Conforme a las expresiones vertidas por la ex presidente y vicepresidente electa, Cristina Fernández de Kirchner, ha quedado demostrado que no existe la utilización del sistema judicial para configurar lo que se define como lawfare.
Este término es una contracción de dos palabras del inglés: law (ley) y warfare (guerra). Y refiere a instancias de una “guerra jurídica”. Es decir, la utilización del sistema judicial para desacreditar a un adversario político y “sacarlo de la cancha”.
La ex presidente y vice electa usó el término como si no existiera ningún tipo de vinculación de una presunta conducta determinada que pueda ser subsumida por el Código Penal. Pero los hechos que se juzgan sí están ligados a un supuesto conflicto con la ley.
Aquí, en el juicio por la obra pública (durante su mandato), no ha existido una utilización del aparato judicial sin que exista vinculación a una supuesta actividad criminal que le impida a Fernández de Kirchner presentarse a elecciones o que la haya expulsado de un cargo electivo.
La ex mandataria nunca fue detenida en razón del uso de sus fueros parlamentarios, pudo presentarse a elecciones en una fórmula (con Alberto Fernández), ganó esos comicios y mañana asumirá como vicepresidente de la República. La instancia judicial no lo ha impedido.
Cristina Fernández de Kirchner es sólo una persona sometida a un proceso penal. Después de esa consideración se pueden discutir ciertas cuestiones que podrían ser consideradas arbitrarias, como por ejemplo el uso de las prisiones preventivas u otras situaciones denunciadas como polémicas o controvertidas.
Ahora, con el proceso ya en marcha, dependerá de la valentía y el coraje de los jueces que la hipótesis planteada por la ex jefa de Estado sobre la supuesta instancia de lawfare tenga incidencia o no en la decisión final que se pueda tomar para dictar sentencia.
