El Gobierno decidió endurecer su postura frente a los acreedores en la negociación de la deuda y no mejorará la oferta que ya presentó. Es la respuesta al rechazo que anticiparon los bonistas. Así, la pulseada arrancó muy trabada.
Con la misma lógica, el ministerio de Economía decidió no pagar hoy un vencimiento de 503 millones de dólares, lo que ubicará a la Argentina en un nuevo default técnico, esta vez por un pasivo emitido bajo legislación extranjera.
El país viene en default técnico desde el 6 de abril. Ese día, se dispuso postergar hasta el 2021 el pago de una parte de la deuda pública por unos 8.400 millones de dólares. Se trata de los títulos emitidos bajo ley local.
Las novedades sumaron pesimismo ayer al mercado. El Riesgo País saltó 5,3% hasta los 3.644 puntos. Y los bonos estaban volátiles hasta que se lo escuchó a Guzmán. Entonces fueron barranca abajo y terminaron con caídas de hasta el 8.
Al no pagar hoy, se activan treinta días de gracia previstos por contrato. Como los bonos que vencen hoy son parte de la negociación, habrá tiempo hasta el 22 de mayo. Si para ese día no se llega a un acuerdo con los bonistas o el país no paga, se cae en el tercer default de este siglo (los otros fueron en 2001 y 2014).
La norma es pareja para todos. Ayer venció una Letra Intransferible que el Tesoro le había colocado al Banco Central por 400 millones de dólares. Como en caja no hay plata, Guzmán emitió una nueva Letra y se la dio a la entidad. Igual, la situación no es comparable dado que como es deuda con el propio Estado, esto no representa un problema en el corto plazo.
Con los acreedores privados, la Argentina va desbloqueando nuevos “niveles” de default. Mientras, camina un sendero sinuoso que la depositará en tres semanas en un escenario determinado: un pasivo reestructurado o el default total y a secas, el peor de los escenarios.
Dos escenarios futuros
¿En qué incide una cosa o la otra? La banca estadounidense JP Morgan, la misma que elabora el índice Riesgo País, dijo ayer que un resultado negativo en la reestructuración, impactaría aún más la actividad económica.
"En este escenario adverso, esperaríamos una recuperación más tibia del Covid-19 proyectado para el segundo trimestre del año, con un PBI anual que probablemente se contraerá en un 8-10% en 2020", dijo. Esto, con aceleración inflacionaria y mayor déficit fiscal.
¿Y si ocurriera lo contrario? Gabriel Torres, analista sénior soberano de Moody's, si hubiera acuerdo este implicará pérdidas significativas para los inversores y dará al Gobierno varios años de flexibilidad fiscal sin vencimientos de pago de principal e intereses hasta 2023.
Para Javier Alvarado, de la consultora ACM, "si bien a la luz de los parámetros presentados se percibe que la oferta carece de un atractivo sólido, la distancia respecto de lo que a priori resulta como aceptable no es tan lejana".
Alvarado considera que la negociación podría destrabar con una negociación sobre el pagos de intereses para los primeros años, dado que estos "no generarían una presión muy fuerte sobre las cuentas públicas, ubicándose en torno al 0,5% del PBI".
Al margen de lo que se busca reestructurar ahora, las obligaciones en moneda extranjera de Argentina, que incluyen tanto deuda ley local y extranjera como el refinanciamiento con el Fondo Monetario Internacional, alcanzan los 100.000 millones de dólares.
Por esto, según Torres, no habrá alternativa que volver al mercado voluntario en 2023. "Argentina deberá desarrollar un plan fiscal y económico viable de mediano plazo para poder volver a los mercados una vez que el período de gracia finalice", dijo.
La pulseada
El lunes tres grupos de acreedores rechazaron la oferta. Y ayer Guzmán les respondió que no mejorará la oferta. En la Bolsa porteña, operadores consultados por este diario aseguran que esto es parte del proceso habitual, pero advierten que el diálogo debería anteponerse urgente.
"La oferta es la que es. Ya está en la Comisión de Valores de Estados Unidos", dijo Guzmán. Y señaló que un grupo de bonistas propuso que no haya quita de capital ni intereses y solo revisión de plazos. "Eso es insostenible y no lo vamos a aceptar", afirmó el ministro.
Por ello, para Guzmán, el rechazo de los bonistas "era esperable", porque es parte de un proceso en el cual ellos "buscan presionar para que la Argentina ofrezca más". Y amplió: "Ofrecer más no se puede, porque no es sostenible. Y es algo que nosotros no vamos a hacer".
