“Haremos los planteos legales que correspondan. El tema ya está en manos de nuestros abogados. Las presentaciones las haremos una vez que la ley (de tope salarial) sea promulgada”, confirmó la secretaria general de Ampros, Isabel del Pópolo. “Para nosotros la ley es inconstitucional. Puede haber una ley de sueldos para los funcionarios pero no para los trabajadores cuyos ingresos se deben definir en paritarias”, enfatizó.
“Acá se ha aprobado una ley para 106 profesionales médicos (con ingresos superiores a los 40 mil pesos por mes) que trabajan en especialidades críticas o en zonas desfavorables de la provincia. Se habla de 800 personas que cobran más que el Gobernador, pero la ley no toca a los jueces”, se quejó Del Pópolo. Los planteos de inconstitucionalidad se pueden presentar únicamente -y en forma directa- ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia.
La titular de Ampros consideró que la aplicación de la ley de techo salarial tendrá como consecuencia “el desaliento y el despoblamiento en unas cuantas especialidades”. Agregó: “Por un lado les ponen techo y por el otro están ofreciendo contratos y convenios adicionales. Esto va a terminar vaciando a la Salud pública”, enfatizó.
Por su parte, la secretaria general de ATE, Raquel Blas, consideró que “esto no es una ley de sueldos; es una ley de intangibilidad de los sueldos de los funcionarios y de los jueces porque no se va a tocar ningún sueldo de fiscales, intendentes o de ninguno de ellos concretamente. Lo que se hace con esto es poner un tope a los sueldos de los trabajadores”.
Agregó que “ésta es la ley de la impunidad de los cargos políticos. No hay ninguna ley de sueldos que ordene nada. Incluso en muchos casos se va a terminar favoreciendo el empleo en negro, porque cuando tengás a una persona con mucha antigüedad que tiene una función importante y no la puedan retirar, seguramente le van a pedir que cobre una parte en blanco y lo otro por caja en negro. Para ellos es un negocio redondo porque son muchos menos aportes a la seguridad social y, para el trabajador, es un perjuicio grande. A mí me preocupan todos los negociados que se puedan hacer por debajo. No hay ninguna ley que transparente el funcionamiento de los cargos políticos o que controle al Estado. Hay impunidad, nada más”.
Las relaciones entre el Gobierno provincial y los gremios estatales ATE y Ampros, pasan por una de las tantas situaciones de deterioro que se repiten año tras año, aunque en el caso de 2014 han sucedido dos veces en el mismo año. Es a raíz de la confirmación oficial de que no habrá un nuevo aumento salarial antes de 2015 y del desencuentro producido en las dos últimas reuniones en la Subsecretaría de Trabajo, en las que el Poder Ejecutivo informó su decisión a los paritarios de los gremios de la administración central y la salud, mediante una nota.
Los sindicatos reclamaron un emplazamiento al Gobierno para que se presente a negociar, aunque a la Casa de Gobierno no ha llegado ninguna notificación de la Subsecretaría de Trabajo. El conflicto que se reflotó entre el Gobierno provincial y los sindicatos de empleados públicos se manifestó ayer cuando delegados de ATE de Parques y Zoológico, cortaron el tránsito en los portones del parque General San Martín con un largo petitorio de reclamos a partir de la entrega de la ropa de trabajo. Tanto en ATE como en Ampros y Sitea, se viene preparando un plan de lucha unificado.
En tanto, esta media mañana los paritarios oficiales se reunirán con los del gremio de Judiciales para evaluar la marcha de la inflación durante este año y su incidencia en los salarios. Los negociadores del Estado llevarán los índices de IPCNU (índice de precios al consumidor en núcleos urbanos) que muestra un 13,5 por ciento de alza promedio de precios entre enero y agosto de este año. Ese indicador difiere con el que manejan los gremios estatales, que miden con otros datos que son bastante más altos.
