No habrá sorpresas ni cambios profundos

Con Bachelet en el poder, la necesidad sistémica de una reforma incluirá modificaciones tributarias. La banca internacional vislumbra normalidad y continuidad en las decisiones del nuevo gobierno.

No habrá sorpresas ni cambios profundos

Mañana no debería suceder nada imprevisible en Chile. Si las encuestas leyeron correctamente el ánimo de los electores, la ex presidenta Michelle Bachelet ganará en primera vuelta este domingo. O tres semanas después, en el ballottage que se libraría con la oficialista Evelyn Matthei o, si hay alguna sorpresa en la segunda posición, con el populista Franco Parisi.

Pero sería sólo una demora técnica atento a la enorme diferencia que los sondeos dan a esta médica afiliada al Partido Socialista que debió huir en tiempos de la dictadura para no correr la suerte de su padre, un oficial aeronáutico muerto en la sala de torturas.

¿Cambiará profundamente Chile con este nuevo mandato? Difícilmente. El oficialismo de los partidos asociados del saliente presidente derechista Sebastián Piñera ha agitado el fantasma de un retroceso, reconstruyendo de modo grotesco la imagen izquierdista de la candidata de Nueva Mayoría. Pero es una retórica pobre y oportunista.

Aun con sus intensidades, estos choques no van más allá de las pujas típicas por la renta dentro del sistema capitalista que es el territorio donde también se ubica la inminente presidente. Una observación atenta y objetiva muestra que la discusión política chilena marcha desde el centro a la derecha sin merodear en el antiguo y desaparecido territorio de la izquierda.

La durísima ofensiva de los partidos ex pinochetistas que han denunciado incluso la eventual “chavización” del país de la mano de la favorita electoral -confundiendo de paso la experiencia ultranacionalista conservadora venezolana con alguna forma de izquierda cuando tiene matices fascistas-, es parte de la estrategia para estorbar el camino de una urgente e inevitable modernización del sistema de acumulación en Chile, lo que implicará nuevos ganadores y perdedores.

La necesidad sistémica de ese cambio, que incluirá reformas tributarias, en la estructura social y en la propia Constitución, explica que la banca internacional, con mayor realismo, vislumbre normalidad en la posibilidad del nuevo mandato de Bachelet.

Las grandes políticas económicas que se han mantenido a lo largo de los años en el extenso período de la Concertación y, también, con Piñera, redituaron éxitos notables como la insignificante inflación, mínima desocupación, baja de la pobreza, seguridad jurídica y un crecimiento en torno al 4%.

Pero las sombras han sido igual de vigorosas. Chile es llamado “la Norcorea del capitalismo” por el dogmatismo de mercado que ha defendido, heredado de la dictadura y que quedó atado por una Constitución que cierra el camino a las minorías en el Legislativo y exige condiciones inalcanzables para habilitar reformas.

Ese esquema construyó una economía con perfiles primitivos que impuso que las familias no adineradas, ni siquiera las más pobres, deban elegir entre uno de sus hijos para enviarlo a la universidad y obligar a trabajar al resto porque no es posible pagar el estudio de todos. O que directamente, y aun con esos límites, quiebren ahogados por los préstamos que de todos modos deberán contratar para financiar esos desarrollos. O, aún peor, si algún pariente enferma de gravedad porque la salud es imposible de ser costeada.

En muchos sentidos la centralidad de Bachelet se sostiene en la necesidad de cambio que reflejaron las grandes protestas de 2011. No fueron sólo marchas de estudiantes indignados sino un emergente social originado en la ruina que esta forma de hacer las cosas produce a sus familias.

Ese estado de exclusión está en la base del rechazo de los chilenos a la política, especialmente entre los jóvenes. Si Bachelet reúne alrededor del 50% de adhesión, la Concertación que la respaldó en su primer gobierno, apenas araña 17%. La candidata tuvo la habilidad de sumar a su coalición de Nueva Mayoría a la vanguardia juvenil de aquellas protestas como Camila Vallejo, integrante del otrora poderoso Partido Comunista.

Es una medida arriesgada porque pretende encauzar y controlar, a través del Parlamento, la enorme energía de esos movimientos, pero también implicará una presión directa para el cumplimiento de los compromisos que la ex mandataria ha asumido. Entre ellos el más complejo y del que surgirán todos los otros, que es poner en orden los excesos del esquema distributivo chileno donde 80% de la población está por debajo del índice per cápita promedio de poco más de U$S 19.000 anuales. Ese indicador se sostiene a esos niveles sólo por lo que acumula de exceso el 20% restante.

Aunque hay sectores que repudian duramente ese virtual frente popular, como la nueva presidente de los universitarios, la anarquista Melissa Sepúlveda, que relevó en ese cargo a Vallejo, su constitución tiene sentido en la necesidad de sumar fuerzas para una pelea que será tan difícil como inevitable.

Los escépticos quizá exageren y difícilmente Bachelet engañe a esas bases porque coincide en la necesidad del cambio, debido a que lo contrario implicaría una profundización indeseada e imprevisible de la crisis social. Parte del problema radica en que la presión impositiva en Chile es muy baja, en torno al 20% contra producto, cerca de la mitad de la de Argentina.

Bachelet necesita aumentar los ingresos del Estado para financiar su programa de reforma integral de la educación, que permita que el Estado y no las universidades fijen el arancel. “La educación no es un bien de consumo”, ha dicho la candidata como parte del acuerdo con el liderazgo de las protestas. La modernización incluirá un cambio profundo en la Constitución actual heredada de la dictadura para que puedan ingresar las minorías al Parlamento. El actual sistema binominal implica que un partido con el 35% de los votos coloca un legislador igual que otro con 65%.

Los partidos de la derecha tradicional más conservadora están dispuestos a no ceder sus posiciones de privilegio. Bachelet ha sugerido que busca un acuerdo parlamentario para la reforma de la Carta Magna, pero si no se produce, tiene un arma poderosa en la demanda de casi el 50% de la población para una Asamblea Constituyente que, su sola conjura, hará ceder a los más rígidos defensores del viejo tiempo. Y es que no hay nada que evite que Chile cambie y se modernice. Pero son estos cambios. Nada más.

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