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hace 7 horas
El juez neoyorquino Thomas Griesa accedió hoy al pedido formulado por el gobierno argentino y ratificó su decisión de levantar las medidas cautelares que impiden al país pagarle a los bonistas reestructurados bajo la condición previa que el Parlamento derogue la "Ley de Pago Soberano" y la "Ley Cerrojo" y que pague a todos los holdouts que llegaron a un acuerdo con el país hasta el 29 de febrero.
El pronunciamiento de Griesa se conoció esta tarde, tras la audiencia celebrada ayer en Nueva York en la que los holdouts pidieron al magistrado que extienda por treinta días más el plazo para pronunciarse en torno al pedido formulado por Argentina para dar de baja las restricciones que pesan sobre el país.
"Las circunstancias han cambiado tan significativamente como para volver las órdenes injustas y en detrimento del interés público", indicó el juez, poniendo como condiciones que el país derogue sus leyes que impiden un acuerdo con los fondos querellantes que no aceptaron sus canjes de deuda de 2005 y 2010 y que pague a los acreedores que hayan aceptado su oferta hasta el 29 de febrero.
"Por las razones subrayadas en la orden indicativa y esta orden, la corte concede las mociones de la República de levantar las medidas cautelares en todas las demandas con dos condiciones precedentes: (1) La República derogue todos los obstáculos legislativos para acordar con los tenedores de bonos, incluyendo la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano; (2) Para todos los querellantes que hayan alcanzado principios de acuerdo con la República el o antes del 29 de febrero de 2016, la República debe hacer pago completo de acuerdo a los términos específicos de cada acuerdo", escribió.
Griesa tomó su decisión tras una audiencia el martes en los tribunales de Manhattan en que escuchó la opinión de todas las partes sobre la moción presentada por el nuevo gobierno del presidente de centroderecha Mauricio Macri con el objetivo de facilitar que el país avance en su oferta dirigida a poner fin al multimillonario juicio.
Tanto los fondos "buitres" más duros NML Capital y Aurelius, que llegaron el lunes a un preacuerdo con Argentina para cobrar 4.653 millones de dólares, como otros querellantes que aún no alcanzaron un compromiso, habían pedido al juez que otorgase un plazo adicional de 30 días para que continuasen las negociaciones, lo que les fue denegado.
La orden de Griesa, que también exige a Argentina notificar sus pagos, no entrará en vigencia hasta dentro de dos semanas, según una resolución de la Cámara de Apelaciones de Nueva York para permitir que aquellos querellantes que quieran apelar puedan hacerlo en plazo.
Acuerdos por 85% de reclamos
Argentina había solicitado al juez que levantase las órdenes de 'pari passu', o tratamiento equitativo a favor de esos fondos, de modo de permitir el retorno del país a los mercados financieros y el pago de sus bonos reestructurados en los canjes efectuados en 2005 y 2010.
En total, y teniendo en cuenta preacuerdos anteriores con otros acreedores que rechazaron esos canjes, el gobierno de Macri ha cerrado desde inicios de febrero compromisos por el 85% de las demandas y pagará en efectivo una suma de 6.500 millones de dólares, con una quita de 25% sobre 9.000 millones de reclamos judiciales.
La gestión de Cristina Fernández de Kirchner había rechazado el fallo de Griesa, quien en julio de 2014 congeló un pago de 539 millones de dólares en Nueva York al 93% de acreedores que habían adherido a los canjes, provocando un default parcial de Argentina.
De los preacuerdos sellados hasta el momento el más importante es el del lunes con NML Capital y Aurelius, en el cual se estableció un plazo hasta el 14 de abril para pagar en efectivo.
El gobierno argentino ha indicado que emitirá bonos por un monto cercano a los 15.000 millones de dólares para abonar, sin usar las reservas del Banco Central, según su ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay.
El martes, en su primer discurso en el parlamento tras asumir el gobierno el 10 de diciembre, Macri pidió "conseguir los consensos necesarios" para aprobar el paquete de leyes que definirá la salida del país del default.
