La investigación que lleva a cabo el juzgado a cargo del doctor Claudio Bonadio es nuevamente esperanzadora para la vida republicana de los argentinos, que con el transcurso de los años se fueron acostumbrando a convivir con hechos de corrupción cada vez más enquistados en casi todas las estructuras del Estado.
Si bien la corruptela es un mal con antecedentes remotos en nuestro país, no se puede dejar de señalar que fue durante los tiempos del kirchnerismo cuando muchísimos jueces y fiscales dejaron de lado sus responsabilidades con la ciudadanía en cuanto a la administración de justicia por la fuerte presión del poder político o directamente por temor a represalias y cobardes conveniencias.
Por ello la sociedad argentina viene exigiendo a los jueces más celeridad y eficiencia en la resolución de las causas que contienen investigaciones de casos de corrupción.
Y es lo lógico, sólo de ese modo nuestro país podrá salir de las ataduras actuales de ese mal y marcar un rumbo que haga normal y necesario el combate contra este detestable delito.
Una reciente auditoría realizada por el Consejo de la Magistratura nacional reveló que el 92 % de las causas por hechos de corrupción en los últimos 20 años no han llegado ni siquiera a juicio. Dato lapidario y lamentable.
Debe tenerse en cuenta que la corrupción enquistada en el Estado no sólo sirvió para el enriquecimiento de funcionarios y empresarios vinculados al poder de turno, como queda demostrado en la larga etapa de gobiernos kirchneristas, sino que impidió que recursos provenientes del esfuerzo de los argentinos se volcaran en aspectos fundamentales como la educación, la salud, la seguridad y la obra pública bien entendida. Justamente, el área de la infraestructura fue uno de los reductos de la corrupción que caracterizó a las administraciones del país entre 2003 y 2015.
Por otra parte, la comprometida situación de la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lleva al juez de la causa a pedir autorización al Senado, donde la ex primera mandataria ocupa una banca por la provincia de Buenos Aires, para allanar sus domicilios en busca de documentación que fortalezca las evidencias ya aportadas.
Este reclamo judicial exige serias definiciones al grueso de la oposición justicialista, que no comulga política y metodológicamente con la senadora y sus actuales seguidores y cuenta con un número de legisladores definitorio a la hora de tomar decisiones tan trascendentes como ésta de los allanamientos.
Debe recordarse que a fines del año pasado fueron los mismos senadores los que no dieron curso a un pedido de desafuero de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de otra investigación judicial por su presunto encubrimiento en la causa Irán.
En ese momento argumentaron que dicho paso no puede darse sin antes existir una sentencia firme contra el acusado.
Pero, en esta oportunidad la actitud senatorial debería ser la de permitir los allanamientos por el valor que tiene la búsqueda de pruebas en el rumbo de una investigación tan crucial como la de los cuadernos.
Además, como ocurrió en Diputados con Julio De Vido, la gravedad y la contundencia de la evidencia debería hacer pensar a los senadores, incluso los peronistas, en el posible desafuero de la señora Cristina Fernández si el juez lo solicita.
La clase dirigente argentina tiene la oportunidad de limpiar sus culpas por años de silencio y connivencia al amparo de la dura condena que acredita la enorme corrupción del kirchnerismo.
