La persecución judicial contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner es un claro y brutal caso de “lawfare”. La configuración del tratamiento que ha recibido la vicepresidenta electa así lo confirma.
Esto es la continuidad de la doctrina de la Seguridad Nacional -con la que Estados Unidos tiene injerencia en los países latinoamericanos- por otras vías. Es la destrucción del enemigo mediante el uso que aúna la desinformación, la influencia de los servicios de inteligencia y su uso en sede judicial. Este caso y el de Lula Da Silva, en Brasil, apuntan a lograr la destrucción del dirigente opositor.
Los que crearon el lawfare en Estados Unidos han dicho que la guerra convencional, los atentados, el secuestro y la desaparición de personas tienen muy mala prensa. Entonces se usa el aparato judicial bajo la doctrina del common law, es decir, el derecho creado por decisiones de los tribunales.
Esa doctrina dice que no hay derechos hasta que los jueces dictan sentencias. La constitución, las leyes y las sentencias judiciales tienen una jerarquía plana. Por ello, todas las garantías constitucionales quedan relegadas a la voluntad de los jueces que son adiestrados por la misma academia de los Estados Unidos.
Estos casos serán tratados para su condena internacional por el Tribunal Ético para el que fui electo presidente el 24 de noviembre. Se van a analizar los casos de lawfare en América Latina, principalmente en Argentina, Brasil y Ecuador.
Ese tribunal ético lo integran además el jurista español Baltazar Garzón; Renata Ávila, abogada de Julian Assange; y Agnes Callamard, Relatora Especial de las Naciones Unidas para Ejecuciones Sumarias, entre otros.
La iniciativa es fruto del Common Action Forum (CAF), un vivero de proyectos progresistas radicado en Madrid, que cumple cinco años con el objetivo de vivificar la democracia y combatir los desafíos totalitaristas.
Espero que este tribunal ético emita su sentencia con la clarificación de lo que significa el lawfare y una enfática descalificación, para que se nulifique esta práctica brutal y deje de destruir la institucionalidad de los países.
