Tras la divulgación de dos informes privados que indican que la legalización del aborto supondrá un ahorro de dinero para la salud pública, la organización antiabortista Unidad Provida difundió otro estudio según el cual el aborto le costaría al Estado unos $ 4.000 millones en 2019 y cerca de $ 9.200 en 2021.
La UP atribuye el informe a "Profesionales de Ciencias Económicas a Favor de la Vida", "autoconvocados" y "de distintas partes del país", quienes "analizaron el costo de la práctica a nivel global y su estimado en precios locales", y señala que ese desembolso "de al menos $ 4.000 millones durante el primer año" es equivalente "al 20% del recorte anunciado por el Gobierno".
Según UP, los economistas “fundamentan sus conclusiones en un estudio comparado con proyecciones razonables relativas a la evolución de las cantidades de abortos realizados en diferentes lugares del mundo, donde la práctica ya es legal, en base a datos oficiales y públicos”.
Según la investigación, "el costo promedio de un aborto a nivel mundial es de 424 dólares para el caso farmacológico y de 726 en el caso del aborto quirúrgico".
Estos cálculos se contraponen con el informe de la Comisión Guttmacher-Lancet sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, según el cual el costo promedio del acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la Argentina sería de 9 dólares por persona por año, con el aborto legalizado.
De acuerdo con los economistas "a favor de la vida", teniendo en cuenta que un aborto farmacológico "requiere análisis de laboratorio, ecografía, consulta médica y y medicamentos abortivos, y tras consultar los datos de obras sociales y nomencladores públicos de salud, se estima que la práctica del aborto cuesta, hoy día, $ 7.035, sin días de internación; caso contrario, el costo es de $ 8.885".
"En el caso del aborto quirúrgico, el costo se multiplica entre dos y tres veces, y asciende aproximadamente a los $ 33.000. El punto es especialmente importante si se considera que la ley prevé la posibilidad de abortar más allá de la semana 14", dice el informe.
Los 33.000 pesos por aborto calculados por los economistas antiabortistas constituyen una cifra similar a la que hoy se paga en el mercado por abortos clandestinos, de entre 30.000 y 40.000 pesos.
“En consecuencia, si en Argentina se realizan 500.000 abortos al año -tal como proponen los impulsores de la ley- la implementación del aborto legal tendría un costo muy cercano a los $ 4.000 millones durante el primer año y tomando como supuestos de que el 100% de los abortos sean de tipo farmacológico, con una tasa 0% de complicaciones post-aborto, y excluyendo del análisis los abortos hechos con posterioridad a la semana 14”.
Un proyecto alternativo se abre paso en el Senado
Tres senadores por Córdoba están buscando posicionar una alternativa a favor de la legalización pero con importantes cambios respecto de la media sanción de la Cámara de Diputados.
Por ahora juntan firmas y juran que podría destrabar el tratamiento en el Senado, otros sostienen que podría dilatarlo.
Las modificaciones que proponen incluyen reducir el plazo máximo para realizar abortos legales sin causales a 12 semanas. En la media sanción es de 14.
Otra modificación es la objeción de conciencia, que también sería institucional para clínicas y sanatorios privados. La media sanción instaura la objeción de conciencia únicamente para los médicos, que deben declararse objetores en un registro.
Otro punto que modifican de la media sanción es que los médicos que se rehúsen a practicar abortos no serán penalizados. La media sanción incorpora pena de prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble de la condena a la clínica o al profesional de la salud que “dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto”.
La otra es el financiamiento compartido entre las provincias y el Estado nacional, con un aporte nacional a través del Consejo Federal de Salud. La media sanción no establece afectación presupuestaria alguna.
Además establece un plazo de 180 días para la aplicación de la legalización del aborto en las provincias.
