No caben dudas de que la inseguridad concentra la mayor preocupación de la población, superando inclusive a la inflación en el ranking de inquietudes. El número de delitos ha crecido en forma geométrica durante los últimos años y no es un problema que atañe sólo a la provincia, sino que alcanza a la totalidad del país.
Las “soluciones” implementadas por las autoridades nacionales no han dado los resultados esperados porque se trata de un tema complejo, que tiene inclusive una raíz eminentemente social.
Jóvenes que incurren en el delito ante la imposibilidad de ingresar al sistema laboral y sin contención familiar, que son fácilmente captados para hacerlos ingresar en el mundo del delito, suelen constituir el caldo de cultivo ideal para fogonear el problema.
A ese panorama se le suma el ingreso de los cárteles de la droga, algo que ha sido reconocido a nivel nacional donde ya no se habla de país de tránsito, sino que, lamentablemente, la Argentina ha caído en la calificación de productor y distribuidor.
La inseguridad se convirtió en el tema central de campaña durante las últimas elecciones, especialmente en la Capital Federal y el conurbano bonaerense.
Sergio Massa, el gran ganador del comicio, basó su propuesta para captar votos en la labor que desarrolla en materia de seguridad en el municipio de Tigre, del que es intendente y donde se combina el control a través de las cámaras de seguridad con policías municipales. Muchos intendentes se sumaron a la iniciativa de tener también policías propias.
Los ecos de esos planteos llegaron a Mendoza, donde también se instaló el tema, pero la pregunta del millón es establecer si son necesarias o no para enfrentar la lucha contra el delito. Esencialmente porque su función es de prevención y de complemento de la actividad efectiva que debe realizar la policía.
Puede llegar a resultar interesante si, por ejemplo, la presencia de personal “municipal” deriva en la liberación de tareas que hoy desarrolla el personal uniformado en el control vehicular, en las rutas o en algunos nudos viales. Allí el personal policial actual podría ser muy bien reemplazado por el comunal, como sucede en la Capital. De esa manera la policía podrá contar con mayor número de efectivos para actuar contra el delito.
La pregunta restante se centra en establecer si los presupuestos municipales -actualmente muy acotados- están en condiciones de absorber el ingreso de mayor cantidad de personal para que actúe en la tarea de prevención.
Y, si ese financiamiento surge desde la Provincia, sería mucho más efectivo que se destine directamente a ampliar la planta de personal de la policía y a dotarla de los elementos suficientes para poder cumplir con eficiencia sus tareas.
También podría ser derivado a la instalación de cámaras de seguridad en los lugares más conflictivos o colocarlas de forma tal que se pueda realizar un seguimiento de algún vehículo, como sucede en algunos municipios bonaerenses.
El problema de la inseguridad ha alcanzado un nivel tal de preocupación en la sociedad que exige la necesaria profundidad en el tratamiento de los temas por parte de los organismos correspondientes.
En la Legislatura provincial hay entre 5 y 8 proyectos destinados a alcanzar parte de la solución y las autoridades han prometido celeridad en su tratamiento.
Es un tema complejo que comprende también aspectos socioeconómicos. La policía municipal, como tal, puede servir como complemento, pero no alcanzará para lograr la solución que la gente reclama.
