Política
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hace 2 horas
El país despertó este lunes conmocionado por la muerte de Alberto Nisman, el fiscal que acusó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de "encubrir" a Irán en la causa por el atentado de 1994 contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires.
La muerte de Nisman, encontrado ayer junto a un arma en su apartamento, parece un "suicidio", dijo el secretario de Seguridad, Sergio Berni, poco después de que la fiscal que lleva el caso pidiera "prudencia".
El fallecimiento se anunció el mismo día en que Nisman debía comparecer ante el Congreso para explicar su denuncia contra Kirchner y el canciller Héctor Timerman.
"La muerte de Nisman no tiene de normal absolutamente nada", dijo el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, al declararse "estupefacto".
El fiscal Nisman, de 51 años, acusó el miércoles a Kirchner, Timerman y otros funcionarios de haber tramado una "maniobra" para "encubrir" a Irán por su supuesta implicación en el atentado contra la AMIA que dejó 85 muertos y 300 heridos en 1994.
Ese día, Fernández, en nombre del Gobierno de Kirchner, consideró la denuncia "ridícula".
La fiscal Viviana Fein, a cargo de la investigación de la muerte de Nisman, confirmó su fallecimiento por un arma de fuego, calibre 22, encontrada junto a su cuerpo en un lujoso edificio de Puerto Madero en Buenos Aires.
El cuerpo del fiscal fue hallado por su madre, tras ser contactada por los custodios personales del fiscal -10 agentes de la policía en total- quienes alertaron a la familia ante su falta de respuesta a llamadas el domingo.
Nisman había sido designado en 2004 por el fallecido expresidente Néstor Kirchner como fiscal especial para la causa AMIA, un año después de que un juicio fuera anulado por irregularidades en la investigación.
La denuncia
Nisman, divorciado de una jueza y padre de dos hijas, interrumpió sus vacaciones en España y viajó a Argentina la semana pasada para divulgar su controversial denuncia.
El fiscal pedía que se indagara a Kirchner por haber favorecido la firma en 2013 de un Memorando de Entendimiento entre Argentina e Irán para poder interrogar a los acusados en un tercer país y avanzar en una causa estancada desde hace 20 años.
La acusación de Nisman fue el último de una serie de enfrentamientos entre altos funcionarios con la justicia sobre el esclarecimiento de este atentado.
Además de la indagatoria, solicitó un embargo preventivo de bienes por 200 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) de Kirchner, de Timerman y otros dirigentes.
Según el fiscal, la posición del gobierno de Kirchner obedecía a su interés "por el petróleo iraní" para restablecer relaciones comerciales de Estado a Estado.
El gobierno rechazó la denuncia del fiscal, lo calificó de mentiroso y atribuyó la actuación de Nisman a una operación de los servicios de inteligencia.
El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), ONG a la que están adheridas 140 instituciones judías de la nación sudamericana, dijo: "Volvió a estallar la bomba de la causa AMIA" y consideró esta muerte como una "catástrofe".
"Un asesinato"
La diputada Patricia Bullrich afirmó que "un fiscal muerto antes de dar un informe al Congreso en una causa donde hay terrorismo internacional me parece de una enorme gravedad".
La diputada dijo que el sábado habló con Nisman por teléfono en tres ocasiones y le mencionó que había recibido amenazas.
Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, dijo sin tapujos que era "un asesinato", que esta muerte "era previsible" y no reconoció "la versión del suicidio".
Para la audiencia de este lunes el fiscal solicitaba que su comparecencia fuese en privado, pero parlamentarios oficialistas exigían que fuera pública y transmitida por televisión.
En Twitter varios hashtag con palabras claves del suceso figuraban entre los más populares a media mañana del lunes, cuando #Nisman y #CFKAsesina -las iniciales del nombre de la Presidenta- se imponían entre los seguidores de esta red social.
Acusación "vil"
El gobierno argentino rechazó de plano la "vil" denuncia del fiscal el jueves.
La firma de un memorándum de entendimiento con Irán tensó las relaciones entre el gobierno kirchnerista y esta comunidad, integrada por unos 300.000 miembros, la mayor de América Latina.
El gobierno ha defendido el acuerdo bilateral con Irán para investigar a los acusados de planificar el ataque. Cinco exfuncionarios iraníes, entre ellos un expresidente, actuales ministros y dirigentes religiosos locales, tienen pedido de captura internacional de Interpol a solicitud de la justicia argentina.
Desde marzo de 2012, espera fecha un juicio contra el expresidente Carlos Menem (1989-1999) acusado de "encubrimiento agravado" de la llamada "conexión local", que dio la logística para perpetrar el atentado.
