El año pasado, varios departamentos del Gran Mendoza comenzaron a trabajar en conjunto en una ordenanza que prohíbe la exhibición de animales en las tiendas de mascotas.
Godoy Cruz la aprobó en octubre, pero un comerciante presentó una demanda por inconstitucionalidad que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia. Ahora, el Concejo Deliberante de Guaymallén dio el visto bueno a la misma iniciativa.
El concejal Ignacio Conte (UCR), quien presentó el proyecto en Guaymallén, resaltó que no se prohíbe la comercialización, sino la exhibición, por lo que los vendedores pueden tener un catálogo de los animales en venta. De hecho, las nuevas tecnologías permiten no sólo mostrar una foto, sino también un video.
La norma apunta sobre todo a evitar la compra compasiva, es decir, que alguien se lleve una mascota porque le da pena verla encerrada en una jaula, sin posibilidad de moverse libremente, interactuar, dar y recibir cariño.
En especial, se pensó en los perros y gatos, y en el hecho de que esa adquisición compulsiva puede favorecer que, después de un tiempo, los animales sean abandonados. Esto, porque la gente no reflexiona sobre la responsabilidad que implica tenerlos.
Las tiendas de mascotas que hayan sido habilitadas por ordenanzas anteriores -que fueron derogadas por la actual- tienen 90 días para ajustarse, a partir de la publicación en el Boletín Oficial.
Para los infractores, las multas van desde los 5 mil a los 15 mil pesos en caso de infracción reiterada, y se puede llegar a la clausura del comercio.
Sergio Cattaneo, del Palacio de la Mascota, planteó su preocupación por la normativa, ya que indicó que lleva 32 años en el rubro y cuenta con todas las habilitaciones correspondientes para importar y exportar peces, y vender aves. En su negocio, ubicado a metros de la Municipalidad de Guaymallén, están a la viste numerosas peceras y algunas jaulas con pájaros.
El hombre manifestó que no tiene forma de esconder toda la estructura de exhibición en la parte de atrás del local y que, si ofrece los pájaros y los peces por foto, caerán aún más las ventas. “Mi gran interrogante es qué hago con mi vida, las instalaciones que tengo y la gente que trabaja para mí”, lanzó.
Osvaldo Canizzo, de los Tres Mascoteros, una tienda que ofrece accesorios, indumentaria y alimento para mascotas, señaló que lleva 13 años en calle Bandera de los Andes, a metros del Instituto Murialdo, y decidió no vender perros, pese a que cada día pasan 1.200 niños frente a su local y podría haber ganado dinero con ello. Es que en la familia están en contra de la venta y a favor de la adopción. Por eso, se mostró de acuerdo con la ordenanza.
En octubre, Godoy Cruz aprobó la misma normativa, pero un comerciante acudió a la Justicia para solicitar una acción de no innovar y plantear la inconstitucionalidad de la medida. En los motivos, señaló que lesiona su derecho a trabajar y que la limitación a ofrecer los animales por catálogo hace su negocio inviable. La causa está en la Corte.
César Cattaneo, presidente del Concejo Deliberante de Godoy Cruz, recalcó que al no prohibir la venta no puede considerarse inconstitucional. Y señaló que la exhibición contribuye a la cosificación de los animales, a tomarlos como objetos.
Dudas por los controles
Jennifer Ibarra, titular de Fundación Cullunche, se mostró preocupada por lo que pueda ocurrir con los animales cuando ya no sean expuestos. Es que el hecho de que estén a la vista posibilita que la gente detecte cuando están en malas condiciones y haga la denuncia correspondiente.
Por eso, consideró que lo fundamental es el control de la situación en la que se encuentran en las tiendas. De todos modos, opinó que lo ideal sería prohibir la venta de mascotas.
Ibarra presentó en octubre una denuncia penal en la Justicia Federal contra Facebook, por ser partícipes y cómplices en la venta y tráfico de fauna silvestre.
Esto, porque existen numerosos grupos en los que se ofrecen animales y la aplicación no presenta la opción de denunciar las publicaciones por ser ilegales (sí por otros motivos).
Recientemente, fue notificada de que en el Tribunal Federal se declararon incompetentes y remitieron el expediente a la Justicia Provincial.
