Los argentinos no salen de su asombro luego de una serie de sucesos ocurridos en las dos últimas semanas en el marco de las investigaciones judiciales de hechos de corrupción durante las gestiones kirchneristas de más de una década.
La detención de José López, no sólo ex funcionario sino hombre de estrecha confianza del matrimonio Kirchner desde los tiempos de Santa Cruz, intentando esconder en un convento de monjas bonaerenses bolsos con millones de dólares; la posterior detención de quien está acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de la efedrina, Ibar Pérez Corradi, fuera del país luego de años prófugo de una Justicia y un poder político que poco y nada hicieron para hallarlo, y la explosiva confirmación de la existencia de cuentas con dinero “negro” en Suiza en poder de Lázaro Báez y sus hijos, conformaron una sucesión de hechos que, realmente, sobrepasan la capacidad de reacción de muchísima gente.
A ello se suman más procesamientos de ex funcionarios kirchneristas de alto rango en todo lo que tiene que ver con el manejo de Fútbol para Todos y también la confirmación de irregularidades en el uso de los recursos para la campaña de la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Esto que se vive debe servir de acicate para mover a una Justicia por lo general oportunista, que cumple su rol siempre y cuando los aprietes desde los sectores de poder no sean demasiado comprometedores.
Si es posible, esa Justicia debe ser mejorada en todos sus niveles, de modo que sus miembros actúen por convicción más que por oportunidad.
La reciente confirmación del Senado de los dos miembros propuestos por el Poder Ejecutivo para completar el número de jueces de la Corte Suprema de la Nación hace alentar la posibilidad de que dicha normalización se traslade hacia el resto del Poder Judicial en forma de garantía de imparcialidad e idoneidad para actuar.
Ambos magistrados llegan con buenos antecedentes para la función que deberán cumplir. Horacio Rosatti renunció en su momento como ministro de Justicia de Néstor Kirchner por no querer convalidar sobreprecios en el rubro de la construcción, mientras que Carlos Rosenkrantz estudia y se pronuncia a través de escritos sobre la posibilidad de reapertura de las causas judiciales que tienen que ver con enriquecimiento ilícito y corrupción.
Justamente, en los últimos días, el ministro de Justicia, Germán Garavano, sostuvo que hay jueces “que deberían dar un paso al costado”.
El funcionario hizo referencia a los años de impunidad que se vivieron durante los gobiernos kirchneristas, si se tiene en cuenta que muchas de las denuncias que ahora han sido llevadas al terreno de la investigación en aquella época directamente no prosperaban.
Es que había magistrados que temían actuar y otros que directamente se sometían a la presión del poder político. Eran muy pocos los que podían o querían cumplir con su deber.
Sin duda, en la Argentina nos encontramos en una bisagra histórica que no debemos dejar pasar, por la cual es necesario ser implacables en todos los casos.
Porque lo de José López, pese a lo que muchos kirchneristas sostienen, es todo menos un caso aislado. Es la punta de un iceberg gigante que incluye muchos aspectos más de los que sospechamos a partir de lo que está saliendo a la luz.
