Una reunión paritaria "no salarial" fue aprovechada por gremios estatales para pedir la reapertura de la discusión sobre sueldos y el gobierno de Alfredo Cornejo, que quedó en dar una respuesta, aún no la concreta aunque se descarta que no le hará lugar. Por esa razón los sindicatos se declararon "en estado de movilización y asamblea permanente".
El pedido específico apunta a la cláusula gatillo y a la automatización del ajuste de montos en base al índice de precios que mide la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) y no el Indec Cuyo, como se resolvió en diciembre pasado.
El pedido se dio en una reunión que el Gobierno convocó días atrás, adonde acudieron los gremios que representan a trabajadores de la Administración Central, ATE y UPCN.
La idea era empezar a discutir la reforma del estatuto del empleado público, un nuevo escalafón y un nuevo convenio colectivo de trabajo (CCT). Pero los gremialistas rechazaron esa idea y sorprendieron al Gobierno con su planteo salarial.
Es cierto que la reunión se había pactado en la paritaria del 26 de diciembre pasado. Pero puertas adentro del Ejecutivo no faltó el que consideró una "desinteligencia" haberla convocado para ese día.
"No vamos a discutir la modificación del estatuto del empleado público", dijeron los referentes de UPCN y ATE al final de su exposición, tal como quedó escrito en el acta firmada. Aunque renglones más arriba dejaban en claro que lo que sí querían era "la fecha para la reapertura de las paritarias salariales" para la Administración Central y organismos centralizados y descentralizados.
Específicamente, los gremios estatales buscan que la cláusula gatillo que entró en vigencia en julio (porque se superó el 15,7% de inflación desde enero, según el Indec Cuyo), se ajuste en base a las mediciones de la DEIE, que ya mide una inflación acumulada del 20%.
"Con esto, el incremento del 0,3% que dice el Gobierno que nos toca en julio (diferencia entre 15,7% de aumento y 16% de inflación en junio) debe llevarse a 9,8%", indicó Joaquín Tolosa, de ATE, atendiendo a la diferencia retroactiva a mayo.
Para pedir esto, los sindicalistas se basaron en el punto 11° de la paritaria del 26 de diciembre. Allí las partes habían resuelto que en caso de que otro sector alcanzase "un acuerdo salarial mayor" al pactado por ellos "se trasladará en los mismos términos a este sector".
Pues bien, a su entender, como Ampros (profesionales de la Salud) acordó aumentos mensuales en base al índice de la DEIE, ahora los gremialistas piden la cláusula gatillo con esa medición.
“Estado de alerta”
Fue el propio gobernador Cornejo quien anunció el pasado 17 de de julio que su gestión activaría la cláusula por el 16% de inflación acumulada según el Indec. Ese mismo día la DEIE informaba el 20% acumulado.
Los gremios de inmediato comenzaron a pedir la reapertura de paritarias, mientras que el Gobierno aseguraba que esa discusión estaba cerrada, porque la activación de la cláusula gatillo "es automática".
Por eso la reunión "no salarial" por el escalafón de los empleados del Estado fue una oportunidad que los gremios no podían dejar escapar. "Hay que discutir un escalafón nuevo que tocará la estructura salarial, pero primero debemos dejar saneado el problema salarial", justificó Tolosa.
Difícilmente el Gobierno acceda a rediscutir sueldos. "En las paritarias se acordaron modalidades de incremento distintas", dijo el subsecretario de Gestión Pública, Ulpiano Suárez. "Liquidaremos la cláusula gatillo como acordamos", añadió para cerrar la discusión.
Y si bien los gremios dicen que "sólo hubo una única propuesta de medición de índice inflacionario", la del Indec, el Gobierno lo niega y ahora demora su respuesta.
Por eso, ATE y UPCN decidieron mantenerse "en estado de movilización y asamblea permanente".
Macho y Blas volvieron a los tribunales federales
El titular de ATE, Roberto Macho, y la de la CTA Autónoma, Raquel Blas, se presentaron ante la Justicia Federal. En el juicio, ambos dirigentes gremiales son los principales acusados en dos causas de 2013 y 2014 por violar la ley de "libertad de reunión" y por cortar una ruta nacional.
Ambos dicen que se trata de “criminalización de la protesta”.
