El gobierno de Alfredo Cornejo ya trabaja con la idea de una doble convocatoria a audiencias públicas. Ambas serán parte de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) para la construcción de la presa Portezuelo del Viento en Malargüe. Una de ellas será en Mendoza bajo la ley ambiental provincial. La otra en el Congreso, siguiendo la normativa nacional.
"Vamos a ir sobre seguro. No queremos que se repita lo de las presas de Santa Cruz (Cepernic y Kirchner, a punto de volver a llamarse Cóndor Cliff y La Barrancosa), cuya construcción la Corte ordenó detener por la ausencia de la audiencia pública nacional", confirman entre los estrategas mendocinos.
"Es muy difícil que la Corte vaya a judicializar una decisión de gobierno pero puede poner objeciones de procedimiento", se atajan, y muestran estar dispuestos a evitar cualquier 'sorpresa procesal'.
En tanto, en La Pampa, el gobierno de Carlos Verna trabaja sobre la presentación judicial contra el dictamen de Mauricio Macri que posibilitó el avance del proceso.
"Vamos a ir a la Corte para pedir la nulidad del laudo arbitral", confirmó el gobernador pampeano. Esto puede suceder a partir del jueves cuando termine la feria judicial.
Carlos Verna, además, reclama una megadeclaración de impacto ambiental que abarque la totalidad de la cuenca del Colorado.
"En el comité ejecutivo de Coirco está en trámite la contratación de las universidades del Litoral y de La Plata para realizar un estudio ambiental de toda la cuenca", afirma.
Hace casi dos años el gobernador pampeano también había pedido al presidente Macri que el Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado) tuviera el manejo de la presa pero la respuesta fue el rechazo presidencial a través del laudo.
Construir es la prioridad
"Ahora esperamos la licitación de Portezuelo y que se construya", manifestó a su vez Cornejo. En el gabinete mendocino dos ministros (Dalmiro Garay, de Gobierno, y Martín Kerchner, de Economía) confirman que esperan el inicio de la obra durante la actual gestión.
En 2011 se intentó una licitación que no avanzó, sobre la base de un proyecto hidroeléctrico que preveía su inauguración en 2015 con una presa de embalse de 181 metros de altura y una potencia instalada de 210 mw.
Por entonces mostraron interés las cuestionadas Odebrecht, OAS e Iecsa, además de Techint y las mendocinas Ceosa, Cartellone y Pescarmona.
Larga data
Entre Mendoza y La Pampa existen seis décadas de conflictos que incluyen a las aguas de los ríos Atuel y Desaguadero, las regalías de los Nihuiles (que por más de cuarenta años vienen compartiendo por mitades y hoy Mendoza busca volver a concentrar tras un dictamen favorable de procuración), más la presa Portezuelo del Viento con o sin el trasvase de -al menos- una cuarta parte del río Grande al Atuel.
Solucionado en 2013 el conflicto interprovincial por la promoción industrial (que enfrentó durante 34 años a Mendoza, en alianza con La Pampa, contra San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca), el diferendo entre los antiguos aliados contra 'el cerco promocional' pasó a ser el de mayor volumen interprovincial de la región.
El gobierno mendocino trabaja sobre la base de un cronograma que tiene prevista una finalización de la declaración de impacto ambiental -en la que trabajan la UNCuyo y la UTN- hacia el mes de julio o agosto próximos y una convocatoria a licitación que no pase de diciembre, aunque el laudo presidencial permite licitar pero no adjudicar sin la DIA.
Aunque hace más de una década el presidente Kirchner y el gobernador Cobos habían acordado una licitación provincial de la obra, ahora el presidente Macri y el gobernador Cornejo acordaron que licite la Nación sobre la base de unos pliegos trabajados en conjunto.
La nueva metodología dejó de lado la del cronograma de pagos nacionales de acuerdo al avance de obra que se acordó en una adenda adicional firmada en 2007 entre el gobernador Julio Cobos (ya vicepresidente electo) y el ministro de Planificación, Julio De Vido.
Mil fojas
En el gobierno provincial consideran que las audiencias públicas "van a estar antes del llamado a licitación" y confirman que "se está trabajando en los pliegos de una obra que contempla el traslado y reubicación de la población de Las Loicas, la rectificación de la traza de dos rutas (una nacional y otra provincial), la construcción del paredón y de una línea de alta tensión y la instalación de las turbinas. Y adelantan que esos pliegos "tendrán mil fojas".
La obra será construida por la Nación y pasará a ser propiedad del Estado de Mendoza. El manejo de la presa quedará en manos de Irrigación (a lo que La Pampa se opone) a través de pautas acordadas en el Coirco, el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado que integra Mendoza junto a Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires.
La central hidroeléctrica posiblemente sea gerenciada y operada por la empresa provincial Emesa, por sí misma o a través de un operador externo.
Aunque estos son temas que tendrán una definición final más adelante. Los dividendos y las regalías de Portezuelo, quedarán para el Estado mendocino.
El gobierno de Alfredo Cornejo va por Portezuelo del Viento sin las obras simultáneas del trasvase del río Grande al Atuel, que quedarán contempladas para más adelante.
El proceso para la construcción de la megacentral hidroeléctrica en el río Grande corre paralelo al de la resolución de la cantidad de agua que deberá dejar pasar Mendoza hacia La Pampa por el río Atuel para la preservación del ecosistema pampeano.
Este martes se volverá a reunir el grupo técnico de ambas provincias y el miércoles el consejo de la Ciai (Comisión Interprovincial del Atuel Inferior).
Será a catorce días del vencimiento del plazo que fijó la Corte Nacional para que se defina de común acuerdo el volumen de la escorrentía y las obras necesarias para sostenerlo en el tiempo. Si en dos semanas Mendoza y La Pampa no se ponen de acuerdo resolverá la Corte Suprema.
