El gobernador Rodolfo Suárez viajó a Buenos Aires de cara a la renegociación de la deuda pública provincial. Todo Juntos por el Cambio buscó incluir en la renegociación de las acreencias de las provincias, pero no se logró introducir cambios a la ley de reestructuración de la deuda soberana que se debatirá hoy en la Cámara de Diputados.
Cerca de las 22, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro del Interior Eduardo de Pedro fueron al Congresos y se comprometieron a que hoy la Cámara de Diputados creara una mesa de trabajo para analizar la sustentabilidad de la deuda en pesos de cada provincia.
La reunión se realizó en el segundo piso del Palacio de la Cámara Baja, y de la cual participaron además, Alfredo Cornejo, hoy legislador nacional; Patricia Bullrich, presidenta del PRO nacional; Horacio Rodríguez Larreta Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto a Gerardo Morales y Gustavo Valdés, gobernadores de Jujuy y Corrientes, respectivamente.
En ningún momento Juntos por el Cambio le quitó su apoyo a la ley impulsada por el ministro Martín Guzmán pero sí ejerció presión con su reclamo por las provincias y forzó la visita de los funcionarios: el Ejecutivo quiere que todo sea impecable, que el proyecto obtenga el mayor respaldo posible y sea una señal para el mundo.
La Mesa de Juntos por el Cambio buscaba reperfilar la deuda que las provincias tienen con el Estado Nacional.
En el caso de Mendoza, al 31 de diciembre de 2019, es de $12.928,65 millones – según informa el Ministerio de Hacienda y Finanzas en su página oficial, lo que representa un 17,69% del monto total que debe la Provincia a sus distintos acreedores.
El Tesoro Nacional debe recibir pagos correspondientes por parte de la Provincia hacia varias cajas que administra el Gobierno de Alberto Fernández.
El monto más abultado proviene de una refinanciación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que termina de pagarse en 2023, por una suma de $6.769,86 millones.
Por otra parte, hay una deuda con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que es una devolución por la coparticipación federal y cuyo plan de pago de los distintos créditos comienza este año y finaliza en 2023. El monto es de $5154,52 millones.
Por otro lado, está el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional al que se le debe, también en distintos acuerdos, desde este año y hasta el 2026, una suma de $994,79 millones.
Y finalmente el Fideicomiso Profedes, lanzado por Cristina Fernández en 2014 para fortalecer las capacidades operativas de las provincias en materia de seguridad ciudadana, se le deben $9,47 millones.
La sustentabilidad será ley
La Cámara de Diputados debatirá a partir del mediodía el proyecto ley de Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, por el que se abre la renegociación de obligaciones en dólares con acreedores externos.
La iniciativa se encamina a lograr la media sanción por abrumadora mayoría, ya que Juntos por el Cambio (JPC), el principal espacio opositor, hizo saber que la apoyará.
Descontada la aprobación, la iniciativa obtendrá la sanción definitiva la semana que viene en el Senado, con lo cual Fernández logrará su segunda ley tras el megaproyecto de emergencia de diciembre.
El propósito de la iniciativa es que quienes reestructuren la deuda externa en dólares queden cubiertos legalmente por sus acciones.
