Unos en la Legislatura, otros en Casa de Gobierno y otros en la Municipalidad de Lavalle. El miércoles, en distintos puntos de la provincia, ATE, Ampros, SUTE y la CTA realizaron diferentes manifestaciones por reclamos gremiales diversos que mantienen desde cada sector.
En la Casa de las Leyes, ATE y Ampros se reunieron con Diputados por problemas con OSEP e incumplimiento de acuerdos paritarios. En el tercer piso de Casa de Gobierno, la CTA oficialista y SUTE pidieron, una vez más, la equiparación de las asignaciones familiares provinciales a las nacionales; en la comuna que conduce Roberto Righi (PJ), trabajadores de ATE cumplieron 40 días de acampe pidiendo que el cacique cumpla con acuerdos firmados.
Así las cosas, en Lavalle la situación es realmente complicada y el panorama que se avizora no parece indicar que haya una pronta solución. En marzo, desconociendo un acta por él mismo firmada, el jefe comunal justicialista despidió a cinco empleados municipales. Son ellos quienes se van turnando para que siempre haya alguien en la carpa que está frente al edificio comunal y que piden ser reincorporados a sus tareas.
“El intendente sigue desconociendo las resoluciones que firmó. Por eso empezamos una campaña provincial de escrache. En enero se acordó determinar el pase a planta de trabajadores y que no iba a tomar represalias con ningún empleado que manifestara”, explicó Carlos Simón, secretario gremial de ATE.
Pero en marzo Righi desconoció el acuerdo y no sólo sancionó sino que, además, despidió a cinco trabajadores. “Reclamamos el cumplimiento en la Subsecretaría de Trabajo y en el Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno. Se lo intimó por medio de una fórmula conciliatoria para que la Municipalidad cumpliera con lo que firmó. Las Cámaras laborales fallaron en dos casos por la reincorporación y por los otros tres tiene que responder la Suprema Corte la semana que viene”, indicó Simón.
Por otra parte, empleados que trabajan en distintos sectores del Estado y están nucleados en los gremios y centrales obreras pertinentes manifestaron nuevamente su enojo por la diferencia entre lo que paga la Nación por las asignaciones familiares y lo que paga la Provincia.
“El 16 de mayo presentamos una nota al ministro Rodolfo Lafalla para pedir una audiencia por este tema pero ha tenido una agenda tan cargada que no nos ha podido recibir nunca. No había ni un ministro en toda la Casa de Gobierno trabajando cuando fuimos (en referencia al miércoles por la mañana). Nos atendió el jefe de gabinete (Mauricio Guzmán) y nos pidió que el lunes a las 17 nos juntáramos”, enfatizó el secretario general de la CTA, Gustavo Correa.
Según detalló, la diferencia que reclaman es de $ 444 ya que en Mendoza ese beneficio estatal es de $ 220 mientras que a nivel nacional se está pagando $ 664.
“Las asignaciones están congeladas desde 2010. En 2011 había Presupuesto y no las equipararon. En 2012 y 2013, lo mismo. Entonces el problema es que no hay voluntad política y no que no hay plata. El Gobernador no quiere equiparar las asignaciones. Si el lunes no nos recibe el ministro, tendremos que ir a buscar al Gobernador”, determinó Correa, quien contó que el reclamo es con SUTE, APEL, Upjcm, Supom, Sipes, Casino y Legislatura.
En tanto, en la Casa de las Leyes se hicieron sentir los dirigentes de Ampros y ATE. “Fuimos para ver el tema OSEP y su manejo y el resultado es que quieren pasar la administración al Gobierno. Es un problema muy serio porque va a afectar a quienes prestan servicio y a los afiliados”, denunció Isabel Del Pópolo, titular de Ampros.
Otro planteo que harán -según Del Pópolo- será por el desconocimiento que se pretende hacer de los acuerdos paritarios. “Quieren poner topes salariales para que nadie gane por encima del Gobernador. Firmamos porque no los iban a poner. Por eso en aquel momento levantamos la carpa para que el Gobernador pudiera dar su discurso el 1 de Mayo. Están sacando las mayores dedicaciones, quieren precarizar la profesión para luego privatizar la salud”, denunció la titular de Ampros.
