Cual Ricardo Darín de la dirigencia fabril, José Ignacio de Mendiguren debió recular. Después de intentar limitar las demandas salariales de los sindicatos mentando el cuco de un desmadre inflacionario, el presidente de la Unión Industrial fue cruzado por el diputado ultrakirchnerista Carlos Kunkel y retado en privado, hasta que pidió disculpas por hablar de "rodrigazo". Paradójicamente, De Mendiguren había salido en apoyo de la idea oficial de poner tope a los aumentos salariales pero usó una palabra ajena al léxico del "Relato".
El "rodrigazo", valga un breve racconto histórico, fue la explosión incontrolada de las inconsistencias económicas que el populismo setentista había acumulado desde mayo de 1973. El 4 de junio de 1975 el recién asumido Celestino Rodrigo, ministro de Economía del Gobierno de "Isabelita", la viuda de Perón, le quitó el corset al dólar, los precios y las tarifas. La nafta subió 181%, el dólar y las tarifas de las por entonces numerosas empresas públicas se duplicaron, el boleto de colectivo subió 50 por ciento.
Ese mes, la inflación fue de 44% y cerró el año en 183%. El gobierno buscó fijar un techo del 38% a los salarios, pero metalúrgicos y textiles consiguieron aumentos del 130%. El dólar "comercial", que durante 1973 y 1974 se había mantenido en cinco pesos y en marzo de 1975 había subido a 10, saltó a 24 en junio, a 27 en julio, a 40 en noviembre. El "financiero", pasó de 15 a 28 y a fin de año rozaba los 60. Para entonces, el dólar en el "mercado negro" valía 127 pesos.
Las diferencias de proporciones con el presente son grandes, pero la secuencia es similar. El crisnerismo ha venido acumulando inconsistencias que se reflejan en la inflación, el aumento constante del gasto público, el déficit energético, el deterioro de la infraestructura y los servicios públicos y, en el último año, en la escalada del dólar paralelo. Resolver esa madeja es de por sí difícil. Ni hablar para un gobierno que niega los problemas o, cuando estos se hacen inocultables, prefiere buscar culpables en vez de soluciones y -siempre- endosar cualquier costo político.
La negociación salarial, que el gobierno ha complicado con la división de la CGT, viene al caso. Tanto la CGT moyanista como la que encabeza el metalúrgico Antonio Caló se niegan a aceptar el techo de 20% que pretende el gobierno y exigen, antes de acordar, conocer los cambios de los mínimos no imponibles del impuesto a las Ganancias, intocados desde abril de 2011, pese a que desde entonces la inflación bordeó el 50%.
Así, cada vez más asalariados (y jubilados) vieron sus ingresos rebanados por ese impuesto. La tendencia viene de lejos. A fin de 2007, cuando Cristina Fernández de Kirchner (CFK) asumió su primera presidencia, uno de cada once asalariados en blanco pagaba Ganancias. En 2012, fueron uno de cada cuatro. ¿Salariazo? No, más bien inflación y mordida fiscal.
Décimas más o menos, 2013 será el octavo año consecutivo en que la inflación alcanza o supera los dos dígitos. En cuanto a los impuestos, un reciente estudio del Instituto Argentino de Estudios Fiscales (Iaraf) precisa que, si se incluye el llamado "impuesto inflacionario", la presión fiscal (recaudación en relación al PBI) ya bordea el 39%. Altísima, pero insuficiente para cubrir el aumento del gasto público consolidado (Nación y Provincias), que entre 2002 y 2012 creció del 25 al 42% del PBI.
El principal renglón de ese crecimiento fueron las "transferencias corrientes al sector privado", incluidos los subsidios a las empresas, que explican nada menos que 25% del aumento. En segundo y tercer lugar aparecen el gasto en personal y el gasto en Seguridad Social, con 22 y 20% del aumento, respectivamente. Ergo, más de dos tercios del aumento se destinó a gastos corrientes. La inversión pública prácticamente desapareció en la segunda mitad de 2012. No es casual que la presidenta "inaugure" varias veces una misma obra (a menudo incompleta) o, ya en clave farsesca, un intendente "inaugure" una pileta de lona.
A su vez, un 60% del aumento de la presión tributaria se debió a la recaudación de Derechos de Exportación (retenciones), impuesto al Cheque e Ingresos Brutos, todos impuestos que los economistas consideran "distorsivos", porque afectan artificialmente la asignación de recursos. Además, el gobierno nacional se apropió de una porción cada vez mayor de la recaudación de los impuestos federales. Para cubrir el faltante las provincias recurrieron cada vez más a tributos sobre las transacciones. Como estos son "procíclicos" (refuerzan la inercia del momento), en 2012 agravaron las tendencias recesivas. El reciente cruce entre CFK y el gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, no fue sólo producto de la interna peronista sino también de este tironeo por los recursos fiscales, que abarca a todas las provincias argentinas.
A diferencia de las provincias, el gobierno nacional tuvo y tiene a su disposición los recursos del Banco Central y de la Anses (esto es, el sistema jubilatorio). A fines de 2008 el gobierno reestatizó el sistema previsional. Luego, entre 2009 y 2012, extrajo del mismo nada menos que 80.000 millones de pesos y este año la cuenta acumulada superará los 100.000 millones. En cuanto al Banco Central, el economista Federico Muñoz calculó que entre "Cesión de Reservas" (a cambio de pagarés), "Adelantos Transitorios" (que en verdad son definitivos) y "Giros de Utilidades" (ficción contable que encubre pura y llana emisión monetaria), el Central pasará este año al gobierno nacional el equivalente a 20.700 millones de dólares y completará, desde 2009, la friolera de 75.500 millones de dólares.
Salarios, dólar, inflación, gasto público, impuestos, déficit energético, emisión monetaria. Al gobierno se le va acabando el plazo para resolver de manera más o menos ordenada esta ecuación de múltiples variables. No estaría mal que empiece por reconocer la realidad.
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