Sociedad
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hace 2 horas
Gustavo Matar, el camarógrafo devenido en empresario de medios y denunciado durante la gestión de Celso Jaque por facturaciones millonarias al Estado, vuelve a ser noticia por una ola de allanamientos en San Rafael.
La policía de Investigaciones, por una denuncia de la AFIP, allanó al menos 9 domicilios relacionados con Matar, contando viviendas, oficinas y casas de familiares, entre los que están la esposa, la diputada massista Evangelina Godoy.
Los efectivos se llevaron elementos informáticos que servirían de prueba en la causa donde se lo imputa por lavado de activos y evasión fiscal.
También secuestraron tres autos y una combi.
En la causa por lavado de activos están imputados la diputada Godoy, su hijo Brian y una contadora. Los cuatros tendrán que declarar en los próximos días en la Justicia Federal.
Causa paralela
Al mismo tiempo, Matar tiene una causa judicial con profundas implicaciones políticas que sigue en el limbo. Se trata del expediente conocido popularmente como “Caso Mátar”, en el que uno de los procesados es el ex secretario general de la gobernación, Alejandro Cazabán, el hombre fuerte del gobierno de Jaque
Esa pesquisa debe volver por tercera vez al fiscal de Delitos complejos, Santiago Garay, quien promete volver a pedir la elevación a juicio oral de una causa en la que se ventila el pago de sobreprecios en la contratación de servicios de comunicación.
En caso de que Garay pida el juicio oral sería la tercera vez que lo hace. Ya lo hizo en mayo del año pasado y lo volvió a hacer este año en febrero.
El expediente va y viene, sin que nadie se anime a salvar a los imputados, ni tampoco los ponga ante un tribunal.
El año pasado el pedido de Garay tuvo el aval de la jueza de Garantías, Patricia Alonso. La medida fue apelada y la Cámara de Apelaciones le devolvió el expediente a Garay. El pedido de este año fue rechazado por el juez de Garantías, David Mangiafico. Curiosamente esa decisión fue apelada por la defensa de Cazabán y la misma Cámara de Apelaciones dijo que la apelación del ex funcionario imputado no correspondía.
El “Caso Mátar” nació de una presentación realizada en octubre de 2011 por un grupo de diputados radicales que denunciaban el excesivo dinero que el Gobierno de Jaque estaba destinando a un solo proveedor del Estado, Gustavo Mátar, quien facturaba como monotributista y a través de su entonces flamante empresa de servicios de comunicación Sur Talent S.A.
Mátar era fotógrafo en San Rafael y en ese tiempo empezó a diversificar sus servicios al Estado provincial: filmaciones de actos de gobierno, edición de esas filmaciones para distribuir en noticieros o para spots publicitarios oficiales.
En aquellos días se denunció una facturación de 12 millones de pesos. Con el correr del tiempo se supo que Mátar y Sur Talent habían facturado 30 millones de pesos al Estado provincial. La sospecha que esgrimían los diputados era que ese dinero se destinaba para pagar la campaña electoral del Frente para la Victoria (FpV).
