A partir de enero comenzaría a regir la flamante ley que agrava las penas para los conductores que matan al volante. La norma, que prevé modificaciones en el Código Penal, fue aprobada el jueves en la Cámara de Diputados de la Nación luego de haber obtenido la media sanción en Senadores.
La ley aumenta de 3 a 6 los años de prisión para los responsables de la muerte de otra persona al conducir en exceso de velocidad, en estado de ebriedad, luego de haber consumido estupefacientes o al circular en contramano, entre otras agravantes.
De esta forma, quienes incurran en estos delitos no podrán obtener la excarcelación, beneficio que hasta el momento solían conseguir la mayoría de los conductores causantes de estas tragedias.
Justamente por este motivo los principales impulsores de la medida fueron los miembros de la ONG con sede en Buenos Aires “Madres del Dolor”, apoyados por organizaciones de todo el país, incluida Mendoza.
“Actualmente el Código Penal establecía penas de 2 a 5 años para los que matasen al volante y ahora se prevé un incremento de 3 a 6 años cuando se presenten ciertos causales o agravantes”, explicó el diputado nacional mendocino Luis Petri, quien se desempeña como presidente de la Comisión de Seguridad Interior de la cámara baja en el Congreso.
Entre los causales -detalló- está el manejar en exceso de velocidad, superando un 30% la máxima permitida; en estado de ebriedad, con un nivel de alcoholemia igual o superior a 1 gramo por litro de sangre en el caso de los conductores en general y de 500 miligramos por litro de sangre en el caso del transporte público; o bajo los efectos de estupefacientes.
“Conducir en sentido contrario de la circulación o cruzando una señal de semáforo en rojo son otros agravantes”, amplió Petri y sumó como otros puntos el abandono de las víctimas o los siniestros que se produzcan durante las denominadas “picadas” ilegales.
En cuanto a su entrada en vigencia, el legislador estimó que será en los primeros días de enero, ya que es necesario esperar 8 días después de que el Ejecutivo publique el texto en el Boletín Oficial.
Satisfacción local
En nuestra provincia la modificación del Código fue celebrada por el gobierno provincial. “Para nosotros es satisfactoria ya que penaliza a los irresponsables, es decir, a aquellas personas que salen a conducir después de haber consumido alcohol o drogas, que manejan a altas velocidades, entre otros”, expuso el director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, Leonardo Yapur.
El funcionario recordó que previo a esta ley la pena para quienes cometían este tipo de delito era excarcelable. “Quedaba la prisión en suspenso, pero no iba a la cárcel”, remarcó. Por esta razón, esperan que la modificación tenga un efecto disuasivo en los automovilistas y que contribuya a bajar el número de muertes en rutas y calles mendocinas.
“Creo que los conductores van a salir a la calle con mayor responsabilidad porque hay una pena dura”, argumentó Yapur. Por otra parte, señaló la necesidad de que la norma vaya acompañada por una suficiente sanción por parte de la justicia.
Por su parte Omar Pérez, responsable de la ONG Compromiso Vial por Mendoza, relató que han estado en contacto con las organizaciones de Buenos Aires que impulsaron la nueva ley.
“Nosotros pertenecemos a la mesa consultiva de nivel nacional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde se han realizado asambleas para tratar el tema”, contó.
Desde la entidad consideran la norma como una buena medida para que ayude a tomar conciencia, aspecto en el que trabajan firmemente.
“Si la gente normal transita sabiendo que va a tener que pagar de alguna manera por una muerte, tal vez sea otro el cuidado que tomen”, se esperanzó.
A su vez, detalló que como este tipo de delito es considerado culposo y excarcelable, antes de esta ley la persona que mataba al volante pasaba 2 días detenido y luego recuperaba su libertad.
Pérez se puso al frente de esta ONG luego de vivir en carne propia el dolor de perder a un ser querido en un accidente de tránsito. “El 24 de junio de 2011 falleció nuestra hija Vanina con 20 años en un accidente junto a cinco chicos de su edad, incluido el conductor”, recordó con dolor.
Justamente por esta razón trabaja junto a su mujer Alejandra y otros padres de víctimas de siniestros viales dando charlas sobre concientización. “Lo que vimos como gran problema es la falta de educación vial tanto en las escuelas como en las casas, por eso queremos revertirlo”, explicó.
20 muertos por día en el país
Uno de los fundamentos de los impulsores de la ley que agrava las penas para los conductores que matan al volante fue la cantidad de muertes producidas en siniestros viales, que ascienden a 7.500 por año en todo el país; es decir, 20 por día.
En Mendoza, según datos del Observatorio de Seguridad Vial en base a cifras de la Jefatura de Policía Vial, fallecieron de enero a noviembre de este año 122 personas en el lugar de los hechos.
Esta cifra es un 14% menos que en el mismo período del año anterior, cuando murieron 141 personas.
“Si bien hay que esperar lo que resta de diciembre, estimamos que en el total contabilizando las víctimas del lugar del hecho y las que fallecen en hospitales vamos a estar en menos del año pasado”, adelantó el director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, Leonardo Yapur.
Para el funcionario, esta mejora en las cifras es resultado de un trabajo conjunto en las calles y por tareas de sensibilización.
Por otra parte, estimó que la licencia nacional de conducir tuvo un efecto que puede haber colaborado, ya que para obtenerla hay que pasar por un curso, aprobar un examen de idoneidad de manejo, uno teórico y de habilidades psicofísicas.
De todas maneras, aseguró que seguirán trabajando y que lo fundamental es que las personas reflexionen y tomen conciencia. “El 90% de los accidentes de producen por fallas humanas, causas perfectamente evitables”, subrayó.
Cronología
Junio de 2015. El proyecto de la conocida como "Ley de delitos viales", impulsado por la ONG Madres del Dolor, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Luego el proyecto fue enviado al Senado donde estuvo frenado.
Mayo de 2016. Casi un año más tarde y tras la presión de la ONG, el proyecto fue tratado y le hicieron modificaciones.
Diciembre de 2016. Finalmente, el texto volvió a Diputados, que rechazó los cambios y aprobó por mayoría la versión original del proyecto.
