El nombramiento de personal en el Estado es uno de los temas más debatidos, y en ese rubro resalta el ingreso de militantes y amigos del poder en el servicio penitenciario. En Mendoza hay 2.617 penitenciarios y en la gestión de Francisco Pérez 180 de ellos estaban adscriptos a otras áreas de la administración pública.
Hay 1.784 agentes destinados a la seguridad, es decir a custodiar los 4.000 internos de las cárceles de Mendoza y 400 presos domiciliarios.
El problema de los 180 adscriptos es que cobraron sueldo como agentes pero sin cumplir funciones en el sistema; se trata de agentes que pasaron a otras áreas de menos riesgo, pero al irse menoscababan el presupuesto penitenciario.
Si al total de empleados les restamos los 1.784 guardiacárceles, quedan 833 agentes que son del cuerpo de profesionales y administrativos del sistema penitenciario. La pregunta es cuántos de estos 833 realmente aportan al cuidado y rehabilitación de los internos de las cárceles de Mendoza.
El tema de los penitenciarios no es menor. La capacidad del sistema fue puesta nuevamente en tela de juicio con la publicitada fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci y también por Jonathan Marcelo Flores Ábrego, quien se escapó de la cárcel de Boulogne Sur Mer el 5 de enero pasado, después de cortar los barrotes de su celda y trepar el muro exterior con una soga que pendía de un gancho.
El titular del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Orellana, admite “eran 180 adscriptos. Ahora son menos”. La vuelta tiene que ver con el decreto 2.701 firmado el 28 de diciembre por el gobernador Alfredo Cornejo, norma resistida por los gremios estatales que dio por terminadas las adscripciones y las mayores dedicaciones.
Para empezar hacen falta algunas aclaraciones metodológicas. El sistema penitenciario está conformado por las cárceles de Boulogne Sur Mer, San Felipe, Almafuerte, San Rafael, Granja Penal de Gustavo André, Alcaidía de Mujeres de El Borbollón, además por el Organismo Técnico Criminológico (OTC), la Dirección de Promoción del Liberado (DPL) y la Procuraduría de las personas privadas de la libertad.
También se incluye en el sistema al Instituto de Formación Penitenciario y la Inspección General de Seguridad. Esta última porque hay empleados penitenciarios, pero también hay policías.
Lo que hay y lo necesario
Dentro del sistema está el servicio penitenciario, conformado exclusivamente por los presidios. Es aquí donde están los 1.784 guardiacárceles. Pero no son los únicos que están en contacto con los reclusos; hay médicos, bioquímicos, docentes, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, entre otros profesionales.
¿Cuál es el número ideal de penitenciarios para custodiar las cárceles? El dato es esquivo; hay quienes dicen 1 guardia cada 4 internos, hay publicaciones que mencionan 1 agente cada 5 presos. Si dividimos 4 mil por los 1.784 agentes nos da que hay 2,24 presos por cada penitenciario.
Un legislador mandato cumplido, el peronista Daniel Cassia, dice que hacen falta unos tres mil guardiacárceles para controlar a los cuatro mil internos y recuerda su negativa a relajar las condiciones de ingreso y formación de quienes debían cumplir funciones.
“Con el objetivo de tener más guardias, en el gobierno de (Julio) Cobos, con (Alfredo) Cornejo como ministro, pidieron bajar la edad de ingreso a 18 años; con Jaque bajó el requisito del secundario completo por un año y Jaque y Pérez lo fueron prorrogando todos los años. El 90% de los ingresos a la planta son acomodos”.
Orellana dice que “no estamos tan mal” y explica que la cantidad de penitenciarios depende del diseño de las cárceles, del equipamiento tecnológico (particularmente cámaras de seguridad), pero indica que lo ideal es que sea un agente por cada preso, pero aclara que no se trata sólo de guardiacárceles, sino de todos los que atienden internos, es decir se cuenta a los profesionales en ese 1 a 1.
Es decir, la cuenta debería sacarse por el total del personal, los cuatro mil internos dividido 2.617; entonces podríamos decir que Mendoza está relativamente bien en la relación: 1,5 interno por cada empleado penitenciario.
Pero en realidad esa cuenta es mentirosa, porque estaban los 180 adscriptos que no cumplen funciones en el sistema. Siendo estrictos, 15 de los 180 adscriptos no cobraban sueldo penitenciario, sino habían reservado su cargo por cumplir una función de mayor jerarquía, es decir fueron funcionarios políticos; había 49 penitenciarios en Casa de Gobierno y 4 en la Legislatura.
Además de los 833 profesionales y administrativos, hay varios que nunca tienen contacto con los presos. Nadie pone demasiadas críticas en los profesionales porque tienen funciones específicas (salvo los que partieron en busca de otros lugares en la administración pública). En los pasillos de Casa de Gobierno se habla de unos 300 administrativos que no tienen explicación.
En la actualidad hay unos 100 empleados con licencia médica; 14 penitenciarios que cumplen funciones en la Inspección de Seguridad, 38 en la OTC y 47 en la DPL. Los de estas dos últimas reparticiones sí tienen que ver con los reclusos.
La puerta de entrada al trabajo en el Estado
Resulta irónico que el sistema penitenciario sea una de las áreas del Estado con menos vigilancia para incorporar personal. La clase política no pone demasiados obstáculos en un área tan sensible como la seguridad.
Entonces surgen nombramientos que parecen tener más motivaciones políticas que necesidad de cubrir áreas que requieren capacidades o saberes específicos. Esta sospecha se terminaría con la implementación de concursos.
Uno de los penitenciarios más famosos es Gaspar Contreras. Fue uno de los aplaudidores de Celso Jaque y el tuitero de Francisco Pérez. Nunca pisó una cárcel hasta ahora. Orellana jura que está trabajando en el penal de San Felipe.
Los abogados suelen ser un recurso necesario, pero el 14 de noviembre Los Andes publicó acerca del ingreso a planta permanente de varios de ellos como penitenciarios y que hoy cumplen funciones en Fiscalía de Estado; uno de ellos era el ex director de Personas Jurídicas Andrés Nicosia.
Otra abogada que ingresó como empleada del Estado en el sistema penitenciario fue la actual senadora provincial María José Ubaldini, durante la gestión de Jaque. No es abogada, pero también llegó a un empleo estatal la secretaria privada del ex ministro de Turismo Javier Espina, Julieta Garay, en tiempos del gobernador Pérez.
Otro funcionario que ingresó en la planta como penitenciario fue el ex secretario privado de Pérez, Nicolás García Sánchez, en el año 2009.
El ex secretario está trabajando en la Dirección de Promoción del Liberado, a pesar de que algunos rumores lo ubicaban en el Ministerio de Salud.
