta Internacional 7, que se construirá para desviar la carga pesada que va hacia o viene desde Chile para que no entre al Gran Mendoza.
Por el paso del tiempo, cuestan más del doble
El martes pasado se entregaron dos barrios: uno en Tunuyán y otro en General Alvear. Los dos están incluidos en el listado de 38 que se vienen arrastrando desde la gestión de Francisco Pérez.
En el Valle de Uco fue el barrio Los Cerezos, constituido por 29 casas que se iniciaron el 5 de enero de 2015; en el Sur se entregaron 26 casas de la tercera etapa del Soemga VI, cuyas obras comenzaron el 4 de mayo de 2015.
Mes más o menos, son tres años de demora en la entrega. Pero también está el problema de las redeterminaciones de precio. Cuando se firmó el contrato, Los Cerezos estaba presupuestado en $ 10,3 millones, a los que se le sumaron otros $ 16,3 millones por ajuste de costos; en el caso del barrio Soemga VI, el monto licitado fue de $ 9,4 millones y la redeterminación ascendió a $ 15 millones más.
En detalle
38 barrios son los que suman las 1.600 casas que dejó sin terminar la gestión anterior.
6 barrios en Maipú
5 en Godoy Cruz
1 en Luján
3 en San Rafael
2 en Tupungato
4 en Tunuyán
1 en General Alvear
1 en San Carlos
4 en Guaymallén
4 en Las Heras
2 en Capital
1 en Junín
2 en San Martín
1 en Rivadavia
1 en Lavalle
Se vienen las Jornadas de Justicia Abierta
Las Terceras Jornadas de Estado Abierto, denominadas Justicia Abierta, se desarrollarán el 17 y 18 de abril en la Universidad Nacional de Cuyo y en el Poder Judicial de Mendoza bajo la consigna “Aportes desde el Poder Judicial para la Construcción de un Estado Abierto”. Esta propuesta busca abordar la filosofía y los principios del Estado Abierto aplicados y contextualizados en el ámbito de la Justicia.
Durante los 2 días de debate y análisis se tratarán, mediante distintas ponencias y exposiciones, 5 ejes temáticos:
Datos Abiertos: impacto para la gestión de una Justicia Abierta.
Acceso a la justicia y control ciudadano.
La Justicia Abierta, los medios de comunicación y el periodismo de datos.
El Poder Judicial en un Estado Abierto: experiencia y desafíos.
Contará con la participación de referentes en el tema como Francisco Javier Velázquez López, actual secretario General del CLAD (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo); Sandra Elena, coordinadora del Programa de Justicia Abierta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; y Oscar Oszlak, especialista en tecnología para la organización pública.
Las jornadas son organizadas por la Secretaría de Políticas Públicas y Planificación de la UNCuyo, el Poder Judicial de Mendoza, junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Cuenta con los avales académicos e institucionales del CLAD y la RAGA (Red Académica de Gobierno Abierto); adhieren y auspician el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia del Gobierno de la Provincia de Mendoza, las facultades de Derecho y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo; y el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH).
