Un largo proceso para concretar un alquiler. Finalmente por la acordada 25.396 de noviembre de 2013 la Suprema Corte mendocina adjudicó al local de calle San Martín 1225/47 de Godoy Cruz un contrato de tres años. Desde entonces, el Poder Judicial paga más de 80 mil pesos por mes por ese local, pero las dependencias que iban a instalarse allí aún no funcionan.
El inmueble es un local comercial de 1.400 metros cuadrados ubicado en calle San Martín a metros de Alvear, en el que anteriormente funcionaba un conocido bowling. Hace casi dos años que el local está cerrado y más de un año que, a pesar de no tener movimiento, la empresa propietaria Dencosur SA viene cobrando el abultado alquiler.
El local albergaría varias reparticiones del Poder Judicial, particularmente la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de la Primera Circunscripción Judicial, que aún no se mudan porque no se concluyen las obras de adaptación.
El tema fue tratado en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara de Diputados. La noticia surgió el martes, cuando el coordinador de Políticas Públicas de la Suprema Corte, Raúl Vicchi, fue recibido por la LAC para dar informes que fueron requeridos por el diputado Pablo Narváez (UCR).
No se trata de una operación menor. El traslado de la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial implica desalojar dos pisos del edificio del Poder Judicial de calle San Martín 322 de Ciudad, un lugar donde el espacio nunca es suficiente.
El contrato de alquiler es por tres años y tienen cláusula de actualización del canon. El primer año es por $ 81.000, el segundo por $ 105.000 y el tercero por $ 136.000. Es decir que a esta altura se estaría pagando el canon de alquiler correspondiente al segundo año del contrato y que en total, ya se habrían pagado más de 1,2 millón de pesos en concepto de alquiler, sin haber usado el local.
Un dato curioso es que el arrendatario anterior, el dueño del bowling Tork, pagó $ 20.000 hasta el final de su contrato (durante 2012). Es decir, en un año se cuadruplicó el valor del arriendo.
Según Vicchi, el edificio fue entregado al Poder Judicial a principios de 2014, porque el dueño de la propiedad debía realizar obras complementarias antes de entregar las llaves. A partir de la firma del contrato y la posesión efectiva de la propiedad, se inicia el expediente 470/2014 para hacer el llamado a licitación de las obras de adecuación del inmueble a las necesidades de las reparticiones que se instalarían en el lugar.
El expediente pasó por el departamento de Proyectos Técnicos para preparar el pliego (hasta el 11 de marzo de 2014), pasa al Consejo de Obras Públicas e intervienen la Contaduría General de la Provincia, la Dirección de Contabilidad y Finanzas y Secretaría Legal y Técnica, donde hay decisión favorable a las obras el 8 de abril del año pasado.
Fiscalía de Estado también se expide el 24 de abril. Nuevamente al Consejo de Obras Públicas y luego a la Suprema Corte; el 30 de abril de 2014 se firma la acordada 25.642 en la que se autoriza el llamado a licitación. La fecha de apertura de sobres de propuestas se hizo el 30 de julio del año pasado.
Más pases administrativos a la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Poder Judicial, el Departamento de Proyectos Técnicos, la Dirección de Informática y la Secretaría Legal y Técnica.
Recién el 22 de octubre de 2014 se adjudican las obras a la empresa Maures S.A. por $ 5.389.271,15; el contrato se firma el 11 de noviembre y el sellado se hizo el 19 de noviembre último, un año después de la firma del contrato.
Según el funcionario de la Suprema Corte, “hubo tres llamados a licitación para encontrar un contratista que hiciera la obra. Además no había disponibilidad de fondos para poder iniciarla”.
El plazo de obra es de 150 días, el que se cumpliría en abril. Vicchi informó que las nuevas dependencias serán inauguradas el 11 del mes que viene y que incluirán un nuevo sistema informático que fue adquirido por un préstamo del Banco Mundial. Para cuando se habilite, ya habrá transcurrido casi la mitad de los tres años fijados en el contrato de alquiler.
