El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, fue ayer al Senado a defender el proyecto de ley enviado por la Casa Rosada por el cual se le solicita al Congreso la autorización para reabrir el canje de deuda pública.
La visita del jefe del Palacio de Hacienda arrojó una sorpresa ya que el funcionario blanqueó que la iniciativa no contiene ninguna oferta para los bonistas que aceptaron la reestructuración en 2005 y 2010 (son el 93%) para que puedan trocar sus títulos emitidos bajo la jurisdicción de Nueva York por papeles idénticos emitidos en Argentina, una forma de garantizarles que cobrarán sus dólares -en Buenos Aires- aún si la justicia estadounidense dicta embargos sobre la cuenta del país en el Bank of New York para que los fondos buitres cobren lo que reclaman.
Esta fue una de las dos medidas que anunció la presidenta Cristina Kirchner el lunes por cadena nacional, pero la norma que el Senado discutirá el próximo miércoles en el recinto (ayer tuvo dictamen de mayoría firmado por el kirchnerismo) no hace referencia alguna. La explicación que dio Lorenzino al respecto es que se no se puso nada en la ley "porque eso será una opción voluntaria que podrá tomar cada tenedor y además eso es eventual, hay que ver cómo se dan los hechos". Y aclaró que "tampoco está en el proyecto de ley porque ya fue previsto en anteriores normativas", respondió, aunque no las precisó.
La contestación no satisfizo a los bloques opositores. "El Gobierno quería modificar la jurisdicción y emitir bonos para que los tenedores que ya entraron al canje puedan cobrar en Buenos Aires en caso de que haya embargos en Nueva York pero ha retrocedido, esto pasa porque anda a los ponchazos. Ahora Lorenzino dijo que la medida -una eventual oferta de cambio de jurisdicción- la tomará el Ministerio y que no hace falta ley", sostuvo el radical Gerardo Morales.
El jujeño y la mendocina Laura Montero (UCR) especularon con que el retroceso del Gobierno pudo deberse al miedo a que la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que el viernes dejó firme la sentencia a favor de los fondos buitres pero la congeló (stay, en inglés) hasta que la Corte Suprema de EEUU defina si acepta el reclamo del Estado argentino, observe un nuevo signo de rebeldía de la Casa Rosada -a quien acusó en su fallo de no querer pagar y no querer acatar a la justicia neoyorquina- y haga ejecutable en lo inmediato el pago de los 15.000 millones de dólares que reclaman los buitres. En off the récord, una fuente del Frente para la Victoria confió que la decisión de no incluir el canje de jurisdicción se debió a la necesidad de no seguir irritando a la justicia norteamericana.
En concreto, el proyecto de ley prevé reabrir el canje por un tiempo indefinido ("hasta que el PEN declare cerrado el proceso de reestructuración"); cancela por ese mismo período la denominada Ley Cerrojo que impide el ingreso de nuevos bonistas al canje; establece que quienes se sumen no podrán tener mejores condiciones que quienes adhirieron en 2005 y 2010 y, por último, les ofrece al 7% que no aceptó antes el canje una serie de "bonos a la par en pesos step up 2038" (pagan progresivamente más), siempre y cuando no hayan demandado a la Argentina como lo hicieron los fondos buitres (que son sólo el 0,45% de los acreedores).
Ayer, Lorenzino aseguró que la nueva propuesta de canje de deuda "no es un intento de evadir a la justicia de EEUU de ninguna manera", sino que "es una propuesta concreta que demuestra que la Argentina mantiene su voluntad de pago". El ministro confió así que la Corte Suprema de EE.UU comprenda dicha voluntad que se manifiesta en la reapertura del canje y la suspensión de la Ley Cerrojo. En tanto, el viceministro Axel Kicillof, advirtió: "Le pedimos a los tribunales de los Estados Unidos que nos deje seguir pagando los bonos de canje. Pero si nos obliga a que la plata que entra vaya primero a los buitres, entonces ya no podemos pagar a los demás por pagarles a ellos. Nos vuelven a un default técnico porque nos vuelven a un no pago".
