En setiembre se aprobó la ley de convergencia salarial y el lunes último se publicó en el Boletín Oficial. O sea, ya está promulgada. Se trata de la norma que fija como tope salarial “máximo” para quienes trabajan en la administración pública el sueldo bruto que cobra el gobernador. Con ello, “ningún funcionario, empleado o contratado” que se desempeñe en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial podría percibir más de los 42 mil pesos que hoy gana Francisco Pérez. Pero todos no están felices con la nueva norma. De hecho los gremios que nuclean a los trabajadores del Estado denunciarán que es inconstitucional.
Hay planteos concretos que ATE y Ampros llevarán a la Justicia porque consideran que no es legal la existencia de estos topes salariales, que no será instantáneo sino que se irá llegando gradualmente. El principal problema que denuncian los sindicatos, y por lo que incluso hablan de “mentira”, tiene que ver con el artículo 3 de la Ley 8.727. Es que ahí se exceptúa a los funcionarios de rango constitucional: magistrados, fiscal de Estado, asesor de Gobierno, presidente y vocales del Tribunal de Cuentas, contador y tesorero de la provincia, superintendente y consejeros del Departamento General de Irrigación, con lo cual el planteo es que no es verdad que “nadie” cobrará más que Pérez.
“Es una ley que es una mentira porque los jueces y miembros de la Suprema Corte -por ejemplo- quedan eximidos y ellos son los que más ganan. Ha sido una ley para la tribuna; ordenamiento de los sueldos sería sentarnos en una paritaria primero y discutir el presupuesto después. Por algo la OIT (Organización Internacional del Trabajo) recomienda que los salarios con los estatales los discutan previo al envío del Presupuesto. Los salarios de los trabajadores se definen en el ámbito paritario. Si algún trabajador se ve perjudicado por eso es inconstitucional. ATE va a plantear la inconstitucionalidad de esta ley”, explicó la titular de ATE, Raquel Blas.
Como dentro de las excepciones los sueldos más altos están en el Poder Judicial y en el Ministerio de Salud, desde el gremio que nuclea a esos últimos también salieron a manifestar su disconformidad con la ley. Incluso llevarán adelante medidas intergremiales junto a ATE. “Ya teníamos un tope que es el Impuesto a las Ganancias. Es un tope supuesto porque no dice cómo se liquida el sueldo del gobernador y nadie sabe cuánto cobra realmente. En la Legislatura han derogado artículos de nuestro convenio colectivo, te van coartando todas las libertades. Quieren dar superpoderes al ministro de turno. Esto afecta directamente a la salud pública”, aseguró Claudia Iturbe, secretaria gremial de Ampros.
Las razones
Otro artículo determinante de esta ley es el 2. Allí dice por un lado que quien “se encuentre comprendido en esta normativa y que al momento de su entrada en vigencia perciba una remuneración o contraprestación bruta total que supere el límite establecido, mantendrá plenamente su derecho adquirido a la remuneración y/o contraprestación que perciba a ese momento”. Y por otro, establece de qué manera se irá “ordenando” la pirámide salarial: “Cuando se disponga, por cualquier vía que sea y/o acuerde, un aumento salarial y/o de contraprestaciones que los alcance, el aumento que en cada caso corresponda por todo concepto no podrá ser superior al treinta por ciento (30%) del aumento que legalmente corresponda percibir al cargo de gobernador de la provincia en la misma oportunidad”.
Eso último lo explica de una manera más sencilla y con un ejemplo concreto el autor de la letra. “Si el Gobernador tuviera un aumento de $ 1.000, para aquellos que cobran más que él el aumento no podrá ser de más de $ 300. Esto se irá regulando con el tiempo y en un período de 2 ó 3 años casi nadie estará cobrando más que él. En algunos casos, de sueldos de $ 80 mil, se demorará un poco más. Tal vez cinco años”, ejemplificó Fernando Simón, el senador del Frente para la Victoria que impulsó la ley.
Asimismo, sobre la necesidad de tener una ley así el legislador comentó que “el Estado en el sector público tiene una anarquía salarial bastante grande con asimetrías muy marcadas. No resulta razonable que haya sueldos del doble o del triple que el del Gobernador. Reformar todo el régimen salarial es una tarea demasiado compleja. Entonces empezamos por esto: que ningún empleado público de ninguno de los poderes tenga un sueldo mayor que el del Gobernador. Es un sistema de convergencia lo que diseñamos; no se le toca el sueldo a nadie".
También desde el Ejecutivo, el ministro Legal y Técnico, Francisco García Ibáñez, defendió el tope remarcando que es lógico que sea Pérez el que más cobre. “En todas las discusiones que ha habido con los gremios hemos encontrado diferencias del sueldo del Gobernador con las demás escalas, sobre todo con Salud. Esto provoca una asimetría muy grande. En la democracia siempre se estableció que el Gobernador debe ser el que más gane y nadie debería ganar más que él. Esto por una cuestión de lógica. El Poder Legislativo tiene la facultad para fijar los sueldos y el tope que establece es de acá hacia adelante, en los próximos aumentos que se otorguen. No hay nada retroactivo”, manifestó el funcionario de Pérez.
Claves
Puntapié. El 16 de junio Los Andes informaba sobre un proyecto del senador del oficialismo, Fernando Simón, para poner a todos los salarios del Estado por debajo de lo que gana el gobernador.
Inmediatamente los gremios, ATE y Ampros principalmente, comienzan a hablar de inconstitucionalidad.
Impreciso. Ni oficialismo, ni oposición, ni gremios estatales dan números. Pero algunas fuentes, off the record, hablan de entre 800 y 1.000 agentes públicos con ingresos superiores a los de Pérez, que ese mes rondaba los $ 35 mil en bruto.
Resistencia. En junio llega a Diputados el proyecto de Simón. El tratamiento de este límite superior es resistido por ATE y Ampros que estuvieron en el recinto pero con los votos de UCR, FpV y PD se aprueba ese mismo mes en la Cámara baja la iniciativa del senador del oficialismo.
El 22 de julio este diario publica información, proveniente de la UCR, que dice que son 878 los empleados estatales que cobran un sueldo mayor al del Gobernador.
En agosto el proyecto llega a Senadores pero continúa la resistencia por parte de los gremios.
Aprobado. Finalmente, es la Cámara de Diputados la que el 10 de setiembre convierte en ley el proyecto.
Los gremios vuelven a denunciar la inconstitucionalidad y adelantan que esperarán, como debe ser, a su publicación en el Boletín Oficial para ir a la Justicia.
