El Gobierno nacional, a través de Ministerio de Seguridad, pretende endurecer su postura para deportar a las personas de nacionalidad extranjera que cometen delitos en el país. En Mendoza hay más de 100 condenados de otros países, que podrían aplicar al método de expulsión una vez que cumplan su condena. Sin embargo, para la oposición se trata de una "maniobra distractiva" para ocultar los problemas económicos del país y así "intentar tapar la ineficiencia".
En temas de seguridad, uno de los paladines del gobierno de Mauricio Macri en el Congreso es el mendocino radical, Luis Petri. En diálogo con Los Andes, sostuvo que es "imprescindible" establecer una suerte de procedimiento "que permita la rápida expulsión de aquellas personas extranjeras que cometieron delitos en el país". No obstante y para el caso de los delitos graves, el diputado indicó que primero deberían cumplir la totalidad de la condena en el país y luego ser expulsados.
Según manifestó el legislador, el procedimiento actual de expulsión de extranjeros que cometieron delitos existe, pero "no siempre funciona" debido a los largos procesos que se deben tomar para efectivizar la acción. De hecho, indicó que en muchos casos la espera entre procedimientos administrativos y judiciales, ha tomado siete años. "Cuando se recorre todo este proceso y se está en condiciones de expulsar a esa persona, en muchas ocasiones no es hallada, porque cambió domicilio. Por eso creemos necesario que se agilice el procedimiento", destacó.
En ese sentido indicó que se debería hacer más rápido ese proceso a través de un proyecto que presentó a finales del 2018, que aplica procedimientos abreviados y sumarios "que garantizan el derecho a defensa, pero también su rápida expulsión si así termina decidiendo la Justicia".
En Mendoza, según informó el ministerio de Seguridad, hay 129 extranjeros presos por delitos provinciales en una población carcelaria de 4.606 internos. Si bien no es un número alto, ya que representa al 2,8 por ciento del total, en el país el número se incrementa, ya que de los aproximadamente 80.000 presos en todas las cárceles, casi 5.000 son extranjeros.
Además, la relación cambia en lo concerniente a delitos federales, donde cerca del 20 por ciento del total -también a nivel nacional- son extranjeros, mayoritariamente presos por narcotráfico. En Mendoza, de los 129 condenados extranjeros, 38 son por delitos federales (de un universo de 640 presos federales, lo que corresponde a un 6% del total).
El Gobierno Nacional tiene una lista de 1.000 extranjeros con antecedentes penales que buscará deportar, según dijo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Recordemos que este tema tomó impulso luego de los incidentes en los alrededores del Congreso Nacional cuando se debatía el Presupuesto 2019 y la Policía Federal detuvo a dos venezolanos, un paraguayo y un turco.
No obstante, Petri va más allá y pide también que aquellos que cometieron delitos que no sean excarcelables, "cumplan toda la condena sin beneficiarse con la figura del extrañamiento", que otorga la expulsión del país cuando se cumple la mitad de la condena. "En muchos casos una vez que llegan al país de origen, vuelven a ingresar a la Argentina de manera ilegal para seguir cometiendo delitos", aseguró.
Mientras tanto, el director nacional de Migraciones, Horacio García, sostuvo a radio Mitre que Argentina "es el país más abierto de Latinoamérica" para recibir migrantes, pero aclaró que el Gobierno no quiere "que sigan viviendo en el país" aquellos que delinquen y "rompieron el contrato de confianza".
"Los que vienen a trabajar, producir y estudiar tienen las puertas abiertas, pero aquellos que rompen con esa confianza, queremos que no sigan viviendo en la Argentina", acotó.
Crítica del peronismo
Quien salió a cruzar a Petri fue el también diputado nacional y presidente del Partido Justicialista, Guillermo Carmona, quien sostuvo que se trata de una estrategia para tratar de ocultar temas como los sensibles problemas económicos que está atravesando el país.
"Estamos ante una suerte de demagogia punitivista que nada aporta a la sociedad, y los resultados del actual gobierno son paupérrimos en materia de seguridad", indicó ante la consulta de Los Andes.
Además, manifestó como opinión personal que el Gobierno "realiza maniobras distractivas para tapar lo que ocurre con la economía, en vez de gestionar y trabajar en solucionar esos problemas".
"Es demagogia punitivista, lo que no significa que haya que revisar el marco legal de este tema, pero creo que estas soluciones mágicas resultan inconducentes porque aparecen claramente como maniobra distractivas que intentan tapar la ineficiencia de sus acciones", culminó.
