El orden del Estado también implica mayor control de los que allí trabajan. Ése es el criterio de la gestión de Alfredo Cornejo, que ahora estudia la posibilidad de generar “controles de barrera” para los empleados públicos.
La idea que ya analizan en el Ministerio de Gobierno es encontrar una alternativa que permita controlar los movimientos de los estatales durante su permanencia en los lugares de trabajo.
Con ello, además, se buscará centralizar ese control y las posibles sanciones, es decir los sumarios que se generen en el Estado provincial, en el mismo Ministerio que conduce Dalmiro Garay.
El dato -como otras iniciativas para este año- aparece en el anexo que se difundió con el discurso del Gobernador el pasado 1 de mayo.
El texto habla específicamente de generar un “protocolo de control de permanencia” de los empleados en sus lugares de trabajo. Y de aplicar “procedimientos de sanciones” en los casos en que correspondiera.
Al respecto, el ministro de Gobierno admitió que su gabinete analiza "algún tipo de controles de barrera" para los estatales.
Desde la visión del funcionario no se trata de que se genere un mayor control. “No es grave que alguien salga eventualmente, a fumar o a lo que sea, pero también es cierto que uno no tiene que irse de su lugar de trabajo”, consideró Garay.
Más allá de las intenciones, todavía no hay nada concreto con esta iniciativa. Se especula con que se genere una especie de “tarjeta que registre ingresos y egresos” eventuales, o algún otro tipo de control biométrico, como muchos ámbitos privados ya tienen.
En principio, la medida no tendría cuestionamientos gremiales. "Si el control es para todos por igual, no habría reparos", destacó Roberto Macho, titular de ATE.
De todos modos el sindicalista dudó de las posibilidades. "Debería controlarse a funcionarios y asesores también", destacó desde Sitea Federico Lorite.
“Para que todos realmente puedan ser controlados, se necesitarían equipos biométricos en todas las dependencias del Estado. Es una inversión difícil de hacer en estos tiempos”, añadió Macho.
Central de sumarios
Como complemento al control biométrico, el Gobierno ya trabaja en otro proyecto para terminar con los sumarios diseminados en todos los ministerios y centralizarlos en un único lugar.
Lo llamará “oficina central de sumarios” y funcionará exclusivamente en la cartera de Gobierno.
“Cada ministro abrirá sumarios pero tendrá que mandarlos a este Ministerio y se instruirán acá”, indicó Garay.
Como en otros casos, lo que motiva al Ejecutivo a encarar esta iniciativa es la necesidad de agilizar procesos. “Hoy, el abogado que hace sumarios es el mismo que dictamina contratos y que a la vez analiza licencias. Esa falta de exclusividad hace que los sumarios demoren años”, reconoció el ministro.
Por eso, la nueva oficina convocará a “unos 10 abogados que se dedicarán exclusivamente a procesar sumarios”, explicó.
En los gremios hay dudas, porque entienden que las posibles modificaciones en el estatuto del empleado público podrían afectarlos.
El Gobierno no ha negado su intención de cambiar la Ley de los agentes estatales. Aunque aclaran que “en la parte disciplinaria no es necesario definirlo en acuerdo con los gremios”, señaló Garay, que igualmente avisó que que se trabaja “en un proyecto de Ley” para crear esta oficina de sumarios.
