Mendoza se sumó en estos días a la serie de propuestas que desde todo el país se realizan para la elaboración de la reforma del Código Penal nacional, que el presidente Macri pretende anunciar, para su abordaje en el Congreso, con motivo de la próxima inauguración del período ordinario de sesiones legislativas.
Junto a colaboradores, el gobernador Alfredo Cornejo recibió a los principales referentes de la comisión de expertos que a nivel nacional participan para delinear el texto que deberá ser discutido desde las bancas del Senado y la Cámara de Diputados.
Quienes promueven esta reforma coinciden en que el Código Penal vigente tiene, en sus casi 100 años, tantas modificaciones y leyes complementarias que hacen muchas veces dificultoso conocer en detalle todo lo que no está permitido o las penas a aplicar en distintos casos.
Es por ello que resulta muy destacable que se esté dando en estos tiempos una discusión nacional muy amplia que dé cabida a propuestas que, sin necesidad de que estén contenidas luego en la reforma a promoverse y seguramente implementarse, tengan el nivel de debate que merece la sociedad y que la madurez institucional de nuestros juristas debe garantizar tras más de tres décadas de vida democrática ininterrumpida.
Con motivo de esta suerte de derrotero para recoger aportes, se lleva a cabo un intercambio de experiencias y miradas en el que están representados el Congreso de la Nación, sectores académicos y asociaciones civiles. Por otra parte, está pendiente de lo que sucede un amplio porcentaje de la ciudadanía, que en muchos casos exige ser escuchada con sus experiencias sobre las falencias que indudablemente soporta la sociedad en materia de legislación penal y que deberían ser salvadas en esta oportunidad.
Justamente, en años recientes fracasaron tres proyectos de reforma ambiciosos en virtud de la poca predisposición de los distintos sectores de la comunidad para internarse en temas de inocultable actualidad, como el aborto, la reincidencia en asuntos delictivos o la limitación temporal de las penas. En la elaboración del nuevo código no sólo se incluyen estos aspectos; además se discute sobre asuntos clave para la nueva normativa, como libertad condicional, decomiso de bienes, prisión domiciliaria, límites a la discrecionalidad de los jueces, la figura del arrepentido, imprescriptibilidad de los delitos de genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada de personas y crímenes de guerra. También se pretende legislar con más agudeza en lo relativo a acoso sexual, pornografía infantil, delitos contra el orden público y varios ítems más.
El doctor Mariano Borinsky, que lidera la mencionada comisión de expertos que aporta al proyecto de reforma que presentará en no mucho tiempo más el presidente Mauricio Macri, destaca en sus apreciaciones sobre la legislación que está siendo promovida que el desafío dirigencial sobre este tema es “darle a la sociedad un contrato social moderno que fije los delitos y las penas en forma coherente” y que, en síntesis, se logre un nuevo Código Penal “que permita impartir justicia y una aplicación efectiva de la ley penal, en tiempo oportuno, dando protección a la víctima y seguridad jurídica a la sociedad”.
Es justo advertir que en Mendoza el actual gobierno ha puesto el foco en los temas vinculados con la legislación sobre distintos delitos y por eso planteó el año pasado la modificación del Código de Faltas y en lo sucesivo promete promover otras leyes directamente dirigidas a sancionar a quienes delinquen poniendo en riesgo la convivencia y la seguridad.
Es de esperar que esta actualización contribuya a generar la imagen de una Argentina que pretende proyectarse al mundo sobre bases sólidas, que incluyan el respeto a las instituciones, la seguridad jurídica, la convivencia democrática y el firme combate a la corrupción y a los actos delictivos incluidos en la discusión del futuro Código Penal.
