El Gobierno ultima detalles del contrato y el decreto para tercerizar la gestión administrativa del cobro de multas de tránsito y a las empresas de seguros cuyos clientes sean atendidos en las guardias de los hospitales públicos de Mendoza. Se espera que entre 30 y 45 días la empresa adjudicada empiece a trabajar con el equipamiento informático en las dependencias estatales.
La adjudicada cobrará una comisión del 28% más IVA calculada sobre el incremento de facturación que se genere a partir de su trabajo.
La novedad fue anunciada por el gobernador Alfredo Cornejo en la apertura del 3° Congreso Argentino de Seguridad Vial. En el discurso de apertura, además de hablar de las modificaciones en la ley de Tránsito 6.082, lanzó la tercerización del cobro de multas y servicios prestados a personas con cobertura de riesgo y también a obras sociales.
En realidad no es una novedad. El 9 de setiembre del año pasado Los Andes informaba que el Gobierno había lanzado el llamado a licitación para tercerizar el cobro, una idea que venía dando vueltas en Casa de Gobierno. En aquellos días se indicaba que desde 2006 la Provincia ha perdido 400 millones de pesos por multas vencidas. Lo que se va a oficializar en las próximas horas es el resultado de esa misma demorada licitación.
"El problema no se resuelve solo con sanciones. Necesitamos hacer mucha educación vial y no solo sanciones. Pero es condición sine qua non que hayan sanciones y es imprescindible que esas sanciones se cobren. No queremos multas de cifras muy grandes. Queremos multas adecuadas, pero que se apliquen. El 90% prescriben y no se cobran", decía ayer Cornejo.
Y entonces lanzaba la propuesta, sin dar más precisiones. “Para eso vamos a hacer un gerenciamiento privado del cobro de esas multas, con un feed para el que lo haga bien, pero que le mantenga la infraestructura que tanto le cuesta al Estado en materia de móviles, grúas, alcoholímetros, de radares homologados”.
Inmediatamente después indicó que el feed o comisión se calculará sobre “todo lo que incremente en cantidad de multas, por supuesto defractado cuando aumentemos el monto de las multas, nadie se va a llevar un peso más si la Legislatura aumenta el monto de las multas cada año”.
Más adelante, el gobernador indicaba que la tercerización incluía también la gestión administrativa de cobro a los servicios que prestan los hospitales estatales a las víctimas de accidentes viales, de quienes rara vez se registran claramente los datos y, obviamente no se les cobra a las aseguradoras por los servicios médicos prestados.
“En accidentes somos el hijo de la pavota. En las primeras curaciones, que es cuando más se gasta, los atienden nuestros hospitales públicos. El sector privado de la salud no está en condiciones de atender accidentes de gravedad. El Central es sin duda la primer boca, y no le cobramos a las aseguradoras todo lo que invertimos en esa tarea. Vamos a tercerizar el cobro y vamos a reinvertirlo en el sistema de salud todo lo que cobremos de mas a las aseguradoras que no están pagando”.
Hasta ahí lo que Cornejo comentó ayer, en medio de otras novedades referidas a modificaciones de la Ley de Tránsito que está en la Legislatura desde fines de mayo.
De acuerdo a fuentes gubernamentales la idea del cobro tercerizado fue una propuesta de la gestión anterior y ahora reformulada.
Según se cuenta en los pasillos de Casa de Gobierno, la licitación tuvo varias idas y vueltas desde el llamado publicado a principios de setiembre, incluidas varias revisiones de Fiscalía de Estado, algunas de ellas por reclamos presentados por los dos oferentes. También hubo una prórroga del plazo de presentación porque se trató de una compulsa internacional.
No ha trascendido ningún dato acerca de quienes son los competidores, sólo se supo que se presentó una UTE, conformada por un grupo empresario local y otra empresa de fuera de la provincia; el otro oferente fue una empresa nacional del interior del país.
En la semana que viene se publicará en el Boletín Oficial el decreto de adjudicación de la licitación y el contrato que ya firmaron las partes. A partir de la publicación, la adjudicada empezará a trabajar en un plazo de 30 a 45 días y estará en pleno funcionamiento en un año.
