Mientras aumentaba la angustia familiar por la suerte de Gregoria Flores, de quien no se tenía noticias desde el martes 20 de febrero, en la madrugada de ayer, José Llanos (20), su pareja, no sólo llamó al 911 para confesar el crimen, sino que después orientó a la Policía hacia el lugar donde había ocultado el cuerpo de la mujer de 30 años, madre de cuatro hijos.
Según lo informado ayer por el Ministerio Público Fiscal, el fiscal de la causa se encontraba "trabajando" en el lugar, por lo que postergó, apenas por unas horas, conocer en detalle el desarrollo de este tercer femicidio ocurrido en la provincia en los 59 días transcurridos de 2018.
Gregoria Flores, de nacionalidad boliviana, trabajaba como obrera rural (en esta época se dedicaba a la cosecha de cebolla) y vivía en una casa ubicada sobre la ruta 31, en el interior de la finca Tejerina.
Su cuerpo fue encontrado de espaldas y semi enterrado al lado de una vivienda abandonada (sobre calle Nanclares y carril San Pedro, dentro del mismo predio).
Ese sitio, presumiblemente, fue el escenario donde hubo una discusión que terminó de la peor manera, cuando Gregoria fue golpeada con un elemento contundente, como puede ser un ladrillo (restos de uno fueron secuestrados en el lugar) o fue tal vez algo premeditado, para lo cual el agresor habría utilizado una pala, herramienta que también fue incorporada a la causa.
Arrepentido
Según se conoció después, José Llanos, desapareció de su lugar de residencia el mismo día en que se reclamó por el paradero de Gregoria.
Investigaciones realizadas en la zona lograron determinar que el hombre llegó a la ciudad de Mendoza en ómnibus, desde donde partió a Jujuy para, según quedó registrado por Migraciones, cruzar el jueves 22 hacia su país de origen: Bolivia.
Sin embargo, el "arrepentimiento" lo llevó a regresar, por la misma vía, a la zona Este, donde confesó su crimen, dando intervención al personal de la comisaría 39° de San Martín, bajo las directivas del fiscal Martín Scattareggi, quien en base a la confesión de Llanos podría determinar su inmediato traslado al penal.
Los cuatro hijos de la víctima (de entre 4 y 12 años) quedaron a disposición de la OAL.
